ETA ya no mata, pero su base social sigue existiendo y mantiene intacta su voluntad y su estrategia, que consiste en fomentar el odio a España y al que consideran uno de sus símbolos más emblemáticos, la Guardia Civil.

Lo sucedido este domingo en Alsasua es una prueba evidente de que la violencia de baja intensidad sigue existiendo, pero, además, con una cobertura incomprensible por parte del nacionalismo (PNV) o del Partido Socialista, como prueban las manifestaciones del portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, que llamó provocadores a los convocantes de la concentración.

Dice el filósofo Fernando Savater (presente en el acto de Alsasua, organizado por una plataforma cívica impulsada por Ciudadanos) que “si en los años 80 hubiéramos hecho caso a este PSOE, ahora Otegi sería lehendakari y el carnicero de Mondragón jefe de la Ertzaintza”.

Vimos pasearse el domingo con toda tranquilidad a Josu Zabarte por las calles de Alsasua (como bien recordaba Luis Miguel Fuentes) pavoneándose entre sus acólitos mientras los que acudieron al homenaje a la Guardia Civil eran increpados, insultados y, si no llega a ser por la actuación de los agentes, posiblemente linchados, como les ocurrió a los dos guardias y a sus parejas hace dos años en el bar Koxka.

Zabarte (conocido por su alias de carnicero de Mondragón) fue condenado por asesinar a 17 personas. Salió a la calle tras haber cumplido condena (cada asesinato le salió a menos de dos años) sin el más mínimo atisbo de arrepentimiento. El 21 de octubre de 2014, Ángeles Escrivá le entrevistó para El Mundo y no tuvo empacho en afirmar: “Yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado. No me arrepiento”.

En ciertos pueblos de Navarra y el País Vasco los etarras -sobre todo los no arrepentidos- son tratados como héroes, y sus aprendices, como el grupo agresor de Alsasua, son un ejemplo a imitar para la juventud.

En Alsasua gobierna una coalición de Geroa Bai y Bildu con mayoría absoluta. Es uno de los pueblos donde el dogmatismo y el sectarismo antiespañol es más intenso. Como en otras localidades, echar a la Guardia Civil se ha convertido en un objetivo para los partidos que miran a ETA con admiración. Viendo lo que ocurrió el domingo no extrañaría que la agresión a los guardias y a sus parejas se volviera a producir cualquier día. Y si no se produce es porque los guardias y sus parejas ya no van a tomar copas por el pueblo. Están encerrados en sus casas, sufriendo la muerte civil a la que los abertzales radicales les han sometido.

El fin de ETA no ha significado el final de la violencia de baja intensidad o de la exclusión social a la que se ven sometidos los que defienden a España o a la Guardia Civil en ciertos pueblos de Navarra y del País Vasco

Los que creen que con el fin de ETA se ha resuelto definitivamente el problema de la violencia y de la convivencia en el País Vasco se equivocan. En mayo de este mismo año, sobre las ruinas de la Casa Cuartel de Legutiano (Álava), donde fue asesinado el último guardia civil, José Manuel Piñuel, apareció una pancarta con el anagrama de ETA y un agradecimiento a la banda asesina “por hacer frente a la opresión y a la ocupación”.

El acto del domingo ha tenido la virtualidad de poner el foco sobre una situación intolerable en un estado democrático: hay pueblos en los que defender a España lleva implícita la exclusión social, cuando no el riesgo de ser agredido en la vía pública.

Por eso es aún más lacerante que un dirigente político como Ander Gil arremeta contra los que han ido a Alsasua a hablar pacíficamente -se esté o no de acuerdo con ellos- y no diga nada de los que les amenazaron. De nuevo, se produce ese fenómeno de la equidistancia o incluso de la culpabilización de las víctimas. Lo que hizo el portavoz socialista recuerda a esos jueces que justifican los abusos a las mujeres porque llevan la falda muy corta.

El PSOE, en especial en el País Vasco y Navarra, no puede olvidar los más de 40 años en los que sus militantes vivieron bajo el terror no sólo de las balas de ETA, sino bajo el miedo provocado por sus cachorros proetarras.

Las calles son de todos. Ni en Navarra, ni el País Vasco, ni en Cataluña pueden existir zonas de exclusión, donde los radicales campen por sus respetos. La democracia consiste precisamente en defender a los que reclaman su derecho a vivir en libertad y a decir lo que piensan independientemente de quién gobierne en su pueblo.