El acuerdo alcanzado por PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez incluye en su frontispicio una ley de amnistía que dará amparo los procesados en las causas de los CDR y Tsunami Democràtic, según han asegurado los líderes de Esquerra, sin ser desmentidos por los socialistas. Dos causas en las que se investigan posibles delitos de terrorismo. Ha sido uno de los puntos críticos en la negociación con los republicanos, que no querían ver excluidas estas causas de la amnistía y que argumentan que las acusaciones por terrorismo son infundadas y solo buscan mantener las causas en la Audiencia Nacional.

En el caso de los CDR, la Audiencia Nacional confirmó el viernes que los 12 por esta causa deberán ir a juicio por delitos de terrorismo. La Sala de lo Penal rechaza archivar el caso y acordó la apertura de juicio oral por delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista. Se trata de los detenidos los detenidos por la 'Operación Judas' practicada en septiembre de 2019 contra un grupo de personas vinculadas al "Equipo de Respuesta Táctica" (ERT), una célula de los CDR que pretendían, a través de la violencia, lograr la independencia de Cataluña.

Respecto a Tsunami, los informes de la Guardia Civil sobre señalan que los actos cometidos podrían ser enjuiciados como terrorismo. La Fiscalía cuestiona esta calificación y apunta que tras la reforma del Código Penal la causa podría inscribirse en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Pero el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa, admitió a la asociación de víctimas de ETA Dignidad y Justicia y a Vox en la causa, lo que abre la puerta a mantener la causa en la Audiencia Nacional, con la imputación de terrorismo.

La presión de ERC

Esta causa es especialmente sensible para Esquerra, cuya secretaria general, Marta Rovira, es señalada como una de las figuras clave de la organización en el informe final de conclusiones de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional. Los propios portavoces de ERC exigieron en los días previos al acuerdo que la inclusión de estas causas bajo el paraguas de la amnistía. La última, Raquel Sans, al advertir que la amnistía debía ser  una "solución total del conflicto derivado del 1-O".

La clave para conseguirlo está en la inclusión de los delitos contra el orden público, epígrafe en el que se incluirían las causas citadas, que ERC asocia a actuaciones "en defensa de derechos y libertades". Y, sobre todo, en la negociación de la lista de delitos excluidos de la amnistía. Un epígrafe en el que no se incluye la tenencia de explosivos y se limita la exclusión a los delitos de terrorismo con resultados de muertes o heridos graves. Un grupo en el que en ningún caso cabe incluir las acciones de Tsunami y los CDR.

Se excluyen también los delitos de torturas y trato degradante, que según los independentistas podría afectar a alguna de las causas de los policías procesados por la actuación en el 1-O.

El tratamiento de los delitos de terrorismo fue el punto de más difícil encaje en el texto de la ley de amnistía pactado entre PSOE y ERC. Tampoco Sumar apoyaba de entrada esta petición, aunque los últimos avances de la Audiencia Nacional en las causas de Tsunami y CDR para mantener las acusaciones de terrorismo habrían dado alas a la reclamación de ERC.