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La guerra sin límites de Lukashenko contra la sociedad civil de Bielorrusia

Un año después de su fraudulenta reelección, Lukashenko actúa contra cualquier disidencia y acusa de complot a EEUU

Bielorrusia, el año en que Lukashenko reprimió sin límites

Bielorrusos residentes en Ucrania se manifiestan contra Lukashenko un año después del fraude electoral. EFE

A Alexander Lukashenko no le para nada ni nadie. Al menos de momento. Cuando se cumple un año de las elecciones presidenciales en las que se autodeclaró ganador y con ello se desencadenó una oleada de protestas nunca vista en Bielorrusia, el todavía presidente niega que haya reprimido a la población civil. Vamos, niega que cada día amanece por el este y el sol se oculta por el oeste.

Para Lukashenko el arresto de unas 35.000 personas, los testimonios de torturas, las fugas de disidentes, y las tres muertes sospechosas de opositores son fruto de «un complot de la oposición y los servicios de inteligencia estadounidenses». Fin del caso.

El primer martes de agosto apareció ahorcado en un parque de Kiev, la capital de Ucrania donde se han refugiado muchos disidentes bielorrusos, el activista Vitali Shishov, de 26 años. Había desaparecido el día anterior.

La policía ucraniana investiga el caso y la familia y colegas del activista sospechan que es una simulación de suicidio. Shishov fundó la ONG Casa Bielorrusa en Ucrania para acoger y brindar ayuda a los refugiados políticos procedentes de su país. Shishov había comentado a sus allegados que había detectado que le seguían.

La novia de Shishov, Bazhena Zholudz, dijo que el activista no había expresado pensamientos suicidas en ninguna ocasión. «Habíamos estado enfermos una semana. La pasamos descansando, viendo películas. Estoy segura de que no se suicidó. No tenía razones para hacerlo. Y no podía hacerme eso a mí. Teníamos planes de futuro», dijo a RFE/RL en su servicio para Bielorrusia, según cita el digital meduza.

Justo el fin de semana anterior la atleta bielorrusa Krystina Tsimanouskaya había denunciado el intento de secuestro en Tokio, tras haber criticado a sus entrenadores en su Instagram. Ni siquiera hizo comentarios políticos y en una entrevista reciente en varios medios europeos se desmarca de cualquier vínculo político, pero temió por su vida y pidió refugio en la embajada polaca en la capital japonesa. Ya está en Varsovia.

Lukashenko ha negado cualquier relación con la muerte del activista. Y acusó a Polonia de manipular a la deportista bielorrusa, que se había quejado de que sus entrenadores pretendían que participara en una prueba para la que no se había preparado. Uno de los hijos de Lukashenko está el frente del comité olímpico de Bielorrusia.

Estados Unidos ha ampliado las sanciones contra Bielorrusia en una acción coordinada con Canadá y el Reino Unido. Depende de la ayuda de Moscú. El líder ruso, Vladimir Putin, sabe que el futuro del presidente bielorruso está en sus manos. Y eso juega a favor de su pretensión de dominar el futuro de Minsk.

Tremendo nivel de crueldad

En una entrevista con The Guardian, la opositora Svetlana Tikhanouskaya, quien habría ganado las elecciones de hace un año y se convirtió en la abanderada de las protestas que convocaron a decenas de miles de personas en varias ciudades bielorrusas durante semanas, asegura que los ciudadanos de su país «no estaban preparados para tal nivel de crueldad». Decenas de miles fueron detenidos, cientos torturados y miles, entre ellos Tikhanoskaya, han tenido que salir del país. Tikhanovskaya, quien apenas era conocida cuando se presentó a las presidenciales, vive ahora en Lituania. Dio el paso tras el arresto de su marido, el activista Serguei Tikhanovski.

Un año después de la mayor crisis de confianza jamás vivida por Lukashenko en sus 27 años en el poder, el gobierno mantiene bajo férreo control, en arrestos domiciliarios o en cárceles, a unos 600 disidentes. Fue digna de película la intervención de las autoridades bielorrusas que obligaron en mayo a desviarse a un avión de Ryanair con destino a Vilna, capital lituana, en el que viajaba un periodista que se había convertido en un personaje muy incómodo.

Roman Protasevich apareció pocos días después ante las cámaras con evidencias de haber sufrido maltrato. Más tarde confesó en público que había intentado derrocar a Lukashenko pero que se había arrepentido. Entre lágrimas se desdijo de toda su actividad disidente. Su familia aseguró que había actuado bajo coacción.

En su conversación con el diario británico, Tikhanovskaya, quien ha desplegado una intensa actividad diplomática con visitas a Washington y Londres, entre otras capitales, ha dicho que ahora el régimen pretende atemorizar a los disidentes que actúan fuera del país. En relación al suicidio simulado del activista en Kiev, dice: «Es un intento de sembrar el pánico. Quieren que esto tenga efecto en mucha gente. Pero los bielorrusos saben que no puedes atemorizar a todo el mundo para siempre».

A su vez, Lukashenko está presionando a los países que acogen a opositores como Lituania, Letonia y Polonia al intensificar la presión migratoria. El gobierno de Minsk está permitiendo el paso de inmigrantes, muchos procedentes de Irak y Afganistán, a estos países que están siendo lugar de acogida para los disidentes.

Persecución contra periodistas, abogados, activistas

Para Tanya Lokshina, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, lo que hemos visto este año ha sido el intento de Lukashenko de «desmantelar la sociedad civil en Bielorrusia».

En un artículo publicado por HRW, la investigadora señala que para acallar a quienes salieron a las calles hace un año el gobierno ha llevado a cabo «una guerra contra la sociedad civil». En total, 608 personas están encarceladas por promover los disturbios o acusaciones vinculadas a la financiación de actividades de disidentes. Muchos otros han pasado varios días en prisión donde han sufrido abusos y han sido amenazados por el mero hecho de cantar contra el régimen de Lukashenko o expresar su opinión discrepante en los medios de comunicación.

«Las autoridades han privado de libertad a 27 periodistas y han cambiado la legislación para hacer imposible la información sobre las protestas. Al menos 17 abogados han sufrido represalias por defender a clientes con motivaciones políticas. Al menos 53 organizaciones de defensa de derechos civiles han sido víctimas de una purga. Y numerosos activistas están a la espera de juicio», señala Lokshina.

Hay quienes intentan continuar su trabajo en el exterior, pero aún así no es fácil. La investigadora, portavoz de HRW sobre Bielorrusia, lanza un llamamiento para que la comunidad internacional se solidarice con los abogados, activistas, periodistas, y los que continúan realizando su trabajo para impedir que el régimen de Lukashenko dinamite por completo la sociedad civil.

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