No me atrevo a decir aquí y ahora -aunque lo pienso- que sea completamente imposible rescatar el espíritu de consenso que acabó fraguándose durante las negociaciones para firmar los Pactos de La Moncloa en octubre de 1977, pero sí me atrevo a asegurar que va a resultar un empeño extraordinariamente difícil. Primero, porque aquellos pactos buscaban alcanzar un objetivo común que era la creación de un clima social apaciguado que permitiera a la clase política trabajar en un ambiente pacificado para elaborar el gran deseo compartido por todas las fuerzas: una Constitución que acogiera en su articulado a todos los españoles con sus respectivas y diferentes, muchas veces contrapuestas, posiciones e ideologías. En eso estaban todos de acuerdo aunque sus motivos para alcanzar los pactos fueran muy distintos.

La primera diferencia estriba en que el Gobierno de entonces -otoño de 1977- estaba presidido por un hombre, Adolfo Suárez, que estaba en aquellos momentos empeñado en culminar su obra, y la del Rey Juan Carlos I, con la elaboración de esa Constitución que aspiraba a ser la primera en toda la historia constitucional española que concitara el respaldo de todas las fuerzas políticas de derecha o de izquierda, la Constitución del consenso. Y estaba convencido de que su obra no se culminaría si no conseguía unir a las dos viejas Españas en una España sóla.

¿Es ése el clima que existe hoy en nuestro país, son ésos el talante y la disposición del actual presidente del Gobierno? Parece que no, por lo menos hasta el momento, aunque hay algo que sí comparte la clase política de ahora con la que negoció y firmó los Pactos de La Moncloa: el pavor a los datos que, entonces como hoy, ofrecía la realidad económica del país aunque en el caso actual lo que se ofrece son unas previsiones devastadoras y en 1977 lo que había era una situación de hecho que no admitía conjeturas.

Hay algo que sí comparte la clase política de ahora con la que negoció y firmó los Pactos de La Moncloa: el pavor a los datos que, entonces como hoy, ofrecía la realidad económica

Ahora no estamos ante una operación de cambio de régimen, que eso fue la Transición, sino ante la necesidad de reconstruir la economía del país que va a quedar devastada por efecto de la crisis sanitaria provocada por una pandemia. Por eso, los llamamientos de muchos políticos y analistas al presidente del Gobierno han encontrado eco en él, que aceptó este sábado intentar recuperar el espíritu de consenso que alumbró los Pactos de La Moncloa y, finalmente, la aprobación de la Constitución.

Pero aquí partimos de una base muy deteriorada porque el presidente del Gobierno ha hecho gala durante todo el período de esta crisis y de hecho desde el primer momento de su presidencia, incluida la que ejerció tras la moción de censura, de una actitud excluyente hacia la parte de la oposición que constituye el centro derecha español. Una vez que optó por unirse a Unidas Podemos y buscar los apoyos para su sesión de investidura en los independentistas catalanes, en el PNV e incluso en los proetarras de Bildu, Pedro Sánchez ninguneó abiertamente a la parte política moderada del hemiciclo. Y lo ha seguido haciendo hasta ahora mismo, cuando no ha contado ni con el principal partido de la oposición, ni con las organizaciones empresariales, ni con los poderes territoriales para decidir medidas de tan hondo alcance como la paralización de la actividad económica e industrial del país.

Ahora, y ante el panorama que se nos viene encima, el presidente del Gobierno ha mandado un mensaje en el que parece que quiera rectificar. Pero eso significa, si es que estamos hablando de verdad de recuperar el espíritu de la Transición, la búsqueda de un diagnóstico compartido entre todas las fuerzas políticas -unas con más entusiasmo, otras con menos- previa a la negociación y al acuerdo con la clase empresarial y con los sindicatos.

¿Sería posible llegar a alcanzar a día de hoy ese diagnóstico compartido? A tenor de las sugerencias hechas en los últimos días por Pablo Iglesias, que es nada menos que vicepresidente segundo del Gobierno, sobre la inminencia o la conveniencia de aplicar el artículo 128 de la Constitución y nada más que ése, ignorando el hecho de que ese artículo está convenientemente equilibrado por los artículos 33 y 38 de la misma Carta Magna -uno sobre la función social de la propiedad privada y el otro sobre la libertad de empresa en una economía de mercado- y sin los cuales no es posible comprender el sentido del 128, parece muy difícil que las posiciones de unos y otros se acerquen lo bastante como para llegar a pactar un programa de actuación. Sobre todo porque el señor Iglesias mencionó ese artículo concreto como una advertencia que en ciertos sectores sonó como una amenaza.

Lo difícil, y sin embargo imprescindible, es que el propio presidente -aquí sí, Pedro Sánchez- cambie de actitud, de talante y de proyecto para dibujar y hacer creíble un espacio de consenso

Existe, además, otro inconveniente a la posibilidad de reeditar los consensos básicos de la Transición, y es el temor de Podemos de quedar descabalgados en la patrimonialización de las medidas que hubieran de acordarse. Pablo Iglesias y los suyos no pueden permitir que un acuerdo sobre las medidas a aplicar ante el demolido panorama de la realidad económica española tenga como resultado que las posiciones del PP y de Ciudadanos, no digamos ya las de los empresarios, sean tenidas en cuenta y encuentren hueco en los hipotéticos futuros acuerdos entre todas las partes. Sencillamente porque su política quedaría difuminada en el plano general y eso supondría su desaparición como fuerza política influyente en el Gobierno, algo absolutamente esencial para ellos.

Lo único que da esperanzas a la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo entre todas las fueras políticas es que lo que se anuncia es tan catastrófico que el presidente haya sido ya consciente de que no puede encarar el problema en soledad o con el exclusivo apoyo de su socio de Gobierno y con el interesado respaldo de los independentistas. Que tenga claro que necesita imperiosamente que sus decisiones futuras vayan apuntaladas por los representantes sociales -asociaciones empresariales y sindicatos- y por los partidos del centro derecha a los que hasta ayer mismo ha estado ninguneando con fruición.

Y otra cosa: él sabe que, de continuar cometiendo el error incomprensible de tomar decisiones de enorme calado para la economía del país sin hacer partícipes al resto de fuerzas políticas, económicas e industriales, no podrá convalidar en el Congreso los decretos que el Gobierno apruebe. Eso es lo que le advirtió Pablo Casado en uno de sus recientes tuits en el que anunciaba que su partido se iba a oponer a varias de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en sus últimos decretos.

Y eso es algo que Pedro Sánchez no se puede permitir en estas circunstancias, como tampoco se puede permitir que sus decisiones salgan adelante con el exclusivo respaldo de las fuerzas que le garantizaron su investidura en el mes de enero pasado. Ni tampoco que en el debate previo a las votaciones la oleada de críticas arrase con la credibilidad y el apoyo social mayoritarios de las medidas que se adopten.

Carrillo y Fraga se pudieron unir porque Suárez y Fuentes Quintana les convocaron sinceramente para escucharles, para incorporarlos y para corresponsabilizarlos en aquel pacto

En las actuales condiciones el presidente del Gobierno -y en este caso da igual cómo se llame y a qué partido pertenezca- necesita imperiosamente salir acompañado por cuantos más mejor a la batalla contra el desastre en que se va a encontrar España cuando el virus haya sido ya derrotado. Lo difícil, y sin embargo imprescindible, es que el propio presidente -aquí sí, Pedro Sánchez- cambie de actitud, de talante y de proyecto para dibujar y hacer creíble un espacio de consenso en el que todos los participantes tengan un sólo objetivo común: sacar al país de la debacle.

Eso fue lo que unió a políticos tan antagónicos como Santiago Carrillo y a Manuel Fraga en octubre de 1977. Pero se pudieron unir porque Adolfo Suárez y su vicepresidente Enrique Fuentes Quintana les convocaron sinceramente para escucharles, para incorporarlos y para corresponsabilizarlos en aquel pacto. Y el hecho es que, por obra de los Pactos de La Moncloa, el país entró en una dinámica diferente a la basada en el enfrentamiento, sentó el precedente de la política de concertación social que se puso en marcha a partir de entonces e instauró el espíritu de consenso que habría de permitir la gran tarea pendiente en aquella legislatura ya democrática pero todavía no constitucional: la elaboración de la Carta Magna.

Lo ha dicho el propio Pedro Sánchez en su comparecencia de este sábado: «Todos los partidos, con independencia de su ideología, vamos a trabajar en unos nuevos Pactos de la Moncloa para relanzar y reconstruir la economía y el tejido social de nuestro país». Si un acuerdo semejante llegara a producirse, si cuando hayamos superado el azote de esta peste contemporánea todas las fuerzas presentes llegan a ponerse de acuerdo en cuál es el camino para alcanzar esa meta, yo pasaré a creer en los milagros. Que así sea.