Quietos ahí. Las votaciones del 21 de diciembre en Cataluña son de una trascendencia incomparable, casi tanta  como la que tuvieron los referéndums, los dos también en el mes de diciembre, de la Ley para la Reforma Política que el Gobierno de Adolfo Suárez sometió a la aprobación de los españoles en 1976 y que abrió la puerta para que España iniciara el camino que habría de llevarla a una democracia plena, y el que en 1978 ratificó la primera Constitución de consenso de nuestra Historia y que ha proporcionado los mejores años de la vida de nuestro viejo país.  Y son tan trascendentes porque por primera vez en los últimos 40  años existe la posibilidad de que los partidos defensores de la democracia constitucional y de la unidad territorial de España eviten el predominio del independentismo en el futuro parlamento catalán e incluso impidan que se repita un gobierno independentista como el que ha padecido Cataluña los últimos dos años.

Y, en estas condiciones, es evidente que los partidos constitucionalistas tienen que enfrentarse ante los electores porque están obligados a disputarse entre sí el voto de los ciudadanos. Pero una cosa es ésa, que entra dentro de la lógica de todo proceso democrático que goce de una mínima salud, y otra muy distinta es que se lancen a degüello unos contra otros intentando descalificarse de raíz. Y eso justamente es lo que los líderes de Ciudadanos y del Partido Socialista han empezado a hacer. Albert Rivera ha anunciado ya como una certeza, ni siquiera como una duda o como un temor, que el PSC “volverá a traicionar” a sus electores y repetirá los pactos tripartitos de tan nefasta memoria que protagonizaron primero Pasqual Maragall y más tarde José Montilla cuando tuvieron ocasión de presidir la Generalitat apoyados en Esquerra Republicana y en la entonces llamada Iniciativa per Catalunya- Verds.

Ésa es una manera directa de alejar abruptamente al ciudadano de izquierdas moderado que no quiere de ninguna manera que Miquel Iceta le vuelva a entregar al poder a una  ERC -porque en este caso sería el partido ganador de estas elecciones- que ha apostado sin pestañear por violar todas las leyes que se le han cruzado a su paso; que ha propiciado desobediencias constantes al Tribunal Constitucional; que ha promovido dos ataques nucleares al Estatuto y a la Constitución con la aprobación de dos leyes manifiestamente ilegales como fueron la ley del referéndum y la llamada ley de transitoriedad; que negó reiteradamente sus derechos a los diputados de la oposición; que mantuvo cerrado el Parlament porque no le convenía celebrar debates; que convocó un vergonzoso referéndum sin la menor garantía; que validó los resultados por obra y gracia de su capricho sin tener ninguna validación por parte de ningún organismo independiente; que promovió y firmó la constitución de la república catalana independiente y que, finalmente, se ha descolgado con la confesión de que todo ha sido una falsedad porque “ no estábamos preparados para la independencia“.

Que  Albert Rivera tenga interés en acusar directamente al PSC de estar dispuesto a coaligarse con un partido que ha cometido tantas tropelías y que ha dañado tan profundamente a la sociedad catalana en todos los órdenes de su vida, es demasiado como estrategia electoral porque lo que busca el líder naranja es atraer a los votantes socialistas por el procedimiento de partirle literalmente las piernas a su adversario, de arrancarle de raíz sus apoyos naturales.  Y lo mismo se puede decir de lo afirmado por Pedro Sánchez, según el cual “Ciudadanos es el Vox de la política española, se ha situado a la derecha del PP”. Otra afirmación que no se sostiene y que tiene como objeto sacar al partido de Rivera del ámbito de la moderación en la consideración del electorado y así asustar a sus seguidores naturales y privarle de sus votos.

Es la misma estrategia y es una estrategia profundamente equivocada porque hay un error que los partidos constitucionalistas no pueden permitirse el lujo de cometer: el  error imperdonable de hacer que se vuelvan a sus casas, es decir, a la abstención, los cientos de miles de catalanes que defienden una Cataluña integrada en una España unida. Ese millón o esos cientos de miles que salieron a a calle, muchísimos de los cuales no han acudido jamás a votar en unas elecciones autonómicas, no merecen asistir a una pelea de gallos entre quienes deberían encarnar desde ahora mismo su esperanza en ver por fin en el gobierno a unas formaciones que no les excluyan y que no les desprecien por no ser “buenos catalanes”. Esos catalanes tienen derecho a asistir a un debate político que se desarrolle dentro de unos límites considerablemente más estrechos que los que operan en una elecciones normales.

Porque estas son unas elecciones extraordinarias y lo son, no solamente porque se ha producido un gravísimo asalto de una formidable intensidad al Estado de Derecho, a quien se ha pretendido ingenuamente doblegar. No sólo por eso, que ya sería más que bastante. También porque estamos en el momento en el que es el independentismo el que se está doblegando ante el Estado. Son los líderes independentistas los que están reconociendo un día sí y otro también que han fracasado, que habían prometido a los suyos una quimera y, lo más importante, que quienes les han apoyado y han creído su fábula no son suficientes en número para hacerla realidad. Incluso hay ya algunos que están reuniendo el valor necesario para reconocer a viva voz que tampoco nadie en el mundo hubiera reconocido esa fantasmal república de humo, aunque todavía falta que alguien se atreva a evaluar a cara descubierta la dimensión del daño inmenso que han perpetrado a su tierra.

Pero de lo que no cabe duda es de que, por mucho que intenten disimularlo y por mucho que algunos de ellos se empecinen, el proyecto independentista ha fracasado y ahora mismo está en horas bajas. Y más que lo va a estar en cuanto la parte del antiguo govern que está en la cárcel, con Oriol Junqueras a la cabeza, acuda al  Tribunal Supremo a cantar la misma palinodia que ya cantaron los miembros de la Mesa del Parlament, momento para el que ya están preparando el clima psicológico del mundo independentista personas tan influyentes como el señor Joan Tardá, cuyas declaraciones han escocido y mucho a la grey de la secesión, que no tiene más remedio que ir aceptando su realidad, aunque sea en dosis homeopáticas.

Por esas razones, este es un momento que Ciudadanos, PSC y PP no pueden permitirse de ninguna manera el lujo de desaprovechar a base de engancharse en una lucha de descalificaciones de fondo y por lo bajo. Estos partidos se deben a quienes se echaron a las calles de Barcelona los días 8 y 29 de octubre y son todos esos ciudadanos, que suman millones de catalanes, quienes tiene derecho a reclamarles una lucha electoral dentro de los límites de lo tolerable. No deben arrancarles la esperanza de que los partidos constitucionalistas sumarán de alguna manera sus fuerzas -no se les pide que monten un  frente común- que para sacar del poder al independentismo feroz y devolverles así la confianza en su país, España, y en su también país, Cataluña.

No pueden confundirse y saltar al ring como si sólo se tratara de disputarse los 500.000 votos que pueden dar a uno o a otro la victoria electoral. No están únicamente participando en unas elecciones autonómicas. Están contribuyendo a decidir el futuro de todos nosotros.