El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha requerido a Presidencia del Gobierno que aporte la relación de puestos de trabajo de los asesores de La Moncloa, en vísperas de la segunda declaración de Begoña Gómez que será el próximo 18 de diciembre, y de la que fuera su asesora Mª Cristina Álvarez el día 20. Además, sobre las declaraciones de miembros de la Universidad Complutense que había pedido la mujer del presidente del Gobierno, el magistrado le pide que espere a que se practiquen las testificales que están pendientes.

En un escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado acuerda "requerir a Presidencia del Gobierno" todos los datos de "los trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa". Lo hace ante las dudas de que una de las asesoras de la mujer del presidente del Gobierno estuviera trabajando de forma personal para ella cobrando un sueldo público. Álvarez aparece en algunos mails que fueron enviados de parte de Begoña Gómez para trabajar en la cátedra de Transformación Social y Competitiva que ella codirigía en la Universidad Complutense.

En este sentido, el magistrado también ha requerido al Vicerrectorado de investigación y doctorado (que se hacía cargo de la contratación de estas cátedras) que "remita copia testimoniada de los expedientes que hubiera podido tramitar para cualquier tipo de inscripción registral". Es decir, el magistrado necesita saber quién y cómo se registró el software porque se sospecha que ella lo registró por su cuenta. De hecho, este es el motivo por el que Peinado la ha citado a declarar nuevamente imputándole dos delitos nuevos. Si antes la investigaba por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, ahora ha añadido intrusismo profesional y apropiación indebida.

Asimismo, el togado ha solicitado al exvicerrector Juan Carlos Doadrio, que fue quien declaró que el rector le había impuesto crear una cátedra para la mujer del presidente del Gobierno, que "aporte la documentación relativa a la cátedra que se investiga, y que indicó en su declaración que conservaba".

Por otro lado, la defensa de Gómez había solicitado al juez que llamara a declarar a cuatro cargos de la Complutense --María José Sánchez Rosales y Carmen Mitxelena, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno; a María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la universidad; y a Zulma Escalante, coordinadora del Máster de Formación Permanente-- para explicar por qué ella no se apropió de ninguna plataforma de manera ilegal. El magistrado, sobre eso, dice que una vez declare Gómez y Álvarez ya decidirá si acuerda las testificales.