Reina ahora mismo la confusión en torno a este asunto y exige una aclaración por parte de sus protagonistas, pero el recurso a la hemeroteca y la consulta al contenido de la aplicación del artículo 155 no dejan lugar a muchas dudas. La conclusión entonces es clara: tanto el Partido Popular como Ciudadanos se han pasado de frenada a cuenta del levantamiento de los controles previos del manejo de las cuentas, en realidad  de los pagos, efectuados por la Generalitat. Lo que ha hecho el nuevo Gobierno socialista ha sido limitarse a ejecutar las últimas órdenes dadas por el Ministerio de Hacienda, todavía en manos de Cristóbal Montoro, en aplicación del levantamiento del artículo 155  y también de los controles extraordinariamente impuestos previamente -a partir de septiembre de 2017- por ese ministerio a raíz de la convocatoria del referendum ilegal del 1 de octubre. Pero esa medida reforzada, que suponía un control previo de legalidad de los gastos, se incorporó más adelante, a finales de octubre, dentro de la aplicación del artículo 155.

Y según lo publicado en los medios, el comunicado conjunto que emitieron Pedro Sánchez y Mariano Rajoy después de su reunión el pasado 15 de mayo, a partir del levantamiento del artículo 155 sólo se mantendría el control mensual de las cuentas de la Generalitat, algo que deriva de una decisión del gobierno del PP del año 2015 y que se aplica a las comunidades que se benefician del FLA. Es decir, que el Gobierno de Sánchez no ha tomado ninguna medida que se le pueda adjudicar como propia, porque ha cumplido las órdenes dadas previamente por el gobierno de Rajoy. Hay que aclarar que se levantan los controles previos pero se mantienen los controles mensuales a posteriori que se ejerce sobre todas las autonomías que reciben dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica.

Parece claro, por consiguiente, que tanto la naranja Inés Arrimadas como  el azul José Antonio Bermúdez de Castro han patinado, consciente o inconscientemente, en su valoración de lo anunciado por la portavoz socialista Isabel Celáa, que es verdad que no se ha explicado bien o no ha sido suficientemente consciente de la trascendencia que podía tener su anuncio según lo que significara. Pero también es verdad que lo que dijo estaba inicialmente diáfano: “Esta mañana se nos ha informado de la culminación del artículo 155 en Cataluña y hemos determinado que se den instrucciones a través de la subsecretaría de Hacienda a los bancos para que el Gobierno de Cataluña pueda afrontar sus pagos, sus gastos, sin necesidad, como hasta ahora, de pasar por la supervisión del ministerio de Hacienda del Gobierno de España”.

El gobierno de Sánchez no ha tomado ninguna medida que se le pueda adjudicar como propia

Tendría que haber precisado que sin la supervisión previa pero no sin toda la supervisión. Pero mejor le hubiera ido explicar que la medida adoptada había que adjudicársela al ex ministro Montoro y al ex presidente Rajoy y aclarar que el nuevo Gobierno se había limitado a hacer los últimos recados que quedaban pendientes. En lo que sí se ha equivocado la señora Celáa ha sido en intentar sacar un rédito político de una decisión que no ha sido suya porque, por asumirla como propia, le han adjudicado ya una voluntad de inicuo sometimiento a las exigencias del secesionismo.

Esto es lo llamativo, o lo significativo, del clima político que le espera a este nuevo Ejecutivo: cercado por los partidos del centro derecha, a cargo de PP y Ciudadanos, que se han lanzado a acusar al presidente de haber empezado ya a pagar el precio pactado con los independentistas catalanes y cercado también por la extrema izquierda, a cargo del líder de Podemos, que no ha tardado ni 24 horas en recordarle a Pedro Sánchez a quién le debe su presidencia y lo difícil que le va a ser subsistir sin el apoyo de los partidos que le encumbraron al poder, el más numeroso de los cuales es precisamente el partido morado. Aquí se ven ya los estrechos cauces por los que va a discurrir su acción de gobierno y la primera prueba a la que va a enfrentarse, la más dura, es el modo en que se dispone a encarar el tan manoseado “diálogo” con los dirigentes catalanes, algo imposible hasta ahora de practicar frente a unos fanáticos secesionistas que se presentan con exigencias ilegales y por lo tanto radicalmente inasumibles para cualquier responsable político que cumpla su obligación de respetar las leyes y la Constitución y de someterse a las sentencias de los  tribunales.

En las advertencias de Podemos se ven ya los estrechos cauces por los que va a discurrir su acción de gobierno de Sánchez

La cara de sonriente escepticismo de la ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría que las cámaras captaron durante la ceremonia de traspaso de poderes con la nueva ministra de Política Territorial Meritxell Batet, cuando apelaba al famoso “diálogo” como instrumento  imprescindible para abordar el problema catalán, son una prueba plástica de quien ha padecido la amarga experiencia de haber creído en su día lo mismo que sigue creyendo la señora Batet y ha salido escaldada, y estrepitosamente fracasada, del intento.

La realidad es que hasta el momento el nuevo Gobierno se ha deshecho en proclamas de voluntad de concordia mientras al otro lado de la mesa no se han escuchado más que exigencias, abusos, desafíos y enrocamientos en posiciones tan imposibles como inadmisibles. Ésa es la imagen que se ha presentado hasta ahora ante una muy amoscada opinión pública. No vamos a descartar por principio que, en las conversaciones que el líder socialista catalán Miquel Iceta con el presidente de la Generalitat Quim Torra, un racista acreditado, se hayan descubierto otras cartas distintas de las que conocemos, unas cartas quizá más flexibles y de mayor aproximación política.

El nuevo Gobierno se ha deshecho en proclamas de voluntad de concordia mientras al otro lado de la mesa no se han escuchado más que exigencias

Pero es que eso no se ha visto, ni siquiera se ha podido intuir y, por lo tanto, ya puede tener buen cuidado el equipo socialista en no ceder ninguna posición  sin obtener una renuncia a cambio que esté a la altura de su cesión y que además se pueda demostrar públicamente. A este Gobierno no se le va a admitir el pecado de adanismo porque los ciudadanos ya han tenido la oportunidad de medir la gigantesca dimensión de  los engaños a los que los secesionistas han sometido durante décadas al resto de los españoles y a los sucesivos gobiernos del país. Y eso no lo van a volver a tolerar. Ésa es la gran prueba a la que se va a someter el presidente Sánchez.

Por lo que se refiere a los partidos de la oposición, bien estaría que se tomaran las cosas con un poco más de calma y no se lancen al ataque si no tienen bien amarradas las armas y los argumentos y, sobre todo, si lo que van a argumentar no responde fielmente a la verdad porque de lo contrario no lograrán recuperar la fuerza que han perdido y no podrán rescatar los votos que se les han ido yendo por las rendijas. Éste ha sido un estreno fallido y hasta ridículo. Eso si no ha sido directamente tramposo, cosa que queda pendiente de aclaración.