No es seguro, pero es una posibilidad ésta de que el Rey acabe dirigiéndose al país después de lo que pase este domingo en Cataluña. Pero que esa mera posibilidad esté siendo contemplada por el Gobierno nos da una idea de la inmensa gravedad de lo que está sucediendo ahora mismo en España. Si el Rey habla a la nación querrá decir que nuestro país se encuentra ya en estado absoluto de emergencia. Significará también que el Estado no habrá conseguido salir victorioso de este desafío enloquecido en el que nos han metido unos cuantos dirigentes políticos que pretenden culminar así el plan que puso en marcha secretamente desde los años 80 Jordi Pujol y su nacionalismo aparentemente moderado en las formas pero absolutamente feroz en el fondo de su propósito último, que es el que estamos padeciendo ahora. Que el Estado no haya conseguido salir victorioso no quiere decir que vaya a salir derrotado. Lo que significaría es que  los secesionistas, aunque vencidos, no habrían asumido plenamente su fracaso y estarían intentando imponer a toda costa su último reto: la proclamación de la independencia de Cataluña.

En esas condiciones, que son una mera hipótesis pero en modo alguno una hipótesis carente de base, sería del todo procedente una intervención del Rey, máximo representante del Estado español, clave de bóveda de nuestro sistema constitucional y encarnación de los valores en ella contenidos y de la unidad de España. Sólo una vez en nuestra historia democrática el Rey de España se dirigió a la ciudadanía fuera de las comparecencias estipuladas y previstas. Fue en la madrugada del 24 de febrero de 1981, cuando el Congreso de los Diputados, con todo el Gobierno dentro, fue tomado por las armas por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, al frente de 16 oficiales y casi 170 números del Cuerpo, mientras el capitán general de Valencia, teniente general Milans del Bosch,decretaba el estado de excepción en la región y sacaba los tanques a la calle.

La tensión en todo el país era formidable porque todos eran conscientes de que se estaban viviendo los momentos más críticos para la todavía joven democracia, para la libertad y para la convivencia entre los españoles. Pero al filo de la una de la madrugada el Rey Juan Carlos de Borbón comparecía ante el país vestido con el uniforme de capitán general para expresar su taxativo apoyo a la Constitución y su condena a los intentos golpistas que se estaban produciendo en ese momento. Y esa comparecencia del Rey fue decisiva para provocar el fracaso definitivo de la intentona golpista. Milans del Bosch retiró los tanques de las calles de Valencia y publicó un edicto en el que retiraba el estado de excepción y Antonio Tejero se rindió junto con los  suyos. Todos los golpistas fueron juzgados y condenados.

Lo que ocurre hoy en Cataluña es mucho más peligroso que el 23-F porque el golpe de Estado se está dando desde dentro de las instituciones del Estado

Sin embargo, y pese a que aquél constituyó el mayor ataque a la democracia española, que apenas tenía cuatro años de existencia, el país contaba con unos elementos de refuerzo de los que desgraciadamente carecemos hoy. En primer lugar, los golpistas estuvieron solos porque la inmensa mayoría de los capitanes generales no se sumaron al golpe por razones cuyo análisis no tiene cabida en esta pieza. En segundo lugar, el país entero, con escasísimas excepciones, estuvo en contra del golpe y a favor de nuestra naciente democracia. En tercer lugar, todos los partidos con representación parlamentaria estuvieron unidos sin una sola fisura contra el golpismo y en defensa de la Constitución. Y en cuarto lugar, el resumen de todo lo sucedido aquel día es que el intento de golpe no duró ni 24 horas y que el país entero se echó a la calle dos días después para dejar bien claro que estaba con las libertades recién adquiridas y con la Constitución que las garantizaba.

Eso no es lo que sucede hoy. Lo que hoy ocurre es mucho más grave porque es más peligroso, porque el golpe de Estado se está dando desde dentro de las propias instituciones del Estado y porque se da abiertamente contra el Estatuto catalán y contra la Constitución. Sucede además que una parte no mayoritaria pero sí considerable de la población de Cataluña respalda este intento de disolución constitucional y está de acuerdo con el incumplimiento de la ley que están perpetrando los dirigentes de la Generalitat y quiere conseguir por la vía que sea, aunque sea abiertamente contraria a la ley y al derecho internacional, una independencia cuyos catastróficos efectos para ellos deliberadamente ignoran. Y, por último, sucede que no todos los partidos con representación parlamentaria apoyan al Gobierno en su defensa a ultranza de la legalidad y, de hecho, los hay abiertamente a favor del independentismo y los hay contrarios a la independencia pero también a la posición  mantenida por el Gobierno. Es más, alguno de los que sí apoyan al Ejecutivo tiene sus reticencias sobre determinadas medidas que el Gobierno pudiera adoptar en caso de que la situación siga empeorando y el Gobierno catalán decida en un último acto de insensata osadía declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.

Esta situación llevaría al país a unos niveles críticos nunca conocidos hasta ahora. Sería el momento en que la intervención del Rey estaría más que aconsejada. Pero, a diferencia del 23 de febrero de 1981, no es probable que las palabras de Felipe VI  tuvieran el poder casi taumatúrgico que tuvieron entonces las de su padre. Lo cual no significa que no fueran necesarias, que lo serían, y mucho, porque indicarían a todos los españoles el camino a seguir de entonces en adelante, por difícil que resultara recorrer esa senda.

Esperemos que el Gobierno no se tenga que ver en la tesitura de recurrir al Rey como última ratio.