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El CGPJ llega dividido a la reunión que decidirá si abre expediente al juez Peinado

El Poder Judicial estudia si expedientar al magistrado por decir que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla en una fuga

La presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, en una imagen de archivo.
La presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, en una imagen de archivo. | EUROPA PRESS

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta a las 9.00 horas de este lunes la reunión en la que decidirá si abre o no un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces estudia la actuación del instructor del 'caso Begoña Gómez' en el auto por el que acordó retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno y llevar la causa a juicio con jurado popular. Concretamente, por afirmar que los agentes de la Policía que escoltan a Gómez podrían ayudarla a fugarse.

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La Comisión está integrada por ocho miembros con derecho a voto: siete vocales y la presidenta, Isabel Perelló, que cuenta con voto de calidad en caso de empate. Llegan a la reunión con posiciones divididas, según ha podido saber El Independiente. Cuatro vocales pertenecen al bloque conservador y tres al progresista y estos últimos tendrían previsto apoyar la apertura de un expediente disciplinario al considerar que las expresiones del magistrado podrían exceder el ámbito estrictamente jurisdiccional.

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En el bloque conservador, sin embargo, las posiciones no serían igual de homogéneas. Una parte de los vocales considera que bastaría con la apertura de diligencias informativas, al entender que debe aclararse el alcance de las afirmaciones del juez Peinado antes de adoptar cualquier medida sancionadora. Otros, en cambio, se inclinarían directamente por no abrir ningún tipo de actuación disciplinaria, al considerar que las decisiones del juez se encuadran dentro de su ámbito jurisdiccional y que forman parte de su facultad de valoración de los riesgos procesales a la hora de acordar medidas cautelares.

Además, según apuntan fuentes jurídicas a este periódico, estos últimos también fundamentarían su decisión en que la apertura de un expediente en este momento podría interferir indirectamente en la eventual revisión que realice la Audiencia Provincial de Madrid sobre las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez, que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.

Peinado "no duda" de que los escoltas facilitarían la fuga

La reunión se produce tras la polémica generada por el auto del juez Peinado, en el que acordó enviar a la esposa de Pedro Sánchez a juicio con jurado popular por cuatro delitos. El punto que ha provocado mayor controversia es la argumentación del magistrado sobre el riesgo de fuga, en la que llega a cuestionar el papel de los agentes encargados de su escolta.

En la resolución, Peinado sostiene que, atendiendo al abanico de penas que podrían imponerse —entre dos y 16 años de prisión—, no puede descartarse que se produzca "una eventual condena" que haga inviable la suspensión de la pena, lo que abriría la puerta al ingreso en prisión. A partir de ahí, justifica el riesgo de fuga y afirma que la condición de escoltada de la investigada no constituye una garantía absoluta, al señalar que los agentes de seguridad podrían, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", facilitar una eventual huida.

"Se alega, por el letrado de Begoña Gómez que, al ser esposa del actual presidente del Gobierno, ello implica que en todo momento se encuentre acompañada y custodiada por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero de lo que no cabe duda es que esos agentes (...) pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser quienes colaboren (...) para facilitar esa fuga, que haría imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", señala el juez Peinado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó el sábado una "enérgica queja" a la presidenta del CGPJ al considerar que estas afirmaciones suponen un "grave cuestionamiento de la profesionalidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Ministerio ha pedido al órgano de gobierno de los jueces que analice la situación y adopte las medidas que estime oportunas.

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