Nos jugamos muchas cosas importantes hoy, pero una sobre todas las demás. Porque algunas de ellas podrían ser reversibles si el gobierno que salga de estas elecciones, una vez alcanzados los pactos obligados, toma decisiones que no son del agrado de la mayoría de los ciudadanos y en los siguientes comicios un nuevo Ejecutivo decide derogar las leyes que conformaron legalmente esa decisión. Eso pasó, por ejemplo, cuando el recién llegado gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogó en 2004 de un plumazo el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro en una decisión que constituyó un error en toda la línea, error del que no nos hemos repuesto hasta ahora.

Pero equivocada o no, aquella fue una decisión que revirtió un plan del anterior gobierno de José María Aznar. Es solo un ejemplo entre una infinidad de ellos. Sin embargo, hay otras decisiones, otros compromisos, que una vez que se asumen ya no tienen marcha atrás. Y en esta legislatura que está a punto de empezar existe algo que se puede convertir en irreversible y que puede dar un vuelco dramático a la Historia de España y a su pervivencia actual como Estado y como nación.

Estoy hablando, naturalmente de Cataluña porque en esta legislatura que comienza se va a poner definitivamente sobre el tapete el modo en que el Estado español va a abordar la cuestión del independentismo de una parte de los catalanes. Y para encarar este problema no será lo mismo un gobierno que otro. Pedro Sánchez ha dicho en todos los tonos posibles que "nunca, nunca" se celebrará en Cataluña un referéndum de autodeterminación y que "nunca, nunca" Cataluña será independiente. Debemos creerle porque dice la verdad. Y dice la verdad porque la Constitución le obliga a mantenerse dentro de los cauces políticos y legales que ésta señala a todo gobernante en nuestro país.

En esta legislatura que está a punto de empezar existe algo que se puede convertir en irreversible y que puede dar un vuelco dramático a la Historia de España: Cataluña

Pero, siendo ésa una realidad que ningún presidente se atrevería a desafiar, no podemos ignorar que entre las lineas que marcan el perímetro de la legalidad existen holguras, espacios vacíos que, según cómo se rellenen o se ocupen, pueden acabar dando la vuelta al diseño constitucional.

Los dirigentes independentistas, que actúan sistemáticamente ignorando, despreciando y humillando a esa mitad de catalanes que no son secesionistas y se sienten tan catalanes como españoles, han ocupado desde hace décadas todo el espacio público y oficial en esa comunidad autónoma y no han dejado nunca de hablar tramposamente en nombre de todo el pueblo catalán. Y los sucesivos gobiernos de España han asumido esa representación falsaria y han negociado con los dirigentes de la Generalitat ignorando también ellos a esa media Cataluña huérfana de todo cobijo político e institucional.

Pero ha llegado el momento de poner las cosas en su sitio y esta legislatura será determinante para hacerlo. Los independentistas han alcanzado el límite de sus exigencias, que no se les han colmado pero que ahí están: quieren la independencia de Cataluña. Más allá no pueden ir sin intentar romper de nuevo las costuras de la ley y del Estado. Por haberlo hecho están siendo juzgados en el Tribunal Supremo una docena de sus dirigentes.

No será lo mismo que el PSOE pacte con un Podemos que defiende el derecho de autodeterminación, que lo haga con Ciudadanos, que nunca jamás se inclinará del lado equivocado de la balanza

Una vez conocida la sentencia, será el Gobierno de España quien fije la posición que requiere la situación.  Es decir, que se limite a acatar la sentencia y establezca las disposiciones necesarias para que se cumpla en todos sus términos. Pero lo que sucede es que de que esa posición se mantenga en esos términos dependerá muy mucho de quién sea el hombre que ocupe la presidencia del Gobierno y de cuáles sean los partidos políticos en los que se apoye  su gestión. De hacia donde se dirijan sus decisiones dependerá el futuro de España sin posibilidad de retroceso alguno.

Porque un posible indulto, un asunto que han puesto sobre la mesa los dirigentes del PSOE -naturalmente una amnistía no se contempla porque no es ni siquiera constitucional-, significaría el derribo de la arquitectura jurídico-política de nuestro país porque dejaría sin efecto nuestro Código Penal en algunos de sus artículos que tipifican los más graves delitos. Un indulto es una medida de gracia que no se toma nunca a la ligera y que requiere un proceso relativamente complejo. Pero, en este caso, un indulto sin arrepentimiento por parte de los condenados y sin un compromiso solemne, formal y acreditado de que nunca más volverían a transitar por el camino de la locura al que hemos asistido estos últimos años, sería para España un indulto suicida. Y tendría consecuencias irreversibles para el discurrir futuro de nuestro país.

Lo más importante que tenemos por delante es saber cómo va el futuro gobierno a tratar de buscar una repuesta sólida y fiable al drama creado por el separatismo catalán

Por eso es determinante saber quién va a ocupar el Gobierno y en qué formación o formaciones se va a apoyar para lograr la investidura. Porque no será lo mismo que el PSOE pacte con un Podemos que defiende el derecho de autodeterminación -una anomalía que no se admite en ningún Estado del mundo ni tampoco en el derecho internacional pero que Pablo Iglesias ha asumido como el colmo de lo "democrático"- que lo haga con Ciudadanos, que nunca jamás se inclinará del lado equivocado de la balanza.

Y no será lo mismo que gobierne el PSOE con uno u otro apoyo a que lo haga el PP ayudado por Ciudadanos y en su caso por Vox, aunque esa combinación se presentaba la víspera del día de las elecciones como altamente improbable.

Los resultados que conoceremos esta noche van a dar para muchos cálculos, numerosas consideraciones e innumerables conjeturas. Pero lo más importante que tenemos por delante, no lo único desde luego, pero sí lo esencial, es saber cómo va el futuro gobierno a enfrentarse y a tratar de buscar una repuesta sólida y fiable al drama creado por el separatismo catalán.

Los cuatro próximos años van a ser decisivos en este problema. Y nos lo jugamos todo en estas elecciones.