La jueza cita a 15 investigados por la adjudicación de viviendas protegidas en el residencial Les Naus

La jueza que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) ha dado un paso decisivo en el caso del residencial Les Naus, situado en la Playa de San Juan. La magistrada ha ordenado citar como investigados a 15 personas para los próximos meses de mayo y junio, marcando un avance significativo en la causa que indaga en presuntas irregularidades vinculadas a esta promoción inmobiliaria.

Entre los principales encausados en este procedimiento destacan altos cargos públicos y responsables técnicos. La lista incluye a la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, a la exdirectora general de Contratación, María Pérez-Hickman, así como a un arquitecto municipal y al administrador único de Fraorgi, gestora de la cooperativa. Junto a ellos, ha sido imputado el jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la Conselleria, un funcionario que ya fue suspendido de empleo y sueldo por la Generalitat a raíz de los visados concedidos a este complejo.

Más allá de los responsables políticos y técnicos, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado que también hay diez personas investigadas por ser beneficiarias de la adjudicación de nueve viviendas. De forma paralela a estas imputaciones, la jueza ha acordado citar a siete testigos clave pertenecientes tanto a la Conselleria de Vivienda como al Ayuntamiento de Alicante, entre los que figuran el director general de Planificación, responsables de Gestión Patrimonial y el arquitecto jefe de Control de Obras.

Todas estas diligencias judiciales se han llevado a cabo a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que mantiene un estrecho seguimiento de los hechos. En este sentido, la magistrada ha rechazado mediante una providencia la solicitud de la acusación popular —ejercida por Ciudadanos— de que el jefe de Sección de Vivienda declarara únicamente como testigo. La decisión se ampara en el criterio del Ministerio Público, el cual considera que este funcionario está presuntamente implicado de manera directa en los hechos bajo investigación.