Por una parte, de naturaleza política, que enfrenta a una importante parte del pueblo de Cataluña, que pretende la independencia de España y contra otra, no precisamente menos importante, que no la desea. Mientras ese conflicto se ha mantenido dentro de los márgenes constitucionales, que son amplios, los jueces hemos conservado nuestra neutralidad. Sin embargo, ese conflicto político se ha convertido en otro judicial, porque los partidos independentistas han utilizado ilegítimamente el Govern de la Generalitat y el Parlament de Cataluña para enfrentarse a las demás instituciones del Estado.

Han renunciado de forma consciente a representar a la totalidad del pueblo de Cataluña, para reconocer únicamente la legitimidad de su opción política y, a pesar de las advertencias judiciales, convocar un referéndum ilegal, reivindicar sus ignotos resultados y declarar la independencia del resto de España, sobre unas Leyes que nuestro Tribunal Constitucional ha declarado ineficaces por vulnerar la Constitución.

Cesado el Govern, disuelto el Parlament y convocadas elecciones, se ha puesto fin a este conflicto institucional

Entonces los jueces solo podemos expresar nuestra toma de posición a favor de la legalidad constitucional, en la que confiamos como único instrumento de convivencia posible. Restaurado el orden constitucional y el autogobierno de Cataluña mediante la aplicación del art. 155 CE, cesado el Govern, disuelto el Parlament y convocadas elecciones, se ha puesto fin a este conflicto institucional, que ha sido el que ha provocado la intervención de los tribunales.

Ahora corresponde a los jueces la irrenunciable y necesaria tarea de examinar, con independencia y mediante procesos dotados de todas las garantías, la responsabilidad de los autores de esos sucesos tan graves. Ahora bien, es nuestro deber advertir que no nos corresponde a los jueces resolver los conflictos de naturaleza política. Nosotros estamos sometidos a las Leyes vigentes y debemos sancionar a los responsables de la comisión de delitos. Como ya hemos dicho, nosotros ni enjuiciamos ideas ni proyectos políticos, sino hechos que puedan constituir una infracción criminal.

A los políticos les corresponde la tarea de solventar el conflicto que subyace a esta crisis institucional y de convivencia. En cualquier caso, los responsables políticos, sean actores institucionales o asociativos, que provocaron ese choque institucional deberán asumir sus eventuales responsabilidades por los hechos delictivos que hayan podido cometer. Ese es un paso necesario, aun cuando sea insuficiente, hacia la imprescindible reconciliación de una sociedad que ha resultado gravemente fracturada, pero que necesita y quiere volver a ser el ejemplo de convivencia y libertado que ha sido hasta ahora.

Los procesos judiciales se han abierto por haber convocado y desarrollado un referéndum ilegal”

Los ciudadanos que han apoyado a esos responsables han de ser conscientes de que los jueces no perseguimos a sus líderes por “haber puesto las urnas para que votaran cumpliendo el mandato de la gente”. Los jueces también somos garantes de sus ideas, de su libertad de expresión y de su realización política dentro del marco constitucional. Los procesos judiciales se han abierto por haber convocado y desarrollado un referéndum ilegal, que vulnera las normas básicas que garantizan nuestros derechos, los de todos, no solo los suyos, y haberlo hecho contra las órdenes de los Tribunales.

Por el contrario, esas actuaciones se han incoado por haber impuesto de forma totalitaria los resultados de ese fraudulento referéndum, a pesar de que eran imposibles de comprobar, al resto de ciudadanos disidentes, cuyos derechos, que garantizaban la Constitución y el Estatut, fueron absolutamente arrollados. En definitiva, por haber tratado de subvertir el orden constitucional usurpando la legitimidad de las instituciones catalanas que habían ganado con una Leyes que después traicionaron.

Por último, hemos de denunciar el irresponsable comportamiento de los políticos que, por cálculo electoral, califican a los encausados en prisión provisional como presos políticos, a sabiendas de la falsedad que entraña esa afirmación y a despecho del daño que produce en el crédito público del Poder Judicial. Por el contrario, manifestamos nuestro reconocimiento y apoyo a los jueces y magistrados que con su desempeño y compromiso intervienen en estos días para la defensa y garantía de nuestro Estado de derecho.