Puede que el impacto político y social generado por el desahucio de Maricarmen Abascal mueva algo el tablero. Solo puede. El Ejecutivo lleva meses intentando atar con sus socios, de izquierda a derecha, un real decreto ley de vivienda, "ambicioso" y transversal, con medidas que recojan planteamientos de los grupos, y en las que puedan sentirse reconocidos. Hasta ahora, las conversaciones no daban frutos. Pero ahora podría abrirse una "ventana de oportunidad" que el Gobierno quiere aprovechar para apretar el acelerador y conseguir que el nuevo texto esté listo para el próximo martes, con los apoyos necesarios para su convalidación. Junts, hasta ahora el principal escollo, reconoce que hay diálogo con el Ministerio de Vivienda y este, a su vez, señala que está "analizando" las propuestas de los posconvergentes. La duda es si esos puntos que se amarren con los de Carles Puigdemont pueden convencer a la vez a Podemos, para quien esta materia es absolutamente central en su acción política.
Aún es imposible saber si la negociación prosperará. El Gobierno lleva meses intentando encajar posturas, por el momento sin éxito. En febrero, el Congreso, con el voto de Junts, PP y Vox, tumbó la moratoria antidesahucios por segunda vez consecutiva, y en abril rechazó el real decreto ley de prórroga de los alquileres que Sumar había exigido —plante mediante en el Consejo de Ministros— a los socialistas. La intención del Ministerio de Vivienda, pilotado por Isabel Rodríguez, era haber alumbrado un texto completo, con distintas medidas sobre vivienda, y no solo la protección antidesahucios, para el verano, pero los vetos cruzados hicieron descarrilar ese plan. Se aplazó a septiembre, pero las conversaciones no avanzaban.
Sumar exige ahora a sus socios mayoritarios de coalición que el decreto ley se apruebe el próximo martes, último de mes, "sí o sí". Sin más demoras. Lo pidieron de manera coordinada los ministros del espacio, empezando por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y siguiendo por el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el encargado del diálogo con los socialistas y el que lleva meses apretándoles para que se atrevan a lanzar la norma, aunque luego caiga en el Congreso, para que al menos sirva para retratar a todos los grupos.
Los ministros de Sumar piden ahora también que se incorpore la expropiación del piso en el que hasta ayer miércoles vivía Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años y un 50% de discapacidad que había pasado más de siete décadas en su casa de la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro. Un piso que fue comprado por un fondo especulador, Urbagestión, que se ha negado a todas las alternativas ofrecidas y que finalmente consiguió echarla del inmueble. "La expropiación de la vivienda de Maricarmen y el real decreto ley de vivienda. El martes en el Consejo de Ministros. Sí o sí", escribió Bustinduy en su cuenta de la red Bluesky.
Junts rompió toda negociación con el PSOE hace prácticamente un año. No obstante, aún seguían discurriendo, con muchas dificultades, las conversaciones parlamentarias, y de hecho Vivienda sí había estado en contacto en estos últimos meses con la portavoz del grupo, Míriam Nogueras, y con su equipo. Los posconvergentes no reconocían esas conversaciones. Hasta este mismo jueves, un gesto bien elocuente para los socialistas. "Nos consta que en estos momentos el PSOE está estudiando las propuestas de Junts para afrontar la crisis de la vivienda", advertían fuentes de la formación de Puigdemont.
Junts recalcó que hace "dos semanas" entregó en mano a Pedro Sánchez "un real decreto ley con medidas concretas" para afrontar el drama social de la vivienda. "Estas medidas ya las presentamos hace meses en el Congreso y podrían reunir el apoyo necesario para ser aprobadas. Después de meses de bloqueo por parte del Gobierno, el PSOE está estudiando ahora estas propuestas y esperamos una respuesta en las próximas horas", añadieron desde el grupo parlamentario. Los independentistas catalanes demandan bajadas de impuestos, desgravar parte de la cuota hipotecaria de los pequeños propietarios, "recuperar las cuentas vivienda, sobre todo para que los jóvenes puedan ahorrar de verdad para emanciparse", estimular la obra nueva y la rehabilitación y hacer crecer el parque de viviendas disponibles, movilizar suelo que "hoy está detenido" e invertir "de verdad" en vivienda pública
"Se están analizando las propuestas de Junts", admiten a su vez en Vivienda, donde a su vez remarcan que "se sigue hablando con los grupos" con el fin de ajustar la redacción de un decreto ley que el presidente, en rueda de prensa ayer desde Nueva York, se comprometió a llevar al Congreso "de manera urgente", aunque sin precisar fechas. Los socialistas se andan con pies de plomo y el objetivo es llegar, si es posible, al próximo martes. Pero nada es seguro. Sobre todo porque si no se cierra un acuerdo al final Sánchez deberá decidir si aprueba un texto que no cuente con los respaldos suficientes y que, por tanto, caiga en el Congreso, con la posibilidad de señalar a los grupos —y ya todo es precampaña electoral—, o bien opta por frenarlo para no volver a generar expectativas. Vivienda se inclinaba hasta ahora por esta última alternativa: sin apoyos, mejor no aprobar un decreto que luego sea tumbado al cabo de un mes para no crear "inseguridad jurídica". El presidente, ayer miércoles, decía expresamente que el Ejecutivo no descarta "nada".
El ministerio de Rodríguez cree que el desahucio de Maricarmen, convertido en un símbolo, en la encarnación de una "tragedia social" que ni España ni sus instituciones se pueden permitir, según afirmó ayer Sánchez, puede marcar un antes y un después. Un punto de no retorno. El aldabonazo necesario para que los grupos aparquen sus diferencias y remen a favor de un decreto ley "necesario" y que es "imperioso" sacar adelante.
"Lo que ha sucedido con Maricarmen es una infamia", insisten en Vivienda, "pero, si tiene que servir para algo, que sea para que de una vez saquemos adelante medidas que protejan a todas las maricármenes que vengan detrás". Es decir, que sirva para espolear conciencias y para que los grupos pongan de su parte. Lo dijo también Sánchez desde Nueva York: los partidos han de tener "altura de miras" y "responsabilidad".
Aun atrayendo a Junts, aún quedaría por convencer a Podemos, que rechazan que el decreto ley incluya una reforma de la ley del suelo que, a su juicio, favorece a los grandes especuladores. Para los morados, que consideran que el desahucio de Maricarmen es un "asesinato" y que culpan a PSOE y PP de "romper España" con una política de vivienda que está provocando "una brecha de desigualdad insoportable", hacen falta medidas valientes. Que se dé, aseguró en TVE la secretaria general de la formación, Ione Belarra, "un paso radical" en el tema de la vivienda y que se adopten "medidas estructurales" que cambien el sistema y no simples "medidas de maquillaje" como plantea el Gobierno, informa EFE. Podemos, recordó, ya planteó que se expropien las viviendas de los fondos buitre, unas 650.000, y que sean disponibles en el parque de alquiler social.
El papel de grupo conciliador se lo arrogó este jueves Bildu, cuyo portavoz adjunto en el Congreso, Oskar Matute, pidió a todos los grupos responsabilidad, altura de miras y voluntad de alcanzar acuerdos. "Tendremos que asumir ciertas cuestiones aunque no nos satisfagan del todo, pero lo mismo le pedimos al resto de actores políticos, que todos nos dejemos pelos en la gatera en pro de un objetivo común, que es frenar los desahucios y frenar la dramática realidad a la que se enfrentan cientos de miles de personas", afirmó, adelantando que su grupo respaldará cualquier iniciativa que sirva para garantizar que Maricarmen siga en su casa de toda la vida.
Mientras, Sumar y PSOE seguían sumergidos en una guerra pública por la vivienda. Por la parte socialista, le ponía voz el titular de Transportes, Óscar Puente: "A ver si toda esta movida sirve al menos para que los que resolverían el problema de la vivienda en un pis pas —lo decía por la izquierda del PSOE—, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo. Solo tienen que ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el Gobierno a la ultraderecha. Está chupado".
A "izquierdista", dijo Puente, no le gana "nadie", y eso supone no ponerse "jamás en la posición de hacer de tonto útil de la derecha". "Jamás. Por eso me odian más que a nadie. Yo jamás les seré útil. Ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica. Podré acertar más o menos. No soy perfecto. Pero útil a la derecha jamás. Ah, y las cosas se cambian sobre todo gobernando y casi nunca todo lo que uno querría. Pero esta reflexión es para adultos, no para niños". Y a los que piden que se aplique el 155 para comunidades como Madrid, que se niegan a desplegar la ley de vivienda, les recuerda que para activarlo haría falta la mayoría absoluta del Senado, en esta legislatura en manos del PP, aparte de que el Estado "no puede recuperar la competencia autonómica de vivienda como si nunca se hubiera transferido".
Te puede interesar