Las hostilidades entre el PP y Ciudadanos han ido creciendo desde que Inés Arrimadas ganó las elecciones en Cataluña. A ese triunfo indiscutible, que se cimentó sobre las cenizas de los populares, se sumaron las encuestas (incluida la del CIS) que durante el último mes y medio han registrado una subida imparable del partido de Albert Rivera, hasta colocarlo, incluso, por encima del partido del gobierno.

El poderoso aparato con sede en Génova es consciente de que el futuro se juega en los próximos 15 meses: lo que queda de aquí a las elecciones municipales y autonómicas de 2019. Un mal resultado en esos comicios complicaría enormemente la posibilidad de volver a ganar unas elecciones generales en las que el cabeza de cartel volverá a ser Mariano Rajoy.

Como no existe transferencia de voto entre los bloques de izquierda y centro derecha (como ponen de manifiesto los sondeos del CIS), la única forma de recuperar oxígeno en el PP es a costa de Ciudadanos, y viceversa.  Esa es la razón que explica el cruce de reproches que estamos viviendo para sorpresa de muchos votantes que fluctúan entre ambos partidos.

Desde que Ciudadanos abandonó las veleidades socialdemócratas y se definió claramente como un partido de corte "liberal progresista", la frontera ideológica con el PP se difuminó hasta límites imperceptibles. Por tanto, la distinción entre los dos queda circunscrita a la coherencia con la que defienden sus principios. El resultado de la batalla electoral en Cataluña ha permitido a Rivera presumir de que su partido garantiza mejor la unidad de España que el PP. Y esa era una bandera que, hasta ahora, monopolizaban los populares sin discusión.

Las instrucciones que ha dado a sus ministros y ha trasladado al Grupo Parlamentario es que la prioridad ahora es sacar adelante los Presupuestos Generales de 2018

El PP tiene por delante una tarea difícil. Ha detectado que entre su numerosa militancia comienzan a aparecer síntomas de agotamiento. Algunos de sus líderes locales miran ya a Ciudadanos como una opción segura, la que ofrece mejores expectativas. Al mismo tiempo, para recuperar el pulso perdido la estrategia de Génova pasa por marcar diferencias con su competidor, al que tilda de "oportunista" e "inexperto".

Las trincheras tienen ya perfiles muy definidos. El PP reclama a Arrimadas que dé el paso a presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat para poner en marcha el reloj político en Cataluña, ahora paralizado tras la suspensión del pleno en el que teóricamente el presidente del Parlament iba a proponer la candidatura de Carles Puigdemont. Ciudadanos rechaza la idea porque no tiene ninguna opción de que la investidura pueda salir adelante y porque, además, esgrimen, dar ese paso cohesionaría a un frente cada vez más dividido por sus luchas intestinas.

El impasse catalán supone un quebradero de cabeza para el gobierno porque, mientras no haya gobierno legalmente constituido, no puede levantar el artículo 155, condición sine qua non que ha puesto el PNV para avalar los presupuestos.

El presidente persigue un escenario de estabilidad porque piensa que es su mejor baza para volver a ganar unas elecciones en las que él volverá a ser cabeza de cartel

Sin duda, la cuestión más importante es precisamente la negociación del presupuesto de 2018. Ciudadanos, a su vez, condiciona su aprobación a que el PP fuerce la dimisión de la senadora Pilar Barreiro, investigada en el sumario de Púnica. Rivera sostiene que esa decisión forma parte del pacto que llevó a su partido a apoyar la investidura de Rajoy y que, por tanto, su continuidad no es negociable. El PP ha contraatacado en el Senado, llevando a declarar a expulsados y renegados de Ciudadanos que cuestionan la honestidad de sus dirigentes y siembran dudas sobre la financiación del partido.

El caso Barreiro se solventaría si la instructora, Ana Ferrer, decidiera finalmente imputarla y pidiera el suplicatorio. En ese escenario, el PP se vería obligado a pedirle la dimisión como senadora. Ahora bien, esa decisión está pendiente de nuevas diligencias solicitadas por la magistrada a la UCO. Y la Fiscalía no tiene claro que los indicios que hay hasta ahora sobre la mesa sean suficientes como para acusarla de corrupción.

Las hostilidades sobre el presupuesto han superado esta semana los límites de la lucha partidaria y han llevado al ministro de Hacienda, Critbóbal Montoro, a defender la idea de prorrogar sine die las cuentas públicas y gobernar por decreto. Montoro cree que ello le facilitaría el cumplimiento del objetivo de déficit público: la prórroga evitaría la bajada de impuestos prometida y frenaría en seco el crecimiento del gasto.

La guerra en las redes sociales, con ataques directos entre las cuentas de PP y Ciudadanos, ha sido el colofón de una escalada de agresiones que no tiene precedentes.

En la guerra que ha tenido su punto álgido esta semana es el partido el que lleva la batuta: Génova cree que Cs le quiere comer el terreno y ha contraatacado con toda su artillería

Por ello, el presidente del gobierno ha decidido intervenir para pedir a sus huestes un poco de calma. Lo que está en juego es muy importante.

"Rajoy -señalan fuentes solventes- quiere aprobar el presupuesto de 2018 y para ello necesita a Ciudadanos. El peor escenario para el gobierno sería quedar aislado. Dar una imagen de soledad y fragilidad perjudicaría a España en Europa y tendría su castigo en los mercados. Eso sólo beneficiaría a la oposición".

El presidente personalmente pidió a Montoro que bajara el tono de sus intervenciones y le recomendó que aparcara la idea de que se puede gobernar "por decreto durante 150 años", como llegó a decir un alto cargo.

Rajoy no tiene previsto adelantar las elecciones y cree que los dos años que le quedan de legislatura son tiempo suficiente como para revertir las encuestas. El presidente quiere recuperar la sintonía con Rivera y, al mismo tiempo, convertir al PNV en un socio estable. Esas han sido las instrucciones que se han dado al Grupo Parlamentario. Su portavoz, Rafael Hernando, reconoce que "nuestra prioridad ahora es sacar adelante el presupuesto".

La cuestión quizá más complicada es trasladar esa idea al partido, que lleva semanas obsesionado con bajarle los humos a Ciudadanos.

Por su parte, el equipo de Rivera tiene claro que la ofensiva no viene dirigida desde Moncloa, sino desde Génova. "Las relaciones con el gobierno siguen siendo fluidas y nuestra intención es negociar y aprobar los presupuestos. Es más, tenemos la sensación de que con el asunto de Barreiro el gobierno está ganando tiempo hasta que la juez decida su imputación", apunta un miembro de la dirección del partido naranja.

El centro derecha, según constatan todas las encuestas, tiene serias opciones para gobernar por mayoría absoluta, ante el desinflamiento de Podemos y la incapacidad del PSOE para crecer por el centro. Rajoy sabe que la única posibilidad de revalidar su triunfo electoral es sobre la base de la estabilidad, y a Rivera no le interesa en absoluto aparecer ante su electorado como el partido que ha provocado la caída del gobierno. Tanto al PP como a Ciudadanos les conviene una tregua. Y eso es justamente lo que ha pedido el presidente.