"Lamentamos informarles que no disponemos de la llamada requerida", ha contestado la Generalitat a la petición del juez de la Audiencia Manuel García Castellón que quería saber si el hombre que murió el día que 'Tsunami Democrátic' bloqueó el aeropuerto de El Prat en Barcelona había llamado al 112 pidiendo ayuda. El titular del juzgado de instrucción número 6 del órgano está tratando de atar el delito de terrorismo en esa causa que mantiene como principal investigado al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, pero los continuos impedimentos para aclarar qué ocurrió con el francés que falleció de una dolencia cardiaca pueden desinflar este extremo.

El magistrado trataba de averiguar si Jean Claude Scherzinger o algún familiar de este había llamado requiriendo asistencia médica el pasado 14 de octubre de 2019 cuando cientos de personas se agolparon en la sede aérea y lograron la cancelación de numerosos vuelos por las protestas sobre el procés. Fuentes jurídicas señalan que es importante aclarar si 'Tsunami Democràtic' fue responsable de alguna forma de que el francés padeciera un achaque al corazón y en esa llamada el juez pretendía encontrar respuestas.

"Los datos contenidos en los ficheros deben ser cancelados cuando finalice el análisis de la actuación que se haya llevado a cabo", indica la respuesta que ha encabezado el subdirector general del centro de atención y gestión de las llamadas de urgencia 112 de Cataluña. Estos detalles, ha explicado en su respuesta a la que ha tenido acceso El Independiente, deben conservarse como mínimo el tiempo suficiente para gestionar y analizar el incidente y, como máximo durante un periodo de dos años.

Este plazo es extensivo si existe un proceso judicial, pero lo que ocurre es que la Audiencia Nacional no se había dirigido a la Generalitat con esta petición antes del pasado año y para entonces, la llamada ya había sido eliminada. La familia de Scherzinger tampoco quiso personarse en el asunto por lo que esta ramificación de la causa pierde fuelle.

La Abogacía se persona

Por otro lado, el Gobierno a través de la Abogacía del Estado ha decidido personarse en la investigación en representación de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y del Consorcio de Compensación de seguros por los gastos que se afrontaron ese día. Los destrozos que hizo 'Tsunami Democràtic' en el aeropuerto corrieron luego a cargo de la Administración.

La Abogacía, de hecho, ha adjuntado dos pagos ya realizados por el Consorcio a Aena en 2020 por valor total de 365.000 euros en concepto de 'Tumulto 14-10-19'. El Ejecutivo señala que a partir de ahora quiere formar parte del procedimiento y que se le notifiquen todos los escritos de la causa.

En este movimiento estratégico los servicios jurídicos del Gobierno logran ser parte activa de 'Tsunami Democràtic' en vísperas de la aprobación de la ley de la amnistía.