En España se viene produciendo tenazmente un claro deterioro cultural y profesional en los políticos “de partido” y como consecuencia de ello una caída de la calidad profesional de quienes ostentan los cargos públicos. Y no sólo en los cargos estrictamente políticos sino también –y sobre todo- en el llamado “sector público empresarial”, que en torno a la Administración Central abarca 144 sociedades y 13 entidades públicas empresariales.

Aunque la carrera funcionarial en España incluye el nivel de Director General, en la práctica también en ese nivel se impone el mangoneo, que sirve para colocar amiguetes y, de paso, para deteriorar la Función Pública. Da la sensación de que cada vez que llega un nuevo Gobierno viene con la intención de quedarse eternamente.

Este disparate se hizo visible en 1996, con la llegada de Aznar a la Moncloa, tras catorce años de Gobierno socialista. El PP cesó a todos -sí, a todos- los jefes de superiores de Policía y el mismo camino siguieron la mayor parte de los Jefes de Tráfico, los directores y subdirectores de Prisiones, todos los presidentes de las confederaciones hidrográficas, todas las autoridades portuarias. Veintiséis de los veintisiete Jefes de Inspección del Ministerio de Educación también cesaron. Casi la mitad de los subdirectores generales de la Administración central, que ya eran cargos de carrera, fueron asimismo cesados. La riada llevó por delante hasta porteros mayores y responsables de protocolo… Por no hablar del Servicio Exterior, donde la remoción de embajadores se pareció más a un cambio de régimen que a una alternancia en el Gobierno. Luego llegó Zapatero e hizo lo mismo. Igual que Sánchez ahora.

Da la sensación de que cada vez que llega un nuevo Gobierno viene con la intención de quedarse eternamente

De hecho, la Ejecutiva Federal del PSOE se ha quedado en cuadro, pues 18 de sus miembros (y “miembras”) han pasado al Gobierno, en el cual se ha creado, por ejemplo, una Dirección General de Memoria Histórica, ocupada por el historiador andaluz Fernando Martínez, que tiene ante sí la “enorme” tarea de reescribir la historia de la Guerra Civil dejando al PSOE y al PCE libres de toda culpa. Ni checas ni Paracuellos. Pero quizá los dos nombramientos que más han llamado la atención sean los de Manuel Escudero, nombrado embajador de algo cuasi inexistente como es la OCDE, con una residencia señorial cerca del Arco de Triunfo; y el de José Félix Tezanos al frente del CIS. Sin olvidar a un matrimonio compuesto por Isaura Leal y Juan M. Serrano, ella al frente del Alto Comisionado para el Reto Demográfico y él dirigiendo Correos.

 

España sigue siendo el país en el cual “si no tienes padrinos no te bautizan”. También en la empresa privada. Hay unos cinco códigos de buen gobierno (Código Olivencia, de 1998, Informe Aldama, de 2003, el Código Unificado de Buen Gobierno, de 2006, y dos más con este mismo título dedicados a las sociedades cotizadas, uno de 2013 y otro de 2015). Pues bien, pese a tales sedicentes códigos, un reciente estudio (Spencer Stuart, 2017) muestra que en 2016 el 57% de los consejeros independientes en las empresas cotizadas en Bolsa eran nombrados por indicación del Presidente del Consejo de Administración y el 20% a propuesta de algún accionista significativo y tan solo el 23% tras seguir un procedimiento reglado por la Comisión de nombramientos y retribuciones. Un sistema de cooptación más propio del Sacro Colegio Cardenalicio que de una empresa que se juega los cuartos de sus accionistas.

Tan solo el 23% de los consejeros independientes de las empresas cotizadas en Bolsa fueron nombrados tras seguir un procedimiento reglado

La diferencia entre el Gobierno de Sánchez y los anteriores radica en que ahora existe una ley, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, que regula el nombramiento de los altos cargos de la Administración General del Estado y que Sánchez se ha pasado por el arco de triunfo. En el preámbulo de esa ley se dice:

“Un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad”. La ley es aplicable a “los presidentes, directores generales y asimilados del sector público administrativo, fundacional o empresarial”.

¿Y qué dice la ley de la idoneidad para ser nombrado? La respuesta está en el artículo 2:

“Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo”.

La diferencia entre este Gobierno y el resto radica en que ahora existe una ley que regula el nombramiento de altos cargos que Sánchez se ha pasado por el arco del triunfo

Y sigue:

“En la valoración de la formación se tendrán en cuenta los conocimientos académicos adquiridos y en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra”

A la vista de los curricula de muchos de los recientemente nombrados se puede asegurar sin apenas margen de error que no cumplen los requisitos legales. Es decir, están donde están de forma ilegal. Por eso el profesor Andrés Betancur ha escrito que los nombramientos del Gobierno que preside Pedro Sánchez son especialmente inadecuados, pues a casi todos los nombrados les falta la cualificación para el puesto que van a desempeñar.

Y uno se pregunta: ¿quién puede exigir en España que se cumplan las leyes?, ¿los jueces? En este caso no se sabe. Tal vez siga vigente la vieja y detestable tradición según la cual hecha la ley, hecha la trampa.