La lección que sacó el Gobierno de Mariano Rajoy el 9 noviembre de 2014 en Cataluña fue que «esto no podía volver a pasar nunca». La comparecencia del entonces presidente de la Comunidad catalana, Artur Mas, sacando pecho por una jornada en la que, afirmó, habían votado dos millones y medio de catalanes, -sin censos ni recuento oficial en una consulta ilegal, no vinculante- , resultó un sapo difícil de tragar. No son pocos en el Gobierno y en el PP los que consideran que permitir las urnas del 9-N constituyó un error, incluso en el convencimiento, entonces, de que eso atemperaría la deriva independentista.

Algo más de tres años después el independentismo vuelve a convocar un referéndum ilegal que el Gobierno no piensa consentir, aunque da por hecho que el 1-O habrá urnas en los pueblos de la Cataluña profunda, precisamente la más nacionalista. Algunas se podrán retirar, en otros casos será imposible llegar a todas y cada una de las localidades formadas por un mapa municipal de 947 ayuntamientos que parte Cataluña en dos realidades contrapuestas, la urbana y la rural.

Es muy probable que pueda haber urnas en 200 o 300 ayuntamientos pequeños», admiten los populares

Por lo pronto, el recuento de ayuntamientos catalanes importantes dispuestos a ceder sus locales para la consulta se decanta del lado de la legalidad. La negativa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a dar cobertura al referéndum ha sido el último varapalo para el independentismo, aunque eso no impide a la Generalitat habilitar locales propios en la ciudad para intentar poner las urnas.

No ha sido el único de los grandes municipios en dar portazo a los independentistas. De las capitales de provincia, sólo Gerona facilitará la votación ilegal. Tarragona y Lérida, gobernadas por el PSC no lo harán, tampoco otras localidades populosas como Hospitalet, Tarrasa, Mataró o Santa Coloma. Los más de 640 ayuntamientos que han respondido afirmativamente al requerimiento de la Generalitat representan el 41% de la población, frente al 38,5 de las que han anunciado que no se saltarán la ley. Todavía queda por saber que hará el resto.

La prioridad es detectar dónde se almacenan esas 6.000 urnas que aseguran los secesionistas tener a buen recaudo

Un mapa territorial endiablado que dificulta la tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluía la policía autonómica, si reciben el encargo de retirar urnas en caso de que lleguen a ser instaladas. Porque, hoy por hoy, la prioridad es detectar dónde se almacenan esas 6.000 urnas que aseguran los secesionistas tener a buen recaudo, acaso en algún «consulado amigo», y que se buscan con denuedo.

En todo caso, sea por hacer de la necesidad virtud o porque realmente no le den la mayor importancia, desde el Gobierno y el PP admiten que «es muy probable que pueda haber urnas en 200 o 300 ayuntamientos pequeños» de la geografía catalana, pero que ello no debe ser considerado un fracaso en la política diseñada por Moncloa enterrada, ahora de manera formal, la llamada «operación diálogo».

Es más, interpretan que ese escenario llevaría al ridículo al independentismo, el mismo que ha avisado por activa y por pasiva que si hay un voto más a favor de la república catalana, iniciarán el proceso de desconexión, sin tener en cuenta ni el porcentaje de voto, ni las mesas, ni las garantías democráticas ni la ausencia de reconocimientos internacionales.

La estrategia que desarrollará el Gobierno a partir de este lunes tendrá que ver más con cuestiones logísticas que políticas

Ajenos a estas advertencias, la estrategia que desarrollará el Gobierno a partir de este lunes tras la celebración de la Diada tendrá que ver más con cuestiones logísticas que políticas. En este sentido, las instrucciones de la Fiscalía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluidos los Mossos, como policía judicial, es que impidan cualquier acto preparatorio de la consulta «de autoridades, funcionarios públicos o particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a la organización del referéndum», con una identificación de los autores para proceder a la denuncia de los mismos.

Urnas, censo, papeletas, sobres, publicidad institucional, programas informáticos… Ese será el objetivo fundamental a perseguir durante las tres semanas que mediarán entre el Día Nacional de Cataluña, en que arranca la campaña del referéndum, y el 1 de octubre, sin descartar entre medias que los secesionistas intenten calentar la calle.

Violencia callejera

El Gobierno no desea un escenario de movilización azuzado por la CUP ni que ello pueda devenir en violencia callejera, pero lo contempla. Interior se prepara para una andanada en la que espera contar con la colaboración sin fisuras de la policía autonómica. Es más, Policía y Guardia Civil están convencidos de que el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, no amparará la celebración de un referéndum ilegal, aunque ello no exime de que se estén reforzando las plantillas y anulando los permisos de los agentes policiales en estas semanas claves en las que el Gobierno se juega su credibilidad si no evita, esta vez sí, otro 9-N.