Esta es la cuestión que deja perfectamente clara la magistrada decana de los Juzgados de Madrid en la entrevista que le hace Carmen Lucas- Torres y que se publica hoy en estas mismas páginas: que por más que lo intenten desmentir unos y otros, los jueces son independientes y de esa independencia deriva la seguridad que la población debería tener, pero desgraciadamente no tiene, de que la Justicia es igual para todos.

Y no tiene esa seguridad, sea quien sea quien vaya a ser juzgado, no porque haya visto que a los millonarios, a los poderosos, a los influyentes no se les haya juzgado y condenado cuando las pruebas en su contra así lo han determinado, como se ha demostrado en multitud de ocasiones, sino porque todo aquél que no haya salido favorecido en sus intereses o en su demanda ante los tribunales prefiere sentirse injustamente tratado que aceptar que, o bien no tenía razón, o no la tenía de modo tan claro como él pensaba, o su defensa – o en su caso, su acusación- no estuvieron suficientemente eficaz y sólidamente argumentadas ante el tribunal.

Esto es así desde que existe el Derecho y jueces para aplicarlo y siempre, casi siempre, de una manera prácticamente inexorable, cuando un juez dicta sentencia en un pleito hay una de las partes en litigio que sale contenta y satisfecha con la Justicia y otra que sale contrariada. Es esta segunda la que suele refugiarse en el siempre consolador argumento de la injusticia a que ha sido sometida con el añadido de que, o bien la Justicia no es igual para todos, o bien que el juez es un corrupto y un prevaricador. Por otra parte, tienen además tanto los jueces como los justiciables la garantía de que las sentencias pueden ser recurridas a instancias judiciales superiores, de modo que nunca están desamparados ni expuestos a flagrantes injusticias de imposible reparación.

Los jueces son independientes y de esa independencia deriva la seguridad que la población debería tener, pero desgraciadamente no tiene, de que la Justicia es igual para todos

Hasta aquí todo normal o, si no normal, sí por lo menos habitual. La cuestión es que los jueces están entrenados precisamente para eso, para decidir en medio de un conflicto de intereses que en un momento determinado llega a adquirir la categoría de pleito judicial. Y saben desde que empiezan a preparar las oposiciones a la judicatura que ése es el papel que tendrán que desempeñar a lo largo de toda su vida como jueces: examinar las pruebas, interpretarlas con arreglo a Derecho, poner todos sus conocimientos al servicio de su interpretación jurídica de los hechos y decidir en consecuencia, pese a quien le pese.

Todos ellos saben desde el mismísimo principio de sus carreras que serán alabados por aquellos a quienes su sentencia le sea favorable y ferozmente detestados por aquellos que no hayan obtenido satisfacción a sus pretensiones. Este es el pan de cada día para todos los jueces que en el mundo han sido, en España y en el entero universo terrenal. Por eso, todo este tipo de ataques sobre si la sentencia tal o cual es injusta no les produce ni frío ni calor en el fondo de su ánimo.

Los jueces son, tienen que ser, necesitan ser, independientes. Para garantizar precisamente eso son inamovibles. Esto dicho así, seguramente escandalizará a todo aquel que haya tenido intereses no satisfechos en los tribunales y, sobre todo, a todos los que necesitan desacreditar a la Justicia española porque tienen un proyecto político que se da de bruces, precisamente, con las murallas fortificadas de los tribunales cuya función es aplicar y hacer que se apliquen las reglas de nuestro Estado de Derecho.

Por eso la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura dice en esta entrevista a propósito de los ataques del vicepresidente del Gobierno con motivo de una sentencia condenatoria a una dirigente de su partido, que «si con esto trataba de amedrentar al Poder Judicial o pretender que se dicten unas resoluciones en un sentido para evitar críticas políticas, es que no conoce a los jueces. Estamos claramente comprometidos con el Estado de Derecho, con la aplicación de la ley y con el amparo de los derechos de los ciudadanos».

Por ahí no van a conseguir abrir la menor brecha, que es lo que pretenden. Y no sólo los miembros de Podemos, que por supuesto lo intentan todos los días, sino también los independentistas catalanes y todo aquel que sueñe con derribar el edificio jurídico-político constitucional construido en España desde 1978 y defendido por los tribunales españoles. El Poder Judicial es por eso uno de sus más importantes objetivos y desacreditarlo, ya que no les es posible ni siquiera imaginar que puedan derribarlo, es su dedicación más constante y más tenaz. Y más cerril, dicho sea de paso.

Estamos ante una estrategia que persigue un objetivo muy concreto por más que resulte absolutamente inalcanzable para quienes lo albergan

Así que está bien aclarar que los jueces no han protestado por un daño que se haya hecho efectivamente a su independencia, cosa que es del todo imposible, sino por la intención por parte de un relevante miembro del Poder Ejecutivo de desacreditar a otro de los tres Poderes del Estado, el Poder Judicial. Lo grave de los comentarios del señor Iglesias, vicepresidente del Gobierno de España, no ha sido ni siquiera que se permita la osadía de decir desde su posición institucional, lo cual ya es en sí mismo escandaloso viniendo de quien viene, que la sentencia le parece injusta. Eso entra dentro de la libertad de expresión aunque sea un comentario radicalmente impropio si proviene de una autoridad del Estado.

Lo intolerable, lo condenable y lo frontalmente rechazable es que afirme que «mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos». Esto es tanto como acusar a los tribunales de corrupción y prevaricación, el delito más grave que se le puede imputara un juez.  Es tanto como asegurar que los magistrados están en venta y son comprados por quienes tienen el dinero y las influencias suficientes como para inclinar las sentencias en su favor. Es asegurar que la administración de Justicia en España está podrida desde su base. Es, en definitiva, sostener que nuestro país no es un Estado de Derecho. Eso es lo grave.

E independientemente de la falsedad empírica de su afirmación, que hace innecesario y ocioso cualquier desmentido -no hay más que recordar cuántos de entre los más influyentes y poderosos de nuestro país están en estos momentos entre rejas- se hace obligado levantar la voz y poner pie en pared porque lo que hay detrás de semejante ataque es una intención política de hondo calado. En otros casos de declaraciones improcedentes, que los ha habido, han podido deberse a una imprudencia o a una torpeza. En este caso no, aquí estamos ante una estrategia que persigue un objetivo muy concreto por más que resulte absolutamente inalcanzable para quienes lo albergan.

Y no es, como dijo cobardemente el presidente del Gobierno el pasado sábado en un intento inicuo de escurrir el bulto, la opinión del líder de Podemos. No señor Sánchez, no. Es la opinión de su vicepresidente segundo. Y en la medida en que usted no condena y no combate abierta y públicamente ese ataque al Poder Judicial, se hace usted corresponsable de tal asalto. Usted verá si puede dormir tranquilo.