El juez Calama blinda el 'caso Plus Ultra' y opta por no acordar diligencias "prematuras"

Las decisiones de un juez suelen hablar tanto por lo que conceden como por lo que dejan en el aire. Y en el último auto del instructor del 'caso Plus Ultra' en la Audiencia Nacional, lo que predomina no es ni el sí ni el no, sino el "todavía no". El magistrado José Luis Calama ha optado por no aceptar, por el momento, buena parte de las diligencias pedidas tanto por la acusación popular como por la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Las considera "prematuras" ylas aparca hasta que avance la instrucción, en una fórmula que evita cerrar puertas de forma definitiva pero que, de facto, frena cualquier avance inmediato en esas líneas de investigación.

"Algunas de las diligencias propuestas se revelan prematuras: su eventual utilidad depende del resultado de otras ya acordadas y aún pendientes de cumplimentación", razona el instructor en un auto al que ha tenido acceso El Independiente, a la vez que advierte de que adelantarlas podría llevar a duplicidades o a la necesidad de repetirlas. Pero tampoco las descarta. "Su denegación definitiva también sería precipitada mientras no se disponga de la información que aportarán las diligencias en curso, cuyo contenido puede incidir en su pertinencia futura".

El efecto práctico es que ninguna de las dos partes logra, por ahora, mover ficha en la dirección que pedía. Ni la acusación popular consigue ampliar el abanico de imputaciones ni abrir nuevas líneas de prueba en bloque, ni la defensa de Zapatero obtiene el refuerzo de su estrategia para ampliar la cooperación internacional ya solicitada. Todo queda en pausa "en este estadio" de la investigación. "Sin perjuicio de que, una vez completadas las actuaciones pendientes y a la vista de su resultado, pueda efectuarse un pronunciamiento definitivo sobre su pertinencia, utilidad y necesidad", explica el juez Calama.

Petición para 14 nuevas imputaciones

El escrito que motiva buena parte del auto fue presentado el pasado 3 de junio por las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular (PP). En él, solicitaban al juez que añadiera a 14 nuevos investigados a la causa, que iban desde las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, así como el entonces directivo de la SEPI José Ángel Partearroyo o los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, los empresarios venezolanos a cargo de Inteligencia Prospectiva. Pedía además la declaración como testigo del exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura.

Las acusaciones también solicitaban al instructor que librase un oficio "urgente" a la Policía Nacional para que detallase todos los viajes internacionales realizados por Zapatero y sus hijas desde 2017 hasta la actualidad, "con especial desglose de los viajes a Venezuela", tal y como se recoge en el documento consultado por este periódico. En esta misma línea, pedían otro oficio a Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Transportes sobre los registros de visitas entre octubre de 2020 y abril de 2021, otro al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre informes de la embajada española en Caracas, y una comisión rogatoria a Venezuela sobre el origen del capital de la sociedad Snip Aviation.

El instructor no ha admitido ninguna de ellas por el momento, aunque sí acordó la imputación de las hijas de Zapatero y la secretaria de su despacho de Ferraz, Gertrudis Alcázar Jiménez, en línea con lo que había solicitado el Ministerio Fiscal el día anterior a la declaración del expresidente socialista el pasado miércoles.

Aparca también las peticiones de Zapatero

El auto resuelve en idénticos términos sobre la petición presentada el 10 de junio por la defensa de Zapatero, ejercida por el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena. En su escrito, solicitaba ampliar el objeto de la comisión rogatoria ya enviada a principios de mes a Estados Unidos en relación con el teléfono del empresario venezolano Rodolfo Reyes, accionista de facto de Plus Ultra según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Su móvil fue una de las piezas clave para la imputación de Zapatero, tal y como ya informó El Independiente.

La defensa del expresidente había solicitado que las autoridades norteamericanas informasen, entre otros extremos, de la autorización que amparó el clonado del teléfono de Reyes, así como el tipo de volcado realizado —"total, parcial, físico, lógico, remoto o selectivo"—, las actas de desprecinto y la cadena de custodia de la información hasta su entrega a las autoridades españolas. En la práctica, Moreno Catena buscaba aclarar el "cómo" y "bajo qué garantías" se obtuvo el material del móvil, un punto que en este tipo de causas puede ser determinante a la hora de valorar la validez de la prueba si la causa avanza.

Sin embargo, el juez Calama ha descartado por ahora ampliar esa comisión rogatoria en los términos planteados. "Mientras no se reciba la contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional ya acordado, no es posible efectuar una valoración fundada sobre la necesidad o procedencia de los extremos cuya ampliación se solicita, pues dicha apreciación depende directamente del contenido de la respuesta pendiente", recoge en su auto.