Calama decidirá tras la declaración de Zapatero si ingresa en prisión o le retira el pasaporte

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, decidirá tras tomar declaración como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero si adopta medidas cautelares contra él, entre ellas una eventual retirada de pasaporte, comparecencias periódicas en sede judicial o incluso su ingreso en prisión provisional, tal y como han solicitado algunas de las acusaciones personadas en la causa.

El exdirigente socialista se sentará ante el juez como investigado el próximo 2 de junio por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, después de que este martes se levantara el secreto de las actuaciones de la investigación judicial sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021. El magistrado considera a Zapatero el supuesto líder de una "estructura estable y jerarquizada" que habría operado para obtener beneficios económicos mediante gestiones ante organismos públicos en favor de terceros, principalmente de Plus Ultra.

En el auto por el que acuerda su imputación, al que ha tenido acceso El Independiente, el juez sostiene que este contacto de Plus Ultra con el entorno del expresidente "no fue casual", sino que se produjo en el marco de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias" que, según el instructor, ya operaba antes incluso del rescate de la compañía. "Selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura", describe el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, que asumió esta pieza desde el JCI número 2 después de que el magistrado Ismael Moreno rechazara hacerse cargo de las diligencias cuando llegaron a la Audiencia a principios de marzo.

La investigación ha llevado a realizar varios registros —este mismo martes los agentes de la UDEF entraron en la oficina de Zapatero en la calle Ferraz y en la empresa de sus hijas—, aunque se descartó la entrada en el domicilio particular del expresidente. El juez consideró que no existían indicios que pudieran sostener que en la vivienda se pudiera encontrar nada relevante, ya que la "amplia difusión mediática" del caso hace "razonablemente presumible" que cualquier tipo de prueba ya habría sido "retirada, destruida o trasladada".

La prisión provisional

A raíz del levantamiento del secreto, algunas de las acusaciones populares personadas en la causa han pedido formalmente al juez la imposición de medidas cautelares sobre el expresidente. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por El Independiente subrayan que cualquier decisión deberá adoptarse una vez practicada la declaración y analizadas las explicaciones que ofrezca el expresidente ante el instructor.

Por un lado, la asociación Iustitia Europa ha anunciado que pedirá tanto la retirada del pasaporte como el ingreso en prisión provisional de Zapatero, una medida que en España está regulada en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la práctica, los jueces solo pueden acordarla si ven indicios sólidos de delito y riesgo real de fuga, de destrucción de pruebas o de que el investigado pueda seguir cometiendo hechos delictivos.

Este tipo de medidas se aplican de forma excepcional en la jurisdicción penal. Uno de los últimos ejemplos se encuentra en el magistrado Leopoldo Puente, que decretó la prisión provisional del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García en noviembre de 2025 tras su declaración en el Tribunal Supremo al apreciar "alto" riesgo de fuga. Algo similar ocurrió en el caso de Santos Cerdán, que entró en prisión provisional el mismo día de su comparecencia como investigado —el 30 de junio de 2025— por riesgo de destrucción de pruebas.

Las peticiones de las acusaciones

Por su parte, Vox ha pedido formalmente al juez la retirada del pasaporte del expresidente, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado al considerar que existe riesgo tanto de fuga como de destrucción de pruebas. En un escrito remitido al instructor, la formación política sostiene que la investigación afecta a "una pluralidad de intervinientes con vínculos políticos y económicos de alto nivel". La formación argumenta además que el levantamiento del secreto hace necesario adoptar medidas para garantizar "la disponibilidad del investigado" y preservar las fuentes de prueba.

En términos similares se ha pronunciado la asociación Hazte Oír, que también reclama la retirada del pasaporte y la prohibición de Zapatero de abandonar España, aunque añade comparecencias quincenales en sede judicial, prohibición de comunicarse con otros investigados o testigos vinculados a Plus Ultra y empresas relacionadas, así como la imposición de una fianza y el embargo preventivo de bienes y cuentas.

La entidad ha solicitado además nuevas diligencias y la declaración como testigos de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; del gobernador del Banco de España y exministro José Luis Escrivá; y del expresidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura, al considerar que podrían aportar información relevante sobre las gestiones realizadas en torno al rescate de la aerolínea.