El presidente del Parlamento catalán ha optado por ganar tiempo aplazando la convocatoria del pleno de investidura, lo que significa que no ha habido acuerdo entre JxC, ERC y la CUP para desobedecer al Constitucional y proponer a Carles Puigdemont.

La intervención de Roger Torrent, sorpresiva, como casi todo lo que ocurre en la política catalana, ha comenzado con un alegato contra el Tribunal Constitucional y su resolución del pasado sábado, en la que establece que no se puede investir a un presidente a distancia o por delegación. El republicano dijo que el TC, con su decisión, lo que ha hecho es salvar la cara a un gobierno que ha cometido una ilegalidad flagrante al recurrir la mera nominación de Puigdemont. «Ni Soraya, ni el Constitucional van a decidir quien debe ser el presidente de los catalanes», dijo en tono muy digno.

Insistió en mantener la candidatura de Puigdemont pero, en lugar de mantener el pleno convocado para las 15 horas, decidió suspenderlo hasta conocer un informe solicitado a los servicios jurídicos del Parlament y la decisión del TC sobre las alegaciones presentadas ayer por JxC y Puigdemont contra su resolución del sábado.

¿Hay algo más contradictorio? Al mismo tiempo que Torrent arremetía contra el Constitucional aplazaba la convocatoria del pleno para investir a Puigdemont hasta conocer ¡la decisión del alto tribunal al que él mismo ha deslegitimado!

Este requiebro de Torrent sólo se explica por la pugna interna que vive el independentismo. Mientras que JxC filtraba a primera hora de la mañana que había ya un pacto para que Puigdemont fuera investido con un discurso que pronunciaría en su nombre su mano derecha, Jordi Turull, ERC no era capaz de confirmarlo y la CUP sencillamente lo desmentía afirmando que todo seguía igual que ayer.

Al mismo tiempo que el presidente del Parlament arremetía contra el TC, hacía depender la convocatoria del pleno de una decisión que tiene que adoptar el propio TC

El presidente del Parlament, con su decisión de aplazar el pleno, lo que hace es ganar tiempo para que ese acuerdo se produzca, pero que para ERC sólo puede concretarse si el ex presidente de la Generalitat da un paso atrás y renuncia a su investidura. Sabe Torrent, como los diputados investigados en la causa por rebelión que instruye el Tribunal Supremo, que seguir adelante, desobedeciendo el criterio del Constitucional, supone incurrir en un delito de desobediencia, que a los ya investigados le costaría el inmediato ingreso en prisión.

Puigdemont, mientras tanto, presiona hasta el límite porque sabe que si no es investido su destino es quedarse a vivir en Bélgica durante los próximos años y su progresiva desaparición del panorama político. Torrent estaba obligado a proponer a Puigdemont, ya que este era el acuerdo que firmaron JxC y ERC en Bruselas. Pero las circunstancias han cambiado.

Insistir en el reto al Estado sólo puede ahondar en el aislamiento del independentismo y da al gobierno de Rajoy la posibilidad de ampliar la aplicación del artículo 155 hasta que se recobre la normalidad institucional.

Seguir adelante supone incurrir en un delito de desobediencia, que a los ya investigados le costaría el inmediato ingreso en prisión

La política catalana vive pendiente de un prófugo que ha demostrado muy poca solidaridad con sus compañeros de aventura. Mientras él sigue libre y dedica su tiempo a gastar bromas en las redes sociales, otros, como Oriol Junqueras, están en prisión. Mientras que él reclama su derecho a ser elegido presidente de la Generalitat, no sólo contra el criterio del Constitucional, sino contra la opinión de los servicios jurídicos del Parlament, Cataluña vive sin gobierno y con el riesgo de tener que repetir las elecciones.

Bajo el alegato de Torrent en favor de Puigdemont, se esconde una realidad: ERC no ha querido apoyar la convocatoria de un pleno suicida. Los ciudadanos de Cataluña empiezan a estar hartos del doble lenguaje, del cinismo y la irresponsabilidad de unos políticos que ya han provocado un daño difícil de reparar.