En el País Vasco y tras un trabajo de investigación de meses, la Ertzaintza acaba de detener a seis individuos serbios, albaneses y eslovenos que han cometido una treintena de asaltos a empresas con el método del butrón. Les detuvieron cuando iban a cometer otro más, con las hachas, mazas y herramientas para robar en el coche, los transmisores para estar conectados en todo momento, ropa para cambiarse tras el robo y los planos de la empresa que iban a atacar esa misma noche. Tienen numerosos antecedentes por los mismos delitos, documentos de identidad falsos, incluso uno de ellos tenía prohibida la entrada a España hasta en 2025 por delitos similares, aunque circulaba libremente por Donosti. A pesar de todo ello, a las pocas horas de ser detenidos quedaban en libertad.
¿Por qué? Simplemente Fiscalía no solicitó la prisión provisional de ninguno de ellos (ni siquiera del que tenía la entrada prohibida en nuestro país) y el juez no pudo hacer otra cosa que dejarlos libres con cargos. La única medida que tomó Fiscalía fue la retirada de sus pasaportes, aunque para huir a Serbia les basta con el DNI falsificado que llevaban encima.
Policías, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos,…no pueden más con la interpretación de la ley de enjuiciamiento criminal que hacen muchos fiscales en este país. Diariamente las fuerzas de seguridad hacen su trabajo y se lo echan por tierra fiscales que no salen de sus despachos, ni conocen el esfuerzo y el dinero público que supone la detención de bandas organizadas como esta.
Diariamente las fuerzas de seguridad hacen su trabajo y se lo echan por tierra fiscales que no salen de sus despachos ni conocen el esfuerzo
La forma de actuar de estas bandas siempre es la misma: roban en España, esconden la mercancía robada en zulos o pisos francos, para trasladarla después a su país y venderla con calma y tiempo, porque ni allí ni aquí nadie les persigue. Tras ser detenidos y quedar a las pocas horas en libertad con cargos, huyen a sus países de origen, se les considera “quemados” para la banda y son sustituidos por otros compatriotas que ocuparán su lugar en la organización criminal.
“España es un paraíso para nosotros, si no haces daño a nadie ni llevas armas, puedes vivir tranquilo” me decía uno de estos delincuentes con decenas de robos a sus espaldas. Se benefician de una ley débil, que considera estos delitos con una pena no superior a dos años, y con una administración de justicia descordinada y arcaica, ni siquiera informatizada, que sigue siendo incapaz de cotejar en diferentes juzgados si el detenido es reincidente o comete su primer delito.
La Policía lo dice alto y claro, esta forma de aplicar la ley produce un efecto llamada y España se ha convertido en un paraíso para las mafias. Más de 440 bandas de crimen organizado viajan en masa a nuestro país, son multinacionales del crimen que diversifican el negocio y evitan delitos de sangre para no llamar demasiado la atención. Los centros de internamiento de extranjeros están abarrotados al igual que las prisiones, por lo que jueces y fiscales abusan de la libertad provisional en estos casos, a sabiendas que los delincuentes no pagarán condena alguna y huirán a sus países de origen. En la práctica el resultado es que hacen prevalecer los derechos del delincuente sobre los de la víctima.
Los sindicatos policiales proponen una solución, acudir al convenio europeo en materia penal según el cual, si delinque un europeo en otro país que no es el suyo, puede ser remitido a ese país para que ahí sea juzgado. Los delincuentes del Este que delinquen en España en su mayoría vienen de países que han firmado este convenio.
Esta forma de aplicar la ley produce un efecto llamada y España se ha convertido en un paraíso para las mafias
Cuando hace unos años se intentó aplicar este acuerdo, organizaciones humanitarias lo criticaron porque las cárceles de esos países no cumplían las condiciones de respeto a los derechos humanos del recluso, por lo tanto, quedó en nada.
Los últimos datos de criminalidad del Ministerio del Interior corroboran este mal endémico de nuestro país, los robos con violencia bajaron este año en España casi un 4% mientras que los robos en domicilios y naves industriales aumentaron casi un 2%. Otra injusticia de la justicia que pagamos todos.
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