Hay algo en lo que tienen razón los próximos al líder de Podemos: en que el anuncio del pasado sábado del presidente del Gobierno a propósito de su intención de reeditar algo parecido a los Pactos de La Moncloa es una propuesta que «ha surgido de la prensa y acabará en la prensa» entre otras razones porque ninguno de sus posibles protagonistas – ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni Gabriel Rufián, ni Iñigo Urkullu ni tampoco Pablo Casado– creen en ella.

Y la prueba de que estamos perdiendo el tiempo al considerar esa hipótesis como remotamente posible la hemos encontrado en el espacio temporal que va desde el sábado pasado, en que el presidente cogió esa idea al vuelo y decidió asumirla allí mismo en público sin haber hecho el más mínimo intento de apuntalarla previamente con un acuerdo inicial de bases con sus posibles socios futuros de pacto, hasta ayer mismo, miércoles, víspera de la sesión en el Congreso para votar los decretos aprobados por el Gobierno, cuando no se han producido ni siquiera los contactos para negociar los votos afirmativos a su convalidación.

Pero los españoles no se engañan y han expresado en un reciente sondeo tanto su deseo aplastantemente mayoritario a que un acuerdo así se pudiera alcanzar para sacar al país adelante, como su convencimiento, también mayoritario, aunque en menor proporción que su deseo, de que tal acuerdo no se va a producir. Porque no son tontos.

Sánchez no tiene la menor intención de irritar a su socio de Gobierno con acercamientos al PP porque sabe perfectamente que un Pablo Iglesias apartado del círculo del poder tiene capacidad sobrada para incendiarle la calle y debilitarle políticamente

Ya lo dijimos el otro día y lo repetimos ahora: no nos entretengamos vanamente en esta conjetura porque es imposible que se haga realidad. Veamos: el presidente del Gobierno, que está en minoría y que necesita más votos de los que dispone para sacar adelante la convalidación de sus decretos, no ha llamado al líder de la oposición de centro derecha para negociar alguna modificación en el contenido de aquellos que establecen las medidas económicas y laborales. Sí se ha hablado con el PNV, sin cuyos votos no habría logrado ser presidente, para aflojar algo en lo relativo a la paralización casi total de la actividad económica. Y eso ha sido porque el PNV amenazó con votarle en contra esos decretos. Ahora, tras ceder y levantar el pie en la llamada «hibernación» económica, el nacionalismo vasco anuncia que quizá se vaya a abstener.

Por lo tanto es evidente que Pedro Sánchez no tiene más interés en acoger la idea de un «pacto de país» que el de poder reprocharle a Pablo Casado que no se suba a ese carro y acusarle de sabotear el esfuerzo del Gobierno en buscar la salida de España de la terrible recesión que se anuncia. Para eso sí sirve la idea de recuperar el recuerdo de aquellos Pactos de La Moncloa. Pero para nada más.

Pero es que los propios miembros de Podemos se han encargado de expresar -lo explica muy claramente aquí Cristina de la Hoz– que lo de Pedro Sánchez es puro «marketing político». En los planes de Iglesias no entra ninguna clase de acercamiento hacia los partidos de Casado y de Arrimadas entre otras cosas porque si ese acercamiento, no suyo sino de Pedro Sánchez se produjera, que ya digo que no se va a producir de ninguna manera, el peso político de Unidas Podemos en esos hipotéticos acuerdos de país quedaría dramáticamente diluido. Por eso, y también porque están convencidos de ello, en Podemos están dispuestos a lanzarse a defender la prevalencia del Estado en la vida política y económica del país y en esa defensa a ultranza de lo público esperan encontrar el apoyo de ERC. En ese acuerdo sí estará Pablo Iglesias. En el otro no estaría ni estará nunca.

Ya lo dejó muy claro Pablo Iglesias, vicepresidente segundo: que su propósito en cuanto termine la amenaza del coronavirus es aplicarse en la defensa de lo público, cosa a la que nadie en este país se opondría si no fuera él quien lo defendiera porque detrás de su determinación una buena parte del país entrevé un proyecto estatalizador de la vida española. Eso, y la actitud de su ministra de Trabajo, de pura desconfianza y hasta de descalificación del empresariado español al que se refirió como un sector básicamente sospechoso al que el Gobierno debe atar corto y «prohibirle los despidos» como si esa fuera la inicua determinación de todo empresario, favorece la desconfianza profunda del centro derecha español hacia su proyecto político.

A eso se refería ayer el ex presidente socialista Felipe González en su entrevista con Carlos Alsina cuando decía «no podemos prescindir de las empresas. Quien las acuse, quien las menosprecie por razones ideológicas o por rencor se está equivocando gravísimamente». Y no sólo eso, «los que hacen discursos cargados de ideología son los mismos que critican los Pactos de La Moncloa y el pacto constitucional que nos ha proporcionado 40 años de prosperidad». Lo cual no le lleva a desdeñar el papel del Estado en la vida pública española. «El debate no es la dimensión del Estado sino su eficacia a la hora de responder a crisis como la actual». «Los que proponen que se rebajen generalmente los impuestos y al mismo tiempo aumentar el gasto público y el endeudamiento» refiriéndose al PP «no tienen razón, pero los que creen que el Estado lo haría mejor que el sector privado en cualquier materia, tampoco tienen razón».

Parece evidente que el interés o el deseo del presidente del Gobierno por promover algún acercamiento para sentar por lo menos las bases de un clima de no confrontación es sencillamente nulo.

Está claro como el agua que a Felipe González no le gusta en absoluto la posición de Podemos. Pero eso a Pedro Sánchez le da lo mismo porque él está a muchos kilómetros mentales del viejo líder socialista que parece, sólo parece, que no ha perdido la fe en la altura moral y el sentido de Estado de nuestra clase política y por eso aún tiene, o dice que tiene, la esperanza en que llegue a haber «capacidad política para ponerse de acuerdo y emprender una lucha acordada contra la pandemia y para encontrar una salida socioeconómica» a la crisis. Él sabe que esa capacidad política está ausente hoy en España pero seguramente lo dice porque ése sería su deseo.

Pero Sánchez no está en eso sino en lo de siempre: en reclamar de todos los partidos, pero especialmente de los de la oposición de centro derecha, el apoyo a sus decisiones so pena de quedar desacreditados ante la opinión pública como inmorales saboteadores con los indefendibles propósitos de buscar el «cuanto peor, mejor»y obstaculizar así los esfuerzos de su Gobierno para sacar al país adelante. Y, desde luego, no tiene la menor intención de irritar a su socio de Gobierno con acercamientos al PP porque sabe perfectamente que un Pablo Iglesias apartado del círculo del poder tiene capacidad sobrada para incendiarle la calle y debilitarle políticamente ante la opinión pública de manera imposible de aguantar. La alianza Sánchez-Iglesias es irrompible porque ambos se necesitan para sobrevivir.

Tampoco Pablo Casado quiere acoger esa idea de un «pacto de país» que los distintos ministros, sobre todo la portavoz Maria Jesús Montero, que comparecen en las ruedas de prensa de estos días ofrecen con recato franciscano a los partidos y a los agentes sociales a que se «sumen» a la propuesta que el Ejecutivo está haciendo con «humildad» y «generosidad» porque el país «necesita una gran concertación que permita su reconstrucción» tras superar la crisis sanitaria y económica que se avecina.

Casado no se fía porque ni siquiera le han llamado para negociar y enmendar algunos de los aspectos de dos de los tres decretos que se van a someter hoy a votación: el de medidas socioeconómicas impulsado por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño y, sobre todo, el de los dos presentados por la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, los que más críticas ha levantado en el PP y en el mundo empresarial. El propio ministro Ábalos reconocía ayer que nadie del Gobierno se había puesto en contacto con el PP ni con Ciudadanos.

En estas condiciones parece evidente que el interés o el deseo del presidente del Gobierno por promover algún acercamiento para sentar por lo menos las bases de un clima de no confrontación es sencillamente nulo. El único atisbo de acuerdo se ha producido entre el PSOE y Ciudadanos a propósito de la votación de hoy en el Congreso. Inés Arrimadas, empeñada en enmendar a toda costa los tremendos errores cometidos por Albert Rivera, su antecesor en el cargo, lo que la ha llevado a expresar su disposición a trabajar en las enmiendas a esos decretos, ha obtenido respuesta y los decretos se tramitarán como proyectos de ley, lo que permitirá más adelante debatir las enmiendas presentadas por el partido naranja.

Pero es que ni siquiera el PNV se ha creído que esto de la reedición de un pacto similar, por lo menos en su espíritu, a los de 1977, que considera un mero globo sonda. Y qué decir de ERC, que ha hecho saber que «no participará de esto, no sólo para que no nos dejen como en 1977, sino porque nunca contribuiremos a blanquear este régimen», negativa que dejó aún más clara ayer su portavoz en el Congreso Gabriel Rufián: “Esto no se puede cerrar con las cúpulas de cuatro partidos, un Rey y un ejército encerrados en un despacho. No puede haber Pactos de la Moncloa si antes no hay un pacto de Ajuria Enea en Euskadi o en el Palau de la Generalitat en Catalunya ”. 

Por lo tanto, sugiero que no perdamos más el tiempo en revolotear alrededor de un sueño que es producto de la fantasía y que únicamente le viene bien al presidente del Gobierno para enviar al rincón de los «malos patriotas» a todo aquel que no le entregue un cheque en blanco, no sólo hoy. También en el futuro, en ese negro futuro que nos está ya esperando. Así que aparquemos de una vez este asunto y pasemos de nuevo de las musas al teatro.