Entrados ya en la recta final de la legislatura, consumidos tres años desde las últimas generales, Pedro Sánchez no se quiere cerrar ninguna puerta ni dar pistas sobre su estrategia. Cada paso ya empieza a contar y, sobre todo tras el parón vacacional que ahora comienza, cada decisión y cada palabra tendrá muy probablemente cierto aroma electoral. Más aún los Presupuestos Generales del Estado, esos que no han llegado en todo este mandato al Congreso —pese a las repetidas promesas de que sí se enviarían—, que funcionarán, probablemente, como herramienta de campaña para los socialistas y como señal de la cercanía de las urnas. El presidente es consciente del poder de esa llave, y piensa administrarla bien. Controlar los tiempos, uno de los intangibles que más pesan en política.
El jefe del Ejecutivo hacía balance este martes del curso tras la última reunión de su Consejo de Ministros antes de la pausa estival, y deliberadamente rehusó anticipar escenarios, pillarse los dedos. Encabezó su comparecencia con una larga exposición, de algo más de una hora, que sonó, más que a rendición de cuentas del último año, a un repaso ayuno de autocrítica —"triunfalista", según lo calificó el PP— de la gestión de su Gobierno desde su aterrizaje en la Moncloa, desde 2018. Una prolija intervención que prologó con la lógica referencia a la "grave situación" de los incendios todavía activos y la redoblada presión al PP para que firme con el Ejecutivo el pacto de Estado más "necesario", el de la lucha contra la emergencia climática, porque el negacionismo, la pendiente por la que se deslizan los gobiernos autonómicos de los populares con Vox, "es el peor de los combustibles". Pero no habrá llamada ni reunión con Alberto Núñez Feijóo precisamente porque no aprecia en el principal partido de la oposición una "voluntad firme" de remar todos juntos contra los efectos del cambio climático.
Sánchez preñó su discurso de cifras —ayudaban los buenos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), conocida apenas tres horas antes y que apuntaron a una tasa de paro del 9,87%, la más baja desde 2008 y por debajo del umbral psicológico del 10%—, de conquistas legislativas, de avances en varios ejes prioritarios para su Gobierno, desde el terreno económico hasta las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, el "fortalecimiento" del Estado del bienestar, la "defensa de la democracia" y la mayor cohesión territorial y la política internacional. No sacó él mismo las causas judiciales que manchan a su partido y a su entorno directo, sí tuvo que responder a ellas en las preguntas de los periodistas, aunque sí confirmó que el proyecto de ley orgánica de integridad pública, la norma capital anunciada hace un año como nueva arma frente a los casos de corrupción, ya había sido acordado por el Consejo de Ministros y enviado al Congreso para su tramitación.
Cuando los informadores le inquirieron por la fecha de presentación de los Presupuestos, si cumplirá esta vez el plazo que da el artículo 134.3 de la Constitución —antes del 30 de septiembre—, el presidente se escabulló. La "intención" del Gobierno es presentarlos "en 2026" y la "voluntad" es aprobarlos "en 2026". No cerró más fechas ni hizo más aproximaciones. ¿Y qué ocurrirá si, como parece más que probable, decaen, son tumbados? Las legislaturas, "también cuando gobierna la izquierda", respondió, "duran cuatro años". "No solamente cuando gobierna la derecha son cuatro años y cuando gobernamos el resto son [las elecciones] al día siguiente".
No era la primera vez que Sánchez daba ese argumento —sin ir más lejos, el año pasado, en la rueda de prensa de balance del curso, el mismo formato—, pero lo hiló con este otro: subrayó que queda "un año" de mandato. Por tanto, hasta julio de 2027. "Queda un año para culminar esta legislatura", aseveró con rotundidad. "Un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio que puede mostrarse con orgullo a otros muchos países que, por desgracia, están siguiendo una senda completamente contraria, y es la de que no se tiene por qué elegir entre crecer y proteger, entre modernizarse y mantener la cohesión, entre ser fuerte dentro y respetada fuera. Aún queda mucho trabajo por delante". Sánchez definió su Gabinete como "el Gobierno de la gente".
En definitiva, que no está todo hecho. Fuentes de la Moncloa precisaban posteriormente que no había mudanza en las palabras de Sánchez, pues "siempre" ha defendido que agotaría la legislatura, y eso es llegar "a 2027". "A partir de ahí, ¿se descarta hacer caso al PNV? No, descartar no lo descartamos", indicaban.
Y es que la portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Maribel Vaquero, había asegurado este mismo martes en Hoy por hoy, en la SER, de que sin nuevas cuentas públicas será "muy difícil" que la legislatura llegue a término. La formación jeltzale, socio preferente del Ejecutivo, es la que más ha venido insistiendo en que si no hay PGE, no hay combustible. Y el presidente, para responder a esa angustia del PNV y al desasosiego existente en el propio PSOE, abrió la puerta hace un mes, por primera vez, a un adelanto técnico de las generales, deslizó la idea de que podrían celebrarse en el primer trimestre de 2027 si las cuentas públicas naufragan, una composición de lugar que también ha interiorizado la dirigencia socialista. También garantizó Sánchez al partido de Aitor Esteban (y al interior del PSOE) que no habrá superdomingo. Es decir, que no se superpondrán autonómicas, municipales y generales.
"Ya se verá"
En la Moncloa añadían este martes que las fechas, y por tanto la estrategia, se verán más adelante. Es decir, no es el momento. El presidente, como ya hiciera en las vacaciones pasadas, dedicará sus días de retiro a reflexionar cómo seguir, rematar la legislatura e intentar dar la vuelta a unas encuestas muy adversas que pronostican una mayoría de PP y Vox, suma que también se vislumbraba en 2023 y no se cumplió, aunque ahora la situación política del Ejecutivo es sensiblemente peor por la cadena de causas judiciales. "Ahora, la prioridad es apagar los incendios activos, procurar que no haya más, vacaciones y luego ya se verá", resumían en el círculo de confianza del líder.
A la vuelta del verano, seguirá abierta la pregunta sobre la entrega de los PGE al Congreso. Pero hay otras materias que el Gobierno quiere abordar. Una de ellas, sin duda, es el real decreto ley de vivienda, que se había programado para el Consejo de Ministros de este 28 de julio y que finalmente se optó por aplazar a septiembre por falta de apoyos parlamentarios. Es uno de los grandes objetivos de legislatura de los dos socios de coalición (más aún de Sumar), pero no está claro que sea posible casar los deseos de Podemos y Junts.
La reforma del modelo de financiación autonómica es otra de las metas volantes de esta recta final de mandato. Para este miércoles estaba prevista la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a la que el ministro de Hacienda, Arcadi España, iba a llegar con un voto más, aparte del de Cataluña: Canarias. El Gobierno amarró el apoyo del Ejecutivo de las islas —del socio mayoritario, Coalición Canaria, no del PP— y de su presidente, Fernando Clavijo, tras el reconocimiento de las singularidades del archipiélago y 1.300 millones más al año para sus servicios esenciales.
Los consejeros del PP pidieron entonces un aplazamiento y el ministro España cedió, así que la cita se lleva al 4 de septiembre. La prueba del CPFF la tiene el Gobierno superada, ya que por sí mismo dispone del 50% de los votos, porcentaje al que se suman los apoyos de Cataluña y Canarias, pero el obstáculo sigue siendo el Congreso. Sánchez necesita el respaldo de Junts, y por ahora los de Carles Puigdemont no están dispuestos a darlo. La semana pasada, no obstante, los posconvergentes sí lanzaron una señal positiva para el Ejecutivo, al tumbar, con el resto de socios de investidura, las enmiendas de totalidad de PP y Vox al proyecto de ley de quita de la deuda autonómica.
Durante su exposición ante la prensa de este martes en el Salón Barceló de la Moncloa (y arropado por los tres vicepresidentes y los ministros Félix Bolaños y Elma Saiz), Sánchez glosó los logros de sus tres mandatos. La comparación no la trazó respecto a 2025, sino respecto a 2018. En varios puntos. El más obvio: España lleva siendo tres años la gran economía de Europa que más crece. Y más. Por ejemplo, la potencia instalada de renovables en 2018 era del 47% y su contribución al mix energético era del 47%. Hoy, la potencia instalada de energías verdes es del 72% y hasta un 60% de la electricidad procede de fuentes limpias. También en 2018 "acabaron" los recortes y el "dogma neoliberal": los despidos como vía para ajustar el mercado laboral, la práctica congelación de las pensiones. "Hoy hay un Gobierno que defiende los intereses de la gente de a pie. Somos el Gobierno de la gente, por la gente y para la gente", resumió, a modo de claim electoral.
Hasta las 74 iniciativas legislativas aprobadas en esta legislatura (26 con rango de ley en este periodo de sesiones) muestran, dijo, que este es "un Gobierno que funciona, que trabaja día sí y día también, que hace avanzar a nuestro país hasta situar a España, sin el más mínimo lugar a la duda, en un lugar mucho mejor, infinitamente mejor, del que nos encontramos en 2018 y también en 2023". Su empeño, pues, estaba en remarcar que el Ejecutivo, pese a las obvias "dificultades" parlamentarias, que reconoció, tiene recorrido y tarea por delante y no está paralizado. "Es que reivindicamos nuestro proyecto para el país y sobre todo por contraposición a lo que tenemos delante, PP y Vox", razonaban en la Moncloa.
La razón del TJUE
La mirada respecto a 2018 recorrió toda la comparecencia de Sánchez. De manera reiterada. En toda la revisión de datos económicos y sociales —el presidente quiere lucir músculo en su gestión económica— y también en una cuestión muy sensible, como el pase de página del procés. Si entonces el 40% de los catalanes identificaba como un problema la relación entre Cataluña y el resto de España, hoy ese porcentaje, señaló, es del 2%, y "no por casualidad".
Es fruto, indicó, del proceso de normalización desplegado por el Gobierno. El presidente recordó la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avaló la ley de amnistía y que confirma que el Ejecutivo actuó "conforme a derecho" para favorecer, como dicen los magistrados europeos, la "reconciliación". "Fue una decisión valiente, pero que ha sido una decisión necesaria que nos permite volver a mirar juntos al futuro". Incluso bromeó con que el sí a la amnistía permitirá que se vean Puigdemont y Feijóo. Fue su manera de escapar a la recurrente pregunta de si se entrevistará con el expresident y líder de Junts: "Hemos logrado, Félix, ministro —apuntó, dirigiéndose a Bolaños, muñidor de la norma—, un éxito de la ley de amnistía, que es que se vuelvan a reencontrar nada más y nada menos que el PP y Junts". Lo que no contó en la rueda de prensa es que el Consejo de Ministros concedió cinco indultos este martes, uno de ellos a la expresidenta del Parlament Laura Borràs, condenada por prevaricación y falsedad documental. Se le conmutó la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años, por lo que no tendrá que entrar en la cárcel, y el resto de la condena (multa e inhabilitación de cuatro años y un día) se mantiene. Es cierto que el Ejecutivo concede la gracia en los términos que planteó el tribunal sentenciador, el TSJ de Cataluña, y que este ya afirmó que la pena era "desproporcionada y excesiva". Pero el gesto es un claro gesto a Junts. Clarísimo.
En su primera intervención, Sánchez no hizo referencia alguna a las causas de corrupción que golpean al PSOE. Pero las preguntas de la prensa le forzaron a hablar de ellas. Tampoco se salió demasiado del carril. Volvió a defender a José Luis Rodríguez Zapatero: reiteró que su Gobierno y el partido mantienen su respaldo, pidió respetar su presunción de inocencia, subrayó la "legalidad absolutamente intachable" del rescate de Plus Ultra. Pero tampoco fue tan entusiasta con el exmandatario como en otras ocasiones. "Yo no soy el portavoz del presidente Zapatero, él las dará [las explicaciones] en sede judicial y ante los medios cuando considere", subrayó cuando se le inquirió por las joyas, de las cuales el exlíder socialista no ha desvelado aún su origen. Sí insistió en que la investigación aún está "en fases iniciales". "Ya veremos en qué deriva", aseguró, sin prejuzgar nada.
El jefe del Ejecutivo sí fue más enfático en la defensa de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez, por su "profesionalidad" e "integridad", más allá de su relación familiar con él. A su juicio, las acusaciones populares, en las que se integran y Vox, están impulsando una "causa política", y eso "no es una opinión, es un hecho". Hablaba de la causa contra su esposa, pero también podía aplicarse a la de su hermano, que ha acabado en condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación, aunque comparte que él recurra una sentencia que considera "injusta". Las "únicas propuestas" que hacen PP y Vox es "elevar penas de cárcel". "Ese es el tipo de oposición que tenemos. Yo, desde luego, no me sumo a ello", remató.
El presidente visita este miércoles el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid) para seguir de cerca la evolución de los focos aún activos en Madrid y Ávila, y por la tarde despachará, ya en Palma, en el palacio de Marivent, con el Rey, reunión tras la cual volverá a comparecer. Y entonces comenzará sus vacaciones, las últimas antes de las generales. Sean cuando sean. Lo que está claro es que quiere construir su relato apoyado en los datos económicos, en los avances sociales, en la transición ecológica, en la normalización de Cataluña, en el crecimiento del PIB y del empleo. En unos Presupuestos que serán la carta de presentación para esos futuros comicios. Aún sin fecha y que pueden llegar en el primer trimestre de 2027... o tal vez para el verano.
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