2020 nos trae el gobierno más débil de la democracia

Se desveló la fecha de la investidura. Con la seguridad de que el próximo jueves ERC dirá que la apoya con su abstención, tras la firma del pacto con Podemos y del acuerdo con el PNV, Pedro Sánchez tiene asegurados en segunda votación los votos necesarios para salir elegido presidente el próximo 7 de enero.

Había que correr porque el día 9 de enero (el 12 a lo sumo) el Tribunal Supremo emitirá su veredicto sobre Oriol Junqueras que, con toda seguridad, establecerá que el líder republicano debe continuar en prisión pese al bochornoso escrito de la Abogacía del Estado que suponía, de hecho, dejar en suspenso la sentencia que le condena a 13 años de prisión por sedición y malversación.

Pero, para entonces, Sánchez ya será presidente y será ERC quien tenga que arreglárselas para excarcelar a su líder por otros medios (para eso está el artículo 100.2 de régimen penitenciario que puede aplicar la Generalitat).

Así que tendremos un gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos (UP) pendiente de los votos de ERC y el PNV, dos partidos que lo que quieren es la independencia de Cataluña y el País Vasco.

¿Recuerdan que cuando Sánchez hizo campaña para las elecciones del 10-N pidió los votos para un gobierno fuerte que no dependiera de los independentistas?

La burla a los electores o la forma en que se han utilizado las instituciones para lograr el objetivo final (permanecer en Moncloa a toda costa) no garantizan, sin embargo, más que una cosa: la investidura. España tendrá gobierno en la segunda semana de enero de 2020 pero en unas condiciones extremadamente precarias.

El gobierno que capitaneará Sánchez a partir de ahora será mucho más débil que el que salió de la moción de censura y no tiene precedentes en la historia de nuestra recuperada democracia tras la muerte de Franco.

Las tensiones separatistas no se aplacarán y las recetas populistas en economía frenarán el crecimiento y la creación de empleo

He aquí algunas consideraciones que ponen de manifiesto la fragilidad del Ejecutivo que pretende guiar los destinos de España durante los próximos cuatro años:

1º En los últimos cuarenta años España no ha tenido un gobierno de coalición. Tanto el PSOE como el PP han gobernado en minoría con apoyo de los nacionalistas, pero los dos grandes partidos nunca dieron el paso que ahora ha dado Sánchez.

El programa que hemos conocido esta semana supondrá un empujón al gasto público incompatible con el mantenimiento de nuestros compromisos con Bruselas. Las tensiones entre los ministros del gasto -con el vicepresidente Iglesias a la cabeza- y la ministra Calviño no tardarán mucho en aflorar.

2º Al asumir la mayoría de las reivindicaciones de CCOO y UGT el nuevo gobierno ha roto en la práctica el diálogo social. El comunicado que hizo ayer la patronal pone de relieve que la legislatura que comienza contará con la oposición frontal de los empresarios, lo que no parece la mejor receta para amortiguar una desaceleración que ya se ha notado en el crecimiento y la creación de empleo.

3º Sánchez ha aceptado ya -como precio del apoyo a la investidura- el establecimiento de una negociación bilateral entre la Generalitat y el Gobierno. Los acuerdos de ese dialogo de igual a igual serán sometidos a referéndum sólo en Cataluña. Ante ese escenario sólo existen dos posibilidades: o bien el presidente no está dispuesto a cesiones sustantivas en la soberanía nacional, con lo cual la negociación fracasará y volveremos a la casilla de salida (ERC no votará los presupuestos ni ninguna otra ley que requiera de su apoyo); o bien el presidente acepta establecer un calendario para un referéndum de autodeterminación, lo que situaría a España ante la necesidad de afrontar una profunda reforma constitucional, imposible con la actual aritmética parlamentaria.

4º El margen de ERC es estrecho. Como hemos visto ayer mismo en la reacción de Laura Borràs, JxC, el partido de Puigdemont, no va a permitir cesiones que supongan renunciar a la autodeterminación. Torra -si no resulta inhabilitado el próximo día 3 de enero- siempre tendrá en su mano el botón de la convocatoria electoral. Por tanto, la negociación que ahora comienza en una mesa en la que debe estar presente el presidente de la Generalitat no será nada fácil. Y, además, condicionará toda la legislatura.

5º Aunque ha pasado desapercibido entre el ruido del acuerdo con UP y el escrito de la Abogacía del Estado, el pacto firmado por Sánchez con el líder del PNV Andoni Ortuzar supone una cesión histórica ante los nacionalistas vascos. No sólo se expulsa a la Guardia Civil de Navarra (¿cómo se entiende que el PNV negocie sobre cuestiones que afectan a una comunidad autónoma distinta a la vasca?); se da la posibilidad de establecer selecciones deportivas vascas; o se garantiza la llegada del AVE, sino, lo que es más importante, se acepta una reforma estatutaria que colocará al País Vasco en situación muy similar a la de Cataluña, autodeterminación incluida. Cada nueva cesión ante Cataluña tendrá su réplica en el País Vasco. Por el precio de uno, ahora España se enfrenta a dos problemas de enorme calado en las dos comunidades en las que sí hay un sentimiento nacional arraigado.

6º La reivindicación abanderada por el alcalde de Leon (José Antonio Diez, del PSOE), solicitando romper la comunidad de Castilla Leon no es más que un síntoma de la desintegración del estado de las autonomías pactado durante la Transición. Al localismo (Teruel existe), le seguirán los micro regionalismos. Todos los oportunistas pretenderán sacar tajada de la almoneda del Estado a la que aboca el gobierno de Sánchez.

7º Al echarse en brazos de Podemos y los independentistas, Sánchez ha roto todos los puentes con el centro derecha. Lo que hubiera sido deseable con el resultado electoral del 10-N, un gobierno en solitario del PSOE, apoyado en acuerdos de Estado por PP y Ciudadanos, ahora es ya imposible. La política en España necesariamente se hará más sectaria, menos proclive al diálogo. Viviremos meses de confrontación, en los que los más radicales tratarán de conseguir mayores réditos.

8º Todo ello en un contexto económico caracterizado por el estancamiento. En lugar de asumir que la competitividad (es decir, la riqueza y el empleo) vendrá de la mano de las nuevas tecnologías y la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos productivos, las medidas que piensa adoptar el nuevo gobierno aumentarán las rigideces de las empresas, con lo que será difícil que la inversión aumente en la medida que lo requiere la nueva situación.

Por todo ello, no puedo ser optimista respecto a lo que nos espera en 2020. Claro que España ha sabido salir de situaciones peores.