Las generales no están convocadas, ni siquiera tienen fecha orientativa, pero el Gobierno va lanzando señales de que está ya dirigiéndose hacia la campaña. Preparando el terreno. El miércoles pasado, Pedro Sánchez respondió al distanciamiento de sus socios por los casos de corrupción sacando el colmillo. El sábado, ante el comité federal, comenzó a esbozar algunos primeros trazos del programa electoral, con vistas a 2030, desde abolir la "infamia de la prostitución" hasta blindar constitucionalmente el matrimonio igualitario, el derecho al aborto y la sanidad pública. Y ayer lunes dio otro paso más hacia los Presupuestos —la próxima semana el Consejo de Ministros aprobará la senda de estabilidad y la mandará al Congreso— y anunció un próximo real decreto ley de vivienda, "ambicioso" y "completo", que reúna distintas medidas planteadas por los socios, con el objetivo de que ninguno de ellos pueda rechazar un texto que, de algún modo, es también suyo. El Ejecutivo sitúa en primera línea dos escaparates vistosos y que le permiten hablar directamente a sus votantes en dos cuestiones muy sensibles: las políticas sociales, de fortalecimiento del Estado del bienestar, y también la vivienda, un problema creciente, primera inquietud ciudadana y que apenas ha podido encontrar soluciones en una legislatura en la que trenzar consensos a izquierda y derecha parece un imposible.

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La de este lunes fue la primera rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que el Gobierno pudo tomar algo de oxígeno. Vender algo de iniciativa, de gestión, tras semanas con la nube de la corrupción descargando con fuerza sobre los socialistas (apenas unos minutos después del fin de la comparecencia, la cúpula de la SEPI acabó imputada por el juez Santiago Pedraz). El Ejecutivo actualizó el cuadro macroeconómico y elevó cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%, con una tasa de paro del 9,9%, y subió en una décima, hasta el 2,2%, la de 2027, ejercicio en el que prevé que el desempleo se sitúe en el 9,4%.

El Gobierno intenta vender gestión tras semanas con la nube de la corrupción encima. Actualiza el cuadro macro y aprueba el segundo paquete de ayudas por la guerra de Irán

Además, el Consejo de Ministros aprobó el segundo paquete de ayudas por la guerra de Irán. 1.825 millones de coste para este real decreto ley en el que desaparece la rebaja del IVA a los combustibles, pero mantiene una reducción del gravamen a los carburantes (15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 en septiembre). La norma, como explicaron este lunes los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Sara Aagesen, incluye la eliminación progresiva del impuesto de producción eléctrica —el 5% en 2026, el 3,5% en 2027 y la total desaparición en 2028—, con un coste para las arcas públicas de 2.700 millones.

Cuerpo también adelantó que la semana próxima el ministro de Hacienda, Arcadi España, reunirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para fijar los objetivos de déficit y deuda de todas las administraciones para el trienio 2027, 2028 y 2029. Después, el Consejo de Ministros avalará esa senda y la enviará al Congreso y al Senado (junto con el límite de gasto no financiero, el llamado techo de gasto) para su aprobación.

Si los objetivos de déficit y deuda son rechazados por el Congreso, como parece posible, serán remitidos una segunda vez a las Cámaras. Se espera que la doble votación sea en julio

Lo previsible, como ya ocurrió en 2024 y 2025, es que la Cámara baja, por PP, Junts y Vox, tumbe esas metas de déficit —del techo de gasto se informa, no se vota— y estas ni siquiera lleguen, por tanto, al Senado. Si eso ocurriera, el Gobierno tiene que aprobarlas una segunda vez para remitírselas a las dos Cámaras de nuevo. Y si se reproduce el rechazo, entonces el Ejecutivo tendría que elaborar sus Presupuestos con la senda de estabilidad anterior, menos favorable para las comunidades autónomas. Fuentes del área económica del Ejecutivo señalaban este lunes que intentarán que esa doble votación en el Congreso se ventile en los dos plenos previstos para este mes de julio, los días 14 y 23.

El vicepresidente primero reconoció que esta vez el Gobierno sí quiere cumplir con los plazos. El artículo 134.3 de la Constitución indica que el Ejecutivo ha de enviar su proyecto de ley de cuentas públicas "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Es decir, antes del 30 de septiembre. Cuerpo no fue tan preciso, pero sí dejó claro que ahora el Ejecutivo sí quiere acercarse a los tiempos ordinarios. "Vamos avanzando con los pasos necesarios. Efectivamente, dentro de un calendario regular, esa ese es el propósito", señaló.

Cuerpo promete que se vayan cumpliendo los plazos de los PGE de 2027. Es decir, que el proyecto de ley cuentas públicas, el primero de esta legislatura, llegaría al Congreso en otoño

De cumplir su palabra, serían los primeros Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno presentara en esta legislatura. Los que están en vigor son los de 2023, que se elaboraron en el pasado mandato, con un Consejo de Ministros distinto —el socio minoritario era Unidas Podemos, hoy es Sumar— y unas Cámaras muy distintas. Pero incluso en aquella legislatura Hacienda llevó el proyecto ya entrado octubre, aunque luego corría en la tramitación y conseguía que estuvieran en vigor el 1 de enero del año siguiente. "Vamos en plazo y yo espero que esos plazos se vayan cumpliendo, ese es el escenario que manejamos", insistió el vicepresidente.

Con fuerte impronta social

Lo que está claro, porque ya lo ha manifestado Sánchez, es que esos nuevos PGE tendrán un fuerte carácter social, con un fuerte gasto en vivienda, sin descuidar el rigor fiscal. Servirán como tarjeta de presentación de los socialistas de cara a las próximas generales. La razón es simple: lo previsible es que el proyecto naufrague, sobre todo por Junts, dado que antes de sentarse a negociar exige que se pague antes todo lo que no se ha abonado a Cataluña. El presidente abrió la puerta hace dos semanas a la posibilidad de que un no de las cuentas públicas desencadene un adelanto de los comicios. No tendría por qué ser automático, eso sí. De ahí que los socios, y también los cuadros del PSOE, hayan entendido que las legislativas podrían celebrarse en el primer trimeste de 2027, antes, por tanto, de las municipales y autonómicas de mayo.

La segunda carta que ayer destapó el Gobierno, y con la que no se contaba, es con un real decreto ley específico sobre vivienda, un caballo de batalla crucial para Sumar. Ya el primer plan de respuesta por la guerra de Irán supuso que, in extremis, se redactara un decreto ley aparte para procurar la prórroga de los alquileres, pero la medida decayó al cabo de un mes porque los posconvergentes se sumaron a PP y Vox en el no, mientras que el PNV se abstuvo. Este martes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, anunció el acuerdo entre los socios de coalición, PSOE y Sumar, para llevar al Consejo de Ministros durante el mes de julio un "importante" paquete de medidas sobre vivienda. Será un decreto ley, avanzó, "amplio y transversal", "ambicioso", que ataca el problema desde una perspectiva "integral" y que incluirá propuestas planteadas por los distintos grupos a lo largo de la legislatura, a fin de que todos ellos puedan sentirse representados en el texto. Así, el Ejecutivo se dispone a trabajar con los partidos para que la norma pueda llegar a ser convalidada.

Un primer grupo de medidas intentará "bajar el precio, dar estabilidad a los contratos (prórroga de alquileres) y combatir el fraude". El segundo núcleo incluye subir el IVA al 21% de los pisos turísticos

Las medidas del decreto ley, cuya elaboración pilotará el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, contendrá, por un lado, iniciativas para "bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler". Entre otros, se incorporan medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.

Un segundo núcleo de medidas busca movilizar vivienda asequible. Aquí se incluirá, entre otras decisiones, el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos y medidas de agilidad administrativa. Un problema como este, aducían en Vivienda, "solo se puede resolver desde el acuerdo y si hay un motivo hoy en día para acordar es, sin duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía". Una inquietud que, sobre todo, ahoga más a los electores progresistas.

Será una aproximación "profunda y completa" al problema de la vivienda, por lo que se tocarán varios palos: financiación, regulación y también imposición, esto para agradar a Junts

Será, aseguraban fuentes de Economía, una "aproximación profunda y completa" al problema de la vivienda que, por tanto, tocará varios palos: financiación, regulación y "también imposición". Este último es el señuelo que el Gobierno pretende agitar para seducir a Junts. Ayer, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se felicitaba de que el nuevo decreto incluya la prórroga de alquileres —algo fundamental para el socio minoritario de la coalición y que demuestran que no han "bajado los brazos" con esta medida—, y vio mimbres para el acuerdo.

El recordatorio de Bolaños

Urtasun recordaba que la formación de Carles Puigdemont había exigido medidas en materia fiscal. Una perspectiva que Sumar está dispuesto a estudiar, de ahí que el ministro apuntara que cabe el pacto. "Aquí nadie puede faltar, todo el mundo tiene que estar a la altura", animó este lunes, informa EFE. Junts también pidió entonces algún ajuste puntual sobre la prórroga de alquileres que en Sumar también se abren a explorar, pero el grueso de la medida será la que se llevó a votación en el Congreso y se perdió. El corazón de ese decreto ley decaído era la extensión por dos años de los contratos de arrendamiento.

Por el momento, el Ejecutivo mantiene su posición respecto al IVA franquiciado que le exigen los posconvengentes: no. Arguyen que la UE no exige esa liberación del IVA para pequeños autónomos

No obstante, los posconvergentes reclamaban, junto a esos ajustes en la prórroga de alquileres, que se aprobara el llamado IVA franquiciado. Es decir, que los autónomos que paguen menos de 85.000 euros al año se vean liberados de repercutir el impuesto. Una idea que Sumar no ve con malos ojos pero que la Moncloa sigue rechazando. "Nuestra posición es la misma que siempre hemos defendido", ratificaban ayer desde el área económica del Ejecutivo.

Los socialistas siempre se han negado a mezclar vivienda con esta medida tributaria. También porque entienden en la Moncloa y en Economía que la UE no impone, vía directiva, "ninguna obligación de acordar un determinado importe de facturación para evitar o eximir de tributación a los autónomos", tal y como subrayó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado 6 de mayo, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete de ese día.

Bruselas, por tanto, no obliga a los Estados a imponer un umbral inferior a los 85.000 euros por debajo del cual los trabajadores por cuenta propia quedan liberados de la obligación de cobrar o declarar el IVA (y de deducirse gastos también). Es algo que admitió la propia UE cuando el pasado marzo llevó a España a los tribunales por no haber adoptado el marco europeo: asumió, pues, que esa parte del texto era opcional para los Estados miembros. Es decir, que el IVA franquiciado seguirá sin estar operativo en España. Por mucho que proteste Junts. Al menos, es la tesis que ahora mantiene el Ejecutivo, que alega además que sería muy costosa esta medida para las arcas públicas. Los socialistas han venido argumentando que en España los autónomos se pueden acoger al régimen simplificado de IVA y de módulos.

En los últimos días, el Gobierno ha lanzado más señales: el fortalecimiento de las ayudas a la dependencia y el cierre del proceso de regularización de inmigrantes, que cree un éxito

El Gobierno pretende que los socios tengan muy difícil rechazar el decreto ley de vivienda. Pero si decae, nuevamente dispondrá de un argumento poderoso de cara a su electorado: el Ejecutivo hizo sus deberes, es el Parlamento el que lo frena, y deberán ser los grupos los que lo expliquen.

A estas dos medidas se suman otras dos de mucho relive. Por un lado, este martes se cierra el plazo para la regularización extraordinaria de inmigrantes y se prevé que el presidente facilite una primera cifra aproximada del volumen de solicitudes, que probablemente supere el millón, lo que haría de este proceso, que el Gobierno califica de éxito, el más numeroso de todos los habidos en democracia. Y por otro, ya el Consejo de Ministros aprobó hace justo una semana un aumento de la aportación a la dependencia en 2.218 millones de euros para 2026.

El Ejecutivo acelera hacia elecciones. Sean cuando sean. Y, al margen de la viabilidad parlamentaria de sus medidas, quiere lanzar gestos y señales nítidas a sus votantes.