Arabia Saudí no respeta los derechos humanos. Esto no es ningún secreto. Su sistema político consiste en un régimen teocrático donde no existe libertad, donde se reprime sin pudor a los que osan a criticar a la familia real, donde se discrimina a la mujer y que, además, financia mezquitas en todo el mundo en las que se difunde el wahabismo, credo del que se nutren algunos grupos terroristas internacionales.

Si el asesinato Jamal Khashoggi no se hubiera cometido en el consulado de su país en Estambul y el periodista no hubiese sido un colaborador del influyente The Washington Post seguramente su desaparición ni siquiera hubiera ocupado unas líneas en los medios occidentales.

Pero si finalmente se confirma la implicación de Mohamed ben Salman (hijo del rey Salman ben Abdelaziz y verdadero poder fáctico en su país) en el brutal crimen habrá consecuencias de largo alcance tanto en el plano geopolítico como para sus opciones como heredero.

Tayyip Erdogan está utilizando el «salvaje asesinato» (así lo calificó el martes en el Parlamento turco) para reivindicar su papel como actor principal en la zona donde se siguen librando dos sangrientas guerras (Irak y Siria). Resulta sorprendente que un gobernante autoritario que se ha caracterizado por su escaso respeto a los principios democráticos aparezca ahora como un baluarte de los derechos humanos. Turquía quiere recobrar parte del prestigio perdido tras la cruenta represión desatada tras el (aparente) golpe de estado de julio de 2016. Los datos filtrados a los medios turcos e internacionales sobre el asesinato (vídeos incluidos) demuestran que el presidente Erdogan está empleando a fondo la metedura de pata de Ben Salman para arrinconar a Arabia Saudí, socio tradicional de Estados Unidos en Oriente Medio.

Lo preocupante es que la decisión sobre la venta de armas a los saudíes revela la inexistencia de una política exterior definida y reconocible en la zona

La eliminación de Khashoggi se produce tras la ruptura por parte de EEUU del acuerdo firmado con Irán y justo cuando Donald Trump se dispone a poner en marcha duras sanciones económicas contra Teherán. Quien está disfrutando con todo esto es Vladimir Putin, que ve como su influencia crece día a día en la zona. Primero en Siria, luego en Irán y ahora se frota las manos al ver como se achicharra el régimen saudí.

Khashoggi es, por tanto, una valiosa pieza en el tablero de Oriente Medio. Los que más airean el asesinato, Turquía, Rusia y todos los países y grupos chiíes que pululan por la zona no figuran precisamente en los primeros puestos en el ranking de respeto a los derechos humanos, pero creen con ello debilitan a un enemigo estratégico y, de paso, ponen en dificultades la nueva política de Trump.

En España este hubiera sido un asunto menor, arrinconado en las páginas de la sección de Internacional de algunos medios, si no fuera porque hace poco más de un mes vivimos, con Arabia Saudí como telón de fondo, uno de los primeros y más sonoros desencuentros en el recién estrenado gobierno de Pedro Sánchez.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, quiso paralizar la entrega de 400 «bombas inteligentes» (qué sarcasmo) a Arabia Saudí y que, según la información de que disponía su departamento, iban a ser utilizadas para masacrar a la minoría chií en Yemen, país en el que los saudíes no se han recatado en bombardear a la población civil. Inmediatamente entraron en acción el ministro de Exteriores (Borrell), la vicepresidenta del gobierno (Calvo) y el director del CNI (Sanz Roldán) para abortar esa decisión, so pretexto de que ponía en peligro la venta de cinco corbetas por un valor de 1.800 millones de euros y que dan trabajo a los 6.000 trabajadores de Navantia en la Bahía de Cádiz.

El asunto se cerró con una derrota de Robles y el gobierno lo justificó argumentando que era un acuerdo firmado por el gobierno anterior. Las bombas se entregaron hace un mes a Arabia Saudí y seguro que ya ha podido comprobar sobre el terreno su efectividad.

Aunque no hay muchas armas más que vender a Arabia Saudí, las consecuencias para España de liderar el boicot de la UE junto a Alemania serían graves

La propuesta de Alemania de  vetar la venta de armas a Arabia Saudí tras la muerte de Khashoggi ha reabierto el debate en España. Podemos, que se mostró comprensivo con la venta de las 400 «bombas inteligentes», ahora pide al gobierno que se sume al veto alemán. Cualquier gesto inamistoso de España hacia Arabia Saudí tendrá consecuencias para el contrato de las corbetas, algo que el PSOE no se puede permitir en plena precampaña de las elecciones en Andalucía. Susana Díaz ya ha marcado su posición, que consiste en esperar a que haya «una resolución de la ONU». Largo lo fía la presidenta andaluza. El PSOE votó ayer junto al PP rechazar el veto a la venta de armas que habían propuesto los independentistas y Podemos. Es la cruda realpolitik.

Aunque no hay muchas armas más que vender a Arabia Saudí, las consecuencias para España de liderar el boicot de la UE junto a Alemania serían graves. No sólo porque se puede paralizar el contrato de las corbetas, sino porque España quedaría proscrita por decenios de cualquier opción a obtener un contrato (como el AVE entre Medina y La Meca) multimillonario en un país que va a requerir ingentes inversiones en infraestructuras de aquí a 2030.

Por no hablar de otras posibles dificultades internas que tienen que ver con la participación del rey emérito en los negocios con el reino wahabí.

El gobierno no puede tener una posición rotunda de condena a Arabia Saudí no sólo porque ello tendría graves repercusiones económicas, sino, y esto es lo fundamental, porque carece de una política exterior definida y reconocible en la zona. Como tampoco la tiene sobre el Brexit, o sobre Venezuela, o sobre Cuba o sobre tantos y tantos escenarios calientes en los que no quiere ni entrar. En definitiva, la posición de Sánchez sobre la venta de armas a Arabia Saudí rebela pocos principios y bastante demagogia.