Pedro Sanchez, en el Congreso de los Diputados ante las cámaras de los fotógrafos.
La investidura de Pedro Sánchez avanza a marchas forzadas. El bloque de la izquierda funcionó a la perfección en la composición de la Mesa del Congreso, el órgano que controla los ritmos de la Cámara, mientras que la división de la derecha dejó a Ciudadanos fuera de juego, en medio de una bronca monumental entre Vox y el PP que promete tener su repercusión en las comunidades autónomas gobernadas por los populares gracias al apoyo del partido de Santiago Abascal. La división siempre tiene coste.
Por la tarde, el PSOE, el PSC y ERC se reunieron para negociar la investidura de Sánchez. Lo más importante del comunicado conjunto es que ERC ha modificado su posición respecto a la primera reunión: ya no está en el "no". El cambio tiene una clara justificación: los socialistas admiten que en Cataluña hay un "problema político" que necesita de "soluciones políticas".
Los independentistas, por tanto, ya han conseguido su primer triunfo. En Cataluña ya no hay un problema de cumplimiento de la legalidad, ni siquiera un problema de convivencia entre catalanes. El relato que se impone es el del soberanismo, porque la "solución política" pasa necesariamente por un nuevo marco legal que supondrá dar a Cataluña un nivel mayor de autogobierno del que ahora tiene. Ese nuevo marco tendrá que ser refrendado en referéndum.
Veremos si la vía que ahora se abre no concluye en una reforma constitucional, como mal menor. O en una nueva ruptura de consecuencias imprevisibles.
El pacto con ERC avanza a marchas forzadas. El PSOE ya admite que existe un "conflicto político". Próxima estación: tripartito en Cataluña
El pacto para la investidura no sólo va a tener consecuencias evidentes en la política nacional, sino también en el futuro mapa político catalán. Aunque de ello no se habla abiertamente es lógico pensar que, de cara a las próximas elecciones autonómicas, ERC pretenda una ruptura con sus molestos socios de JxC, que sólo aceptarán un acuerdo si previamente consiguen que el gobierno conceda el referéndum de autodeterminación.
De esa forma, el tripartito en Cataluña (un gobierno de ERC, PSC y los Comunes de Ada Colau) sería la consecuencia natural del acuerdo de investidura. Para ERC es mucho más cómodo ir hacia la independencia de forma más pausada con esos nuevos compañeros de gobierno, que hacerlo con Puigdemont tildando de botifler desde Waterloo a todo aquel que no siga sus consignas.
Sánchez teme una nueva repetición electoral porque la izquierda perdió casi 2 millones de votos desde el 28 de abril al 10 de noviembre. Así que, hay que apañarse con lo que hay sin volver a tentar a la suerte.
El diputado de En Comú Podem, que ayer fue elegido secretario primero del Congreso, Gerardo Pisarello no tardó en apelar al bloque "plurinacional" (así llamó al PSOE, ERC, y a los comunes) para que el rodillo aplicado a la votación de la Mesa se traslade a la sesión de investidura.
La propuesta de Inés Arrimadas a Sánchez para que gobierne en solitario con el apoyo de Ciudadanos y el PP nace así muerta. No sólo porque el PP la haya rechazado, sino porque el presidente en funciones hace semanas que ha elegido el camino a seguir.
Sin duda, la investidura es ya sólo cuestión de tiempo, pero es muy probable que se produzca incluso antes de que concluya el mes de diciembre.
Otra cosa es el alto precio que pagarán la mayoría de los españoles. La "solución política" a la crisis de Cataluña no sólo animará a otras comunidades, como el País Vasco, a reclamar más autogobierno, sino que aumentará las desigualdades entre autonomías y dará alas a los que se han burlado de la Constitución. Una peculiar y triste forma de celebrar su 41 aniversario.
La investidura de Pedro Sánchez avanza a marchas forzadas. El bloque de la izquierda funcionó a la perfección en la composición de la Mesa del Congreso, el órgano que controla los ritmos de la Cámara, mientras que la división de la derecha dejó a Ciudadanos fuera de juego, en medio de una bronca monumental entre Vox y el PP que promete tener su repercusión en las comunidades autónomas gobernadas por los populares gracias al apoyo del partido de Santiago Abascal. La división siempre tiene coste.