El juez Pablo Llarena explica con total claridad en su auto las razones por las que cuatro de los dirigentes independentistas catalanes van a seguir en prisión y por qué los restantes se van a beneficiar de una interpretación benévola, en atención al respeto al derecho a la libertad, de las consecuencias inmediatas de los presuntos delitos cometidos por todos ellos. No ha tenido en cuenta el hecho de que dos de los investigados, Oriol Junqueras y Raül Romeva, hubieran solicitado declarar ante él y, llegado el momento, se limitaran a contestar a las preguntas de su abogado y se negaran a responder a los fiscales y a la acusación popular. Con esa actitud, y con los argumentos expuestos por su defensor, quedaba claro que el  riesgo de reiteración delictiva existía, y en grado sumo además. Es más, el juez dice que ese riesgo existía por parte de todos los investigados. Pero lo que al magistrado le ha importado por encima de todas las cosas es  impedir que volviera a producirse un ataque violento -porque aunque quieran disimularlo allí hubo un grado de violencia inadmisible y delictivo- como el que tuvo lugar delante de la Consejería de Economía de la que era entonces titular Oriol Junqueras y en el trascurso del cual no sólo se impidió durante horas a los guardias civiles que abandonaran el recinto llevando consigo una valiosa documentación sino que se asaltaron los coches de la Guardia Civil y se robó el armamento depositado en su interior. Aquella documentación requisada tenía gran valor aunque no fue tan valiosa como la que sacaron de la casa de Josep María Jové, el número dos de Junqueras, que es la que ha permitido al juez tener una idea cabal de la dimensión del proyecto de asalto al Estado de Derecho que estaba perfectamente planificado y del que formaba parte esencial la utilización de las masas para impedir que el Estado impusiera el orden constitucional. Ese documento ha resultado definitivo para conocer exactamente el calibre y la extensión del golpe preparado.

Aquel episodio del bloqueo de la Consejería de Economía, en opinión del juez fue un ensayo que se repitió en los enfrentamientos entre el  poble catalán y las fuerzas del orden el 1 de octubre delante de los colegios a los que habían llegado las urnas y que los jefes políticos de los Mossos no quisieron clausurar a tiempo para haber evitado así la acción que luego se vieron forzados a llevar a cabo de policías y guardias civiles, que era lo que los independentistas buscaban para exhibir las imágenes -muchas de ellas falsas- en el exterior y desacreditar así a España al tiempo que su causa -siempre de víctimas del Estado opresor- subía enteros ante la opinión pública mundial. La jugada al final les salió rana porque los periódicos de todo el mundo descubrieron sus muchas supercherías, pero  el choque entre la multitud y las fuerzas del orden quedó como prueba indeleble de lo que se disponían a provocar para hacer triunfar su plan se separación impuesta.

Esto es lo que ha condenado a Junqueras, a Joaquím Forn, el  jefe político de los Mossos y a Cuixart y a Sánchez, los directores de las organizaciones callejeras, a permanecer en prisión.  Porque considera, no solamente que ellos cuatro tuvieron una responsabilidad directa en lo sucedido aquél día, sino que son ellos, y no los demás, quienes podrían volver a repetir la delictiva jugada. Y es esa diferenciación entre unos y otros investigados, de los que el juez Llarena cree que en su mayoría van a mantener sus viejas posiciones aunque están advertidos de que si reinciden, él podrá modificar las medidas cautelares que les han sido impuestas, es esa diferenciación la que acredita una vez más la radical independencia de los jueces ante las necesidades políticas de unos y otros y lo poco que le afecta al magistrado los efectos que sus decisiones puedan tener en la vida política española. Porque, no nos engañemos: al independentismo le viene muy bien tener a mano una reivindicación tan falsa pero tan simple como  la de la puesta en libertad de los “presos políticos”. Si se hubiera aplicado ese criterio que esgrimen tan torticeramente los fanáticos de la secesión, ninguno de los todavía encarcelados ni tampoco los que ya están en libertad bajo fianza, habrían salido de prisión. Y, al contrario, aunque eso hubiera resultado más difícil de fundamentar, si el juez hubiera sido sensible a las necesidades políticas del Gobierno, a esas alturas estarían ya todos en la calle. Pero no, resulta que las instituciones funcionan en nuestro país y que los jueces hacen su trabajo ajenos a los efectos políticos o electorales de sus decisiones. Y hay que felicitarse por ello.

La campaña se va a complicar algo más a partir de hoy para los partidos constitucionalistas

La campaña se va a complicar algo más a partir de hoy para los partidos constitucionalistas porque la liberación de todos los investigados habría privado al independentismo de su argumento estrella, ése que les evita de momento explicar a sus votantes cómo piensan gobernar Cataluña durante los próximos cuatro años si es que alguno de ellos ocupa la presidencia de la Generalitat. Pero en ningún caso les iba a resultar  fácil porque sus adversarios secesionistas ya se han puesto la venda antes de la herida y ya están hablando de un posible pucherazo. Esa es una medida de precaución por si pierden las elecciones o, más bien, por si pierden la posibilidad de repetir la jugada de no contar con la mayoría de los votos pero sí con la mayoría de los escaños. Si ese resultado no se produce, es decir, si pueden conservar el poder,  la sombra del pucherazo se desvanecerá de su argumentario como por ensalmo. Pero no deberán engañarse, como tantas veces hacen, porque los tribunales seguirán ahí, investigando y en su momento juzgando y, si procede, condenando a quienes han cometido unos delitos gravísimos con la intención de derribar nuestro Estado democrático. Eso será así como que la noche sigue al día. Sólo hay que esperar.