La conmoción por el desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años y una discapacidad del 50% que este miércoles fue desalojada de la vivienda en Madrid en la que vivió durante 71 años por la victoria, al cuarto intento, de la inmobiliaria Urbagestión, marcaba toda la jornada, devolvía al primer plano la crisis de la vivienda y obligaba a todos los partidos a posicionarse. Un drama que cruzó el Atlántico y alcanzó Nueva York, donde el presidente del Gobierno compareció ante los medios antes de su intervención ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas. Para Pedro Sánchez, el lanzamiento de Maricarmen es una "tragedia social" de primer orden cuyos responsables son el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y que interpela a todos los grupos con representación en el Congreso. El Gobierno quiere aprobar un real decreto ley de vivienda transversal, "ambicioso", aunque no cuenta hoy por hoy con los apoyos necesarios para ser convalidado en la Cámara baja, de ahí que el jefe del Ejecutivo pidiera desde EEUU "altura de miras" y "responsabilidad". Porque es "imperioso" que el texto salga adelante.
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La rueda de prensa central de este viaje a Nueva York estuvo colonizada por el desahucio de Maricarmen. Aunque no solo respondió preguntas de los periodistas sobre este asunto, porque también el presidente reiteró su confianza en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, rehusó comentar nada más sobre el caso de su mujer, Begoña Gómez, a quien el juez Juan Carlos Peinado decretó el lunes apertura de juicio oral y repitió, como hiciera la víspera en una entrevista en CNN, que los mecanismos de control de frontera "no fueron suficientes" el 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva en Ceuta.

"El desahucio de Maricarmen es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país ni por supuesto tampoco desde el punto de vista a las instituciones públicas", reflexionó primero Sánchez, para pasar de corrido al señalamiento al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid —la vivienda en la que la anciana vivió 71 años de su vida se encontraba en la calle de Alcalde Sainz de Baranda de la capital, en el distrito de Retiro—, porque son las "administraciones competentes" en protección de las personas vulnerables en materia de vivienda. Y sin embargo ambas están "más preocupadas en comprar y vender con dinero público aticazos de doscientos metros con terraza". Lo decía, obviamente, por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Las dos instituciones, siguió, han hecho "caso omiso" a una "tragedia social" que debería haber sido "resuelta" por ambas, de modo que es "importante recordar de quién es la "responsabilidad principal". De Ayuso y del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, los dos claros referentes de su partido, el PP.

Pero el presidente señaló también a los grupos parlamentarios. Recordó que en abril el Congreso debatió la convalidación del decreto ley de prórroga de alquileres que su Consejo de Ministros había aprobado un mes antes, y lo tumbó por el voto de Junts, PP y Vox. Si el Parlamento, dijo, hubiera aprobado ese texto, no se habría llegado a la "situación" de desamparo que ha sufrido Maricarmen, que ha sido forzada a abandonar su vivienda en la que durante siete décadas pagó un alquiler de renta antigua.

El Gobierno va a hacer "todo lo que esté en su mano", dijo, "por supuesto que va a dar una respuesta a una tragedia social". La intención es llevar al Congreso un nuevo real decreto ley de vivienda "de manera urgente". Es el texto que el Ejecutivo quería haber aprobado en julio y que pospuso por falta de acuerdo con los grupos. Se planteó entonces lanzarlo a la vuelta de verano, pero persiste el desencuentro con Junts y Podemos, que mantienen tesis opuestas. Sánchez no dio detalles, ni avanzó fechas. Solo expresó su compromiso.

Insistió, eso sí, en que el Gobierno no puede sacar adelante el texto por sí mismo. Necesita la convalidación del Congreso. Por eso pidió "altura de miras y responsabilidad" a los grupos para sacar adelante un real decreto ley que es "necesario" para resolver una nueva "tragedia social" como la de Maricarmen, se produzca en Madrid o en otros puntos de España, y para contribuir a "resolver" el problema de la vivienda, la principal preocupación de los españoles desde hace meses, según el CIS. "Es imperioso sacarlo", apremió. Alegó que el Ejecutivo "ha dado una respuesta a cada problema social" y ahora necesita la "ayuda y responsabilidad del Parlamento" para este decreto ley. También recordó que ya el Gobierno llevó a primeros de año por dos veces la moratoria antidesahucios y por dos veces cayó, también por PP, Junts y Vox. El líder socialista, no obstante, evitó señalar a ningún grupo en particular en todo momento. No citó a los posconvergentes, que en materia de vivienda mantiene posiciones muy duras.

"Pero no nos olvidemos de quiénes son las responsabilidades", repitió. Porque en Madrid hay "alguien" —Ayuso" que "se vanagloria de que los fondos buitre puedan comprar viviendas" de protección oficial en la región, que rechaza "intervenir" el mercado de la vivienda y que se niega a aplicar la ley estatal de vivienda de 2023.

¿Se atreverá a llevar el decreto ley sin los apoyos necesarios, como le exige Sumar? "No descartamos ninguna opción, nuestra voluntad es clara", insistió, apelando de nuevo a la "responsabilidad" de los grupos, porque es una cuestión de "empatía, de compromiso con una sociedad que no puede soportar un desahucio de estas características". El presidente demandó a los partidos que se eleven, que sean conscientes de la situación, que tengan en cuenta que frente a la "insensibilidad o falta de compromiso" de algunas administraciones (las del PP), el Estado debe actuar.

Ante territorios que no están dispuestos a "ejercer sus competencias" y a "proteger a los más débiles" por razones "ideológicas, sectarias", el Gobierno por tanto actuará, aunque "desgraciadamente" necesita del concurso y del apoyo del Parlamento. "Es muy indignante ver a responsabilidades políticos que se compran áticos y no mueven un dedo por personas que necesitan ayuda de lo público". Pero, ¿cuáles son los planes del Gobierno? Actuar, sí, aunque no hay detalles. "No descartamos nada", se aferró. "Por supuesto que vamos a dar una respuesta. Lo que pido, antes de decirles una fecha, es sobre todo responsabilidad a los grupos. El Gobierno siempre va a estar ahí, como ha estado antes". Sánchez, por tanto, necesitaba decir que se moverá, consciente de que el problema de la vivienda es capital para su electorado, se afanó en lanzar un mensaje de protección y de empatía con Maricarmen, pero no quiso ir más allá. Ni, desde luego, llegar al punto que le pide Sumar, que le urge a aprobar el decreto ley el próximo martes en Consejo de Ministros.

(Noticia en ampliación)