Claves de la reparación histórica de España hacia el Sáhara Occidental

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley para nacionalizar a los saharauis nacidos bajo la administración española. Una norma que pretende ser una reparación al abandono a la excolonia, que durante casi veinte años fue la provincia 53 de España. En medio de la fuerte tensión por la crisis de Ceuta y la implicación de Marruecos en la misma, la ley ha salido adelante con 168 votos a favor de los partidos que componen el Gobierno y sus socios parlamentarios, 145 abstenciones de PP y Junts, y 31votos en contra de Vox.

Según los cálculos de los promotores de la ley, unas 100.000 personas podrán beneficiarse de la medida. Repartidas entre el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, los campamentos de refugiados en Argelia y la diáspora, se abre ahora para ellas un periodo de búsqueda de los documentos que acrediten su condición de nacidos en el Sáhara Español.

La crisis en Ceuta

La ley no podía haber llegado en un momento menos oportuno para el Gobierno de Pedro Sánchez. Con las relaciones con Marruecos tensadas por la crisis en Ceuta, que algunos ministros marroquíes aprovecharon para reclamar la marroquinidad de los territorios españoles en el norte de África, cuesta creer que en Rabat se vaya a acoger con agrado la aprobación.

Marruecos ocupa ilegalmente el Sáhara Occidental desde que España abandonó el territorio en 1976, dejando inconcluso el proceso de descolonización. Desde entonces, las autoridades alauís han ejercido un dominio sobre el territorio contrario al derecho internacional y al mandato de la ONU. Y buena parte de la ocupación se basa en defender que los saharauis son en realidad marroquíes.

Cuando el pasado 30 de julio se produjo la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes a Ceuta, no fueron pocas las voces que señalaron que la ley de nacionalidad saharaui había quedado lista para votar en el Pleno a la vuelta de vacaciones tan solo una semana antes. Fuentes próximas a la norma admiten que las medidas que se toman a favor del Sáhara en nuestro país molestan mucho en Marruecos.

Rabat ya lo demostró en la crisis de 2021 en Ceuta, motivada por el ingreso del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño. Aquel bache diplomático se acabó saldando con el giro copernicano del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al conflicto en el Sáhara. De hecho, las fuentes consultadas ponen en duda que la ley hubiese salido adelante hoy si el dictamen no hubiese quedado listo para votar antes de verano.

El contenido de la ley

Desde la entrada en vigor de la ley -cuatro meses después de su publicación en el BOE- todos los saharauis nacidos bajo la administración española antes del 29 de septiembre de 1977 podrán solicitar la ciudadanía española. Esta fecha se corresponde con el fin del plazo que dieron las autoridades de nuestro país para pedir la nacionalidad cuando abandonaron el Sáhara Occidental.

Los documentos que se admitirán para acreditar la condición de saharaui nacido en estas circunstancias será el DNI español (aunque no se encuentre vigente), la inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara Occidental expedida por la ONU o cualquier otro documento administrativo en el que figure la excolonia española como su lugar de nacimiento.

Uno de los cambios introducidos cuando la Comisión de Justicia aprobó el dictamen de la ley a finales de julio fue una enmienda que distingue entre documentos de primer y segundo orden para demostrar el nacimiento en el Sáhara Español. Así, no tendrá el mismo peso un DNI que un permiso de conducir o una pensión de jubilación.

Cambios en el Código Civil y para los descendientes

Según lo aprobado este jueves por el Congreso, también los hijos de los saharauis que obtengan la nacionalidad español por carta de naturaleza -tal y como recoge la ley-, podrán adquirirla también. Los descendientes tendrán cinco años desde que sus padres queden inscritos en el Registro Civil como españoles para pedir la ciudadanía.

Asimismo, la ley también contempla una modificación en el Código Civil para la concesión de la nacionalidad por residencia a los saharauis. De este manera, el tiempo de espera se reducirá de diez a dos años, como sucede con las personas originarias de países iberoamericanos, Andorra, Filipina, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes.

Una medida que no convence a todos

Aunque la norma aprobada este jueves en el Congreso pretende ser una medida de reparación, algunos activistas saharauis no comparten el sentido de la ley. Voces críticas han señalado que el pueblo saharaui no ansía la nacionalidad española, sino el fin de la ocupación de su territorio.

Además, cuestionan los procedimientos de identificación que contempla la ley, que creen que pueden acarrear problemas a quienes ansíen tramitar la nacionalidad. Asimismo, ven problemática la delimitación temporal de la norma. Según el entendimiento de los que desconfían de la norma, aquellos que nacieron entre 1976 y 1977 (el año en que España abandonó el Sáhara y el fin del primer periodo para solicitar la ciudadanía) encontrarán muchas dificultades para demostrar que vivieron bajo la administración española, dado que ésta ya no estaba presente en el territorio.

Un recorrido largo y difícil

El grupo parlamentario Sumar presentó en marzo de 2024 la proposición de ley para otorgar la nacionalidad a los saharauis nacidos durante la época de la administración española. Pero la norma se tiró más de un año cogiendo polvo en un cajón, un bloqueo por responsabilidad del PSOE.

Sin embargo, la exclusión de los saharauis del proceso de regularización extraordinaria por su condición de apátridas resucitó la norma. Para acallar las críticas que generó la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, los socialistas convocaron una primera ponencia para comenzar la tramitación parlamentaria de la norma el 28 de abril.

Pese al primer avance, la ley parecía haber vuelto a quedar paralizada por el presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Joaquín Martínez Salmerón, que retrasaba la convocatoria de la segunda ponencia, necesaria para su aprobación. Sin embargo, en un movimiento sorpresa, José Manuel Albares desbloqueó de nuevo ley cuando aseguró en el Congreso: "Soy totalmente favorable a que se conceda la nacionalidad a los saharauis".

De esta manera, los mecanismos para dejar a punto la norma volvieron a ponerse en marcha. Aunque en un primer momento se barajaba la posibilidad de votarla en el Pleno antes del verano, la Comisión de Justicia terminó aprobando el dictamen de la norma el 23 de julio, cuando ya no había posibilidad de llevarla al hemiciclo hasta la vuelta de vacaciones.