Difícilmente nadie medianamente informado puede sorprenderse de los acontecimientos que estos días están ocurriendo en Cataluña. Hace ya más de siete años que el president Montilla advertía del riesgo de desafección de la sociedad catalana con la idea de España. Eran los años posteriores a la campaña del PP contra el Estatuto de Autonomía promovido por el president Maragall, acordado entre el Parlament y las Cortes, y refrendado por los catalanes. Eran las semanas previas a la sentencia del Tribunal Constitucional. La práctica totalidad de los periódicos de Cataluña publicaban un editorial con el titulo La dignidad de Catalunya, donde advertían seriamente de las graves consecuencias que podía tener una sentencia contra el Estatuto. Veníamos además de un enorme malestar acumulado en Cataluña derivado del mal funcionamiento de los servicios públicos del Estado, de la crónica infrafinanciación de la Generalitat y del agravio comparativo en cuestiones como la política de peajes.

La Cataluña autonómica hace más de una década que viene reclamando reconocimiento, respeto, dignidad y respuestas

La Cataluña autonómica hace más de una década que viene reclamando reconocimiento, respeto, dignidad y respuestas, y las instituciones del Estado han hecho oídos sordos a las voces de la sociedad catalana que concretaban este estado de ánimo. Pero no sólo ha habido silencio: con la llegada del PP al Gobierno se acentuó el proceso de recentralización, control financiero y el debilitamiento de un concepto fuerte y pleno de autogobierno como el que aspiraba la sociedad catalana.

A nadie puede extrañar pues que ese vacío de respuestas, esa inacción del Estado y ese tancredismo, hayan ido consolidando en amplios y plurales sectores de la sociedad catalana la idea que sólo la independencia podría garantizar la prosperidad y el progreso del país.

Hoy Cataluña mayoritariamente reclama resolver el pleito votando en un referéndum. Idealmente, y así se ha defendido desde hace cinco años, ese referéndum debía ser acordado entre las instituciones catalanas y las instituciones del Estado. En distintas ocasiones Cataluña ha hecho propuestas para hacer posible ese anhelo democrático, y de nuevo la respuesta ha sido la negación de la legitimad de la demanda, la represión judicial, el conflicto competencial y la guerra sucia.

A nadie le puede extrañar lo que vivimos estos días, y quienes hoy gobiernan en España son los principales responsables de la crisis más grave que vive el Estado español desde hace décadas.

Pero todos, más tarde o más temprano, no tendremos más remedio que sentarnos a dialogar y a negociar para dar una salida política a un conflicto cada día más enconado. No tenemos alternativa. Y cuanto más tarde, más difícil será encontrar la solución justa que merece  y exige la sociedad catalana.

Carles Campuzano es portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados.