Pedro Sánchez, apoyado por los suyos -que son todos porque ya se ha encargado él de rodearse exclusivamente de sus fieles- tanto en la Comisión Ejecutiva, como en el Comité Federal, se acaba de confeccionar unos Estatutos a su exclusiva medida, pensados para él y teniendo en cuenta su experiencia y sus propósitos personales. Pero eso incluye una visión de lo que es una organización política a la que se deben hacer serias objeciones.

De entrada, y tal y como a él le conviene, nunca más un secretario general se verá obligado por los miembros de su Ejecutiva o por los barones del partido a renunciar a su cargo. Sólo los militantes tendrán esa potestad lo que, en su caso, le garantiza de aquí a la eternidad la seguridad de permanecer en su puesto si así lo desea. Y vaya si lo desea.

Esa es la fórmula que, oportunamente aplicada en mayo de 2017, le permitió ganar la secretaría general a Patxi López y a Susana Díaz, que habían competido con él tras su dramática renuncia el 2 de octubre anterior cuando los miembros del Comité Federal votaran a mano alzada su propuesta de celebrar unas primarias para elegir al secretario general. Fue derrotado por 132 votos en contra y 107 a favor. Acto seguido, Pedro Sánchez anunció su dimisión.

Ya se han encargado los centuriones de Sánchez de modificar los Estatutos para que sólo las bases tengan la potestad última

Bien, eso no volverá a pasar porque ya se han encargado sus centuriones de modificar los Estatutos para que sólo las bases tengan la potestad última: la de poner o quitar al líder máximo. Y Pedro Sánchez sabe que las bases están con él de momento. Y sabe también que a las bases se las puede dirigir con mucha mayor facilidad de lo que él puede hacer con sus barones. Solución: ni los barones ni la Ejecutiva ni el Comité Federal volverán a tener la potestad de sacarlo de la secretaría general del PSOE.

Un cargo en el que piensa además eternizarse porque la Ejecutiva ha decidido – en esto están puestos en razón- no contar los años de su actual mandato y, dado que se establece una limitación de tres mandatos de cuatro años cada uno a contar desde mayo de 2021, que es cuando terminará su particular legislatura actual, la cuenta que sale está muy clara: hasta 2033 puede permanecer en el cargo y sólo podrá ser removido por los militantes. Si esto no es un traje a la medida, que venga Dios y lo vea.

Hay además otra reforma que deja definitivamente fuera del poder de decisión interno a los barones y a los cuadros intermedios del partido: será la militancia la que permita o prohíba un acuerdo de gobierno así como favorecer la investidura de un candidato de otro partido.

No explican los estatutos reformados si esa consulta a las bases se va a hacer antes o después de haber iniciado las negociaciones para formar gobierno o para investir a un candidato que no sea del PSOE. Y esa precisión es importante porque altera profundamente el reparto de responsabilidades. No es lo mismo asumir el liderazgo, tomar las decisiones que se consideren mejores para el país en primer lugar y para el partido en segundo término y luego pedir el refrendo de las bases, que solicitar a esas bases que marquen de principio a los dirigentes el camino a seguir.

Esa segunda posibilidad significaría que se cede la responsabilidad de las decisiones más graves y más trascendentales a la militancia, de modo que los dirigentes siempre podrán escudarse en las masas y sacudirse su propia responsabilidad. Y eso, aunque parezca lo contrario, no es nada democrático. Esto es exactamente cargarse la democracia representativa porque lo que se establece es una relación directa entre el pueblo y el líder. Y en el medio, nadie. Nadie con poder suficiente, con suficiente representatividad.

De ahí a aficionarse a la convocatoria de referéndums como fórmula de gobierno hay muy poco trecho. Y viene a cuento recordar que la tentación refrendataria les resulta muy querida a todos los autócratas que en el mundo han sido y siguen siendo.

Las consultas masivas no han sido nunca garantía de democracia. Sí lo es la existencia de instancias intermedias de poder y de responsabilidad

El referéndum, la apelación a las bases, es decir, al pueblo, les proporciona  una apariencia democrática evidente pero no es ningún secreto que la manipulación de la opinión pública ha sido siempre el recurso preferido de estos gobernantes situados en las antípodas de cualquier sistema democrático.

Por eso las consultas masivas no han sido nunca garantía de democracia. Sí lo es en cambio la existencia de instancias intermedias de poder y de responsabilidad que estén en condiciones de controlar al líder y de apearlo de su puesto si lo consideran necesario. Esa estructura, la de la democracia representativa, es la única que garantiza de verdad la existencia de un sistema saludable de libertades, dación de cuentas y responsabilidades compartidas.

Las democracias sobreviven mejor así porque las consultas refrendatarias son armas de manipulación contrastada. Véase si no lo que pasó en el Reino Unido en junio de 2016: el pueblo votó y dijo No, pero muchos de aquellos ciudadanos habían sido previamente engañados y conducidos por unos líderes mentirosos a inclinarse por una opción sobre cuyas consecuencias no tenían, ni tenían por qué tenerlos, conocimientos suficientes.

No conviene dejarse despistar: lo más deseable es que los dirigente asuman las responsabilidades que les son propias y, apoyados por las estructuras intermedias de poder, tomen las decisiones que crean convenientes o posibles y luego den cuenta al pueblo de los resultados obtenidos tras esa decisión. El pueblo decidirá entonces si los mantienen en el poder o los cambian por otros. Así  es como deben funcionar las cosas en una democracia ventilada y saludable.