Peter Magyar está dispuesto a desmontar el régimen de Orbán desde la cabeza a los pies. "Vamos a destituir a los títeres de Orbán, entre ellos el presidente, la presidenta del Tribunal Constitucional y el fiscal general. Todos ellos formaban parte del régimen. Y el pueblo húngaro no solo votó a favor de un cambio de Gobierno, sino más bien a favor de un cambio de régimen", dijo en mayo el primer ministro húngaro a Rzeczpospolita en Varsovia, su primer destino en el exterior una vez en el cargo. Dicho y hecho. Este lunes, el Parlamento de Hungría aprobó este lunes un paquete de reformas constitucionales. Entre otras medidas, prevé la destitución del presidente Tamás Sulyok. Como presidente y antes como juez del Constitucional participó activamente en la destrucción del Estado de Derecho en Hungría.

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Las enmiendas fueron aprobadas con 139 votos a favor y seis en contra, sin el respaldo del partido de Orbán, el Fidesz. Sus diputados han boicoteado la votación. Acusan al Gobierno de Magyar de tiranía.

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El presidente Sulyok, que había anunciado que no dimitiría, dispone de cinco días para firmar su destitución o remitir las enmiendas al Tribunal Constitucional. Esta corte, integrada por magistrados designados durante los gobiernos de Orbán (2010-2026), va a evaluar su posible inconstitucionalidad, según informa la agencia Efe.

Rodillo parlamentario

A finales de la semana pasada, a petición del presidente, llegó a Budapest una delegación de la Comisión de Venecia: un grupo de destacadas autoridades jurídicas encargadas de determinar la conformidad de dicha medida con las normas del Estado de Derecho. Amnistía Internacional también ha expresado sus dudas. En junio, Viktor Orbán organizó manifestaciones contra la iniciativa de Magyar, aunque el ex primer ministro húngaro no se unió a ellas.

Sin embargo, la aprobación de la enmienda constitucional estaba decidida de antemano, ya que Tisza, la formación liderada por Magyar, cuenta con una mayoría cualificada de 141 diputados en un parlamento de 199 escaños. El partido opositor Fidesz, de Orbán, solo cuenta con 58 diputados, mientras que el partido ultranacionalista MH obtuvo seis en las legislativas del pasado 12 de abril.

Tras la destitución de Sulyok, el Parlamento debe elegir a un nuevo presidente. El jefe de Estado tiene en Hungría competencias muy limitadas. No obstante, puede remitir proyectos de ley al Tribunal Constitucional. Magyar señala, no sin razón, que Tamás Sulyok no hizo absolutamente nada para salvar la democracia húngara.

A pesar de todo, la reducción de la duración del mandato presidencial no figuraba entre las condiciones que la Comisión Europea había impuesto para desbloquear más de 16.000 millones de euros de fondos para la recuperación tras la pandemia de la COVID-19. Bruselas ha hecho hincapié en el restablecimiento de la independencia del poder judicial y en la lucha contra la corrupción.

Limitación del mandato de los diputados

La enmienda constitucional prevista para el lunes también prevé reducir a tres mandatos, o 12 años, la duración máxima del mandato de los diputados en el Parlamento. Los dirigentes de Fidesz estiman que, por este motivo, aproximadamente la mitad de sus diputados no podrán presentarse a las elecciones parlamentarias de 2030. Por el momento, Tisza no tiene este problema, ya que casi todos sus diputados son novatos.

Hace ya unas semanas se aprobó una ley según la cual no se puede ocupar el cargo de jefe de Gobierno durante más de dos mandatos (ocho años). Orbán ocupó el cargo de forma ininterrumpida desde 2010 hasta 2026. Por lo tanto, en teoría, el propio Magyar seguirá siendo primer ministro, como máximo, hasta 2034. 

El líder de Tisza ha anunciado que en otoño se elaborará un proyecto de constitución completamente nueva. Se aprobaría mediante referéndum.

Magyar también suspendió las actividades de la televisión y la radio públicas, que se habían convertido en un altavoz propagandístico intrusivo del régimen anterior. De acuerdo con las expectativas de Bruselas, el equipo de Tisza también ha impulsado una ley que refuerza la independencia de la institución encargada de la lucha contra la corrupción.