De Adamuz a Urda: la nueva Agencia nombrada por el Gobierno que investiga los accidentes ferroviarios

A punto de cumplir las nueve de la mañana de este miércoles, los servicios de emergencia se movilizaron tras confirmarse la colisión entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo cerca de la estación de Urda (Toledo). Bomberos, Guardia Civil, sanitarios y efectivos de la UME se encontraron con varios vagones descarrilados y caídos por un terraplén.

El balance oficial provisional asciende ya a 68 fallecidos —44 pasajeros de Iryo y 24 del AVE—, además de numerosos heridos trasladados a hospitales de la zona. Mientras continúan las labores de rescate, queda por esclarecer qué provocó una tragedia de esta magnitud y si su origen estuvo en un fallo humano, en deficiencias técnicas o en una combinación de factores.

El accidente de Urda se suma a una cadena reciente de siniestros en la red ferroviaria española que comenzó el pasado 18 de enero de 2026, cuando la alta velocidad sufrió un grave accidente en Adamuz (Córdoba), dentro de la línea Madrid-Andalucía. Aquella colisión provocó la muerte de 46 personas y dejó más de 160 heridos. Apenas dos días después, el 20 de enero, la borrasca Harry provocó el derrumbe de un muro sobre la vía en Gelida (Barcelona), en la línea R4 de Rodalies de Cataluña, causando la muerte de un maquinista en prácticas y heridas a más de 40 pasajeros.

Estos hechos desencadenaron un debate parlamentario que acabó en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados. La dirección de Renfe sostuvo que sus trenes y personal cumplían con todas las normas e inspecciones de seguridad, señalando a la empresa pública como una afectada más por los fallos de la infraestructura.

Por su parte, la creación de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz —el 25 de febrero de 2026— y la intervención de su presidente en la comisión de investigación del Senado pusieron voz al malestar de los afectados, que criticaron la falta de coordinación inicial en las llamadas al 112 y reclamaron una investigación que aclare lo ocurrido, determine responsabilidades y permita implantar sistemas capaces de detectar fallos en las vías en tiempo real.

La investigación técnica correspondía a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) regulada por un Real Decreto y cuyo trabajo consistía en analizar las posibles causas del accidente; desde el estado de las vías y los trenes hasta los sistemas de señalización, los procedimientos operativos y los factores humanos. Cuando detectaba deficiencias, formulaba recomendaciones de seguridad, pero no era la encargada de determinar responsabilidades.

Con todo esto, la CIAF recogía pruebas, encargaba el análisis técnico y elaboraba un informe final, que debía publicarse, por regla general, en un plazo de doce meses. Sin embargo, la Comisión tenía una limitación: identificar las causas y emitir recomendaciones no garantizaba que las medidas se aplicasen ni que los fallos se detectasen a tiempo.

Respecto a su composición y mecanismo de designación, los miembros del Pleno de la CIAF –un Presidente y los cinco vocales– no eran elegidos internamente por el propio organismo, sino nombrados por el Ministro Transportes, en su momento de Fomento, tras la comparecencia e informe de los candidatos ante la comisión competente del Congreso de los Diputados. Eran seleccionados entre profesionales de reconocido prestigio en el sector para un mandato fijo e inamovible de seis años no renovables.

Una sola autoridad para investigar trenes, barcos y aviones

Pero el Gobierno aprobó en 2024 las tres comisiones que antes investigaban por separado los siniestros de trenes (CIAF), aviación (CIAIAC) y barcos (CIAIM). La gran novedad de esta entidad radicaba en su teórica independencia del Gobierno: cuenta con presupuesto propio, un Consejo independiente para tomar decisiones y una unidad especializada exclusivamente en atender a las víctimas y a sus familias durante todo el proceso.

El objetivo central era claro: evitar que el Ministerio investigase sus propias infraestructuras. Sin embargo, el Consejo de Ministros aprobó en julio el nombramiento del presidente y de los consejeros de la nueva comisión que se ha hecho cargo de las investigaciones que ya se encontraban en curso como la de Adamuz.

El presidente del organismo es el capitán marítimo Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra, mientras que los consejeros son Jorge Navacerrada Álvarez y José Antonio Pañero Huerga como expertos ferroviarios; Verónica Elvira Olalla com experta en el ámbito aéreo; y Nuria Obiols Vives y Juan Andrés Pérez Pérez como expertos marítimos. María Teresa Lumbreras Encinas renunció a la semana siguiente de ser nombrada.

Con todo ello, la llegada de la AITAT no busca romper con el trabajo técnico que ya hacía la CIAF, sino trasladar sus investigaciones a un entorno de mayor independencia, permitiendo que los peritos continúen con sus análisis sin interrupciones. Sin embargo, ante siniestros de la magnitud de Urda o los antecedentes de Adamuz y Gelida, la respuesta pública no agota el mandato legal con la apertura de causas judiciales o la emisión de informes técnicos.

A diferencia de un sistema de cooptación interna, la AITAT no nombra a sus propios miembros; su Estatuto impone un trámite de consulta pública para recabar propuestas del sector, las candidaturas son seleccionadas por el Ministerio de Transportes, que según está regulado, deben comparecer obligatoriamente ante la comisión competente del Congreso de los Diputados para su examen e informe, y son finalmente nombradas por Real Decreto del Consejo de Ministros.

Con todo esto, la creación de la AITAT y las ayudas a las víctimas mediante el plan PAVAFF buscan mejorar la investigación y la atención a los afectados, pero la obligación de garantizar la seguridad ferroviaria, que está recogida en el artículo 64 de la Ley del Sector Ferroviario, atribuye responsabilidades tanto a los administradores de la infraestructura, como ADIF, como a las empresas ferroviarias.