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La reforma laboral vigente fue aprobada en 2012 por el Congreso de Ministros de España, en el contexto de crisis económica que se vivía. Actualmente, los sindicatos, la patronal y el Gobierno negocian en el marco del diálogo social la modificación de algunos aspectos de la reforma laboral. De hecho, derogar “los aspectos más lesivos” forma parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Entre ellos se encuentran la negociación colectiva, la subcontratación o el cambio de condiciones laborales de forma unilateral.
Por otra parte, la crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa otros temas vinculados al marco laboral como la temporalidad o el paro juvenil. El Ministerio de Trabajo se ha comprometido con Bruselas a trabajar en nuevas políticas activas de empleo para modernizar el tejido productivo español y garantizar los derechos laborales de los ciudadanos. Convertir los ERTE en un mecanismo estructural o penalizar los contratos de muy corta duración son algunas de las opciones que estudian los agentes sociales junto al Gobierno.
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