Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
Tenía el Gobierno pocos problemas y el ministro Fernando Grande-Marlaska, en su vida anterior prestigioso magistrado de la Audiencia Nacional, ha venido a meterle en otro morrocotudo y que no hace más que agrandarse además de agravarse.
La cuestión está en que, como le explicó con descarada crudeza María Gámez, directora de la Guardia Civil al coronel Pérez de los Cobos cuando le llamó por teléfono este pasado domingo por la noche, "esta es una investigación delicada para el Gobierno y tenemos que conocer lo que ocurre". La investigación "delicada" para el Gobierno a la que se refería es la que se está llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid sobre la actuación de las autoridades sanitarias durante los primeros días de la pandemia.
Y como Pérez de los Cobos, por entonces todavía jefe de la Comandancia de Madrid, se había negado a aceptar la sugerencia de otro interlocutor que le había llamado previamente para instarle a que propusiera a alguno de los miembros de la unidad de la Policía Judicial que estaban trabajando a las órdenes de la juez Carmen Rodríguez-Medel que cometiera el delito de revelación de secretos para a continuación convertirse él mismo en inductor, y por lo tanto coautor, de ese delito transmitiéndole al Gobierno una información que era secreta, sencillamente le comunica que desde ese instante queda cesado.
Lo ocurrido no se comprende más que si el ministro ha perdido definitivamente la perspectiva, la serenidad y desde luego por completo la cabeza
Es inexplicable que un ministro que ha sido juez y que conoce por lo tanto lo que es y lo que supone la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y centenares de veces en su vida de magistrado ha ordenado a la Policía Judicial a sus órdenes el secreto de las investigaciones haya podido cometer el descomunal error de intentar que el coronel Pérez de los Cobos averiguara qué cosas le estaba contando esa unidad de la Policía Judicial a la juez para ir a continuación a darle el soplo al ministro o a alguno de sus subordinados.
No se puede decir que el ministro Marlaska no conozca a la Guardia Civil, una de las instituciones mejor valoradas por la opinión pública española, e ignore hasta qué punto sus miembros se atienen al código del honor que consta en el artículo 1º del Reglamento para el Servicio de la Cartilla del Guardia Civil.
Lo ocurrido no se comprende más que si el ministro ha perdido definitivamente la perspectiva, la serenidad y desde luego por completo la cabeza. Pero las consecuencias de tal metedura de pata no se quedan sólo en el monumental escándalo que se ha desatado en estos dos días en los que las asociaciones judiciales le han tenido que recordar a su antiguo colega cuáles son los límites que las leyes imponen para garantizar la independencia de los jueces y asegurar que puedan desempeñar sus funciones a salvo de presiones y de interferencias externas.
También las asociaciones profesionales de la Guardia Civil acusan al ministro de haber cesado al coronel Pérez de los Cobos por cumplir las órdenes de la juez y se han sumado a alguna de las asociaciones judiciales a la hora de exigir que restituya al coronel en su puesto o que explique con detalle las razones para este cese fulminante comunicado por teléfono un domingo por la noche.
Porque la juez ya ha anunciado que va a abrir una pieza separada para investigar si esta destitución ha sido causada efectivamente por la negativa de Pérez de los Cobos a desobedecer sus órdenes, según las cuales todas las diligencias y el contenido de las informaciones debían serle puestas en su conocimiento de manera exclusiva y excluyente, en cuyo caso advierte que ese cese puede que tenga consecuencias penales.
Y vaya que si las puede tener. Si se llega a demostrar que la razón de esa expulsión del jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil está directamente relacionada con su negativa a ser inductor del delito de revelación de secretos, algo que sólo podrá ser dilucidado en el transcurso de un juicio, el autor de esa decisión habrá cometido a su vez un delito: el de prevaricación. Y eso es así porque la orden recibida por el coronel supone una ilegalidad manifiesta ejecutada, no puede caber ninguna duda a este respecto, con pleno conocimiento de la ilegalidad de lo ordenado.
Por lo tanto, y mientras la juez Carmen Rodríguez-Medel incoa las diligencias que ya ha anunciado, conviene saber quién ha estampado o va a estampar su firma en esa resolución administrativa que es el cese del coronel Pérez de los Cobos. Digo "o va a estampar" porque a estas alturas no conocemos que el ministro haya nombrado al sustituto del coronel para la Comandancia de Madrid. Puede que se lo esté pensando. Porque si fuera su firma la que se estampara debajo de la comunicación de esa destitución, y dado que él está aforado, el caso tendría que ser enviado al Tribunal Supremo.
Quien asuma la responsabilidad de la remoción del jefe de la Comandancia de Madrid corre el riesgo de ser juzgado y condenado por prevaricación
Si no fuera así, si quien firma el cese de Pérez de los Cobos es la directora de la Guardia Civil o, lo que es más probable, el secretario de Estado del ministerio de Justicia, entonces el caso quedaría en el juzgado de instrucción 51 de Madrid. Cosa que también sucedería si quien firmara su destitución fuera el recién nombrado DAO de la Guardia Civil, teniente general Pablo Salas. De hecho fue el anterior DAO quien firmó el cese del ex jefe de la UCO, coronel Manuel Sánchez Corbí también por decisión del ministro Marlaska, aunque lo más seguro es que sea al secretario de Estado, Pablo Zapatero, a quien le toque asumir este marrón.
Pero sea como sea, quien asuma la responsabilidad de la remoción del jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil corre el riesgo de ser juzgado y condenado por prevaricación, lo cual conlleva entre otras cosas la inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público y para el sufragio pasivo durante nueve o 15 años. Lo que está fuera de toda duda es que la juez Rodríguez-Medel no se va a quedar de brazos cruzados ante lo que considera un inadmisible intento de ataque a su independencia como representante del Poder Judicial y va a "llegar hasta el final". Lo ha dicho.
El asunto tiene sin embargo, y por si fuera poco, otra derivación que es política. Resulta que el cese de Pérez de los Cobos, cuya actuación en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y su posterior declaración ante el Tribunal Supremo durante el juicio contra los implicados en él resultó determinante, ha sido celebrado con auténtico alborozo por independentistas catalanes como Gabriel Rufián y también por algunos destacados dirigentes de Podemos como Jaume Asens.
Existen interpretaciones que relacionan este descomunal error del ministro Grande Marlaska con la necesidad de Pedro Sánchez de congraciarse con urgencia con ERC para poder atraer a este partido al espacio de acuerdo que se traduce en votos a favor de las distintas iniciativas del Gobierno. Es una explicación demasiado alambicada a pesar de que no se puede negar que ERC ha recibido esta destitución con indisimulable complacencia. Pero yo no la comparto.
Es mucho más verosímil la que se aprecia a simple vista: el Gobierno está muy nervioso ante las posibles consecuencias que pueda tener una investigación judicial sobre el comportamiento de las autoridades sanitarias y sobre las decisiones adoptadas por el ministro de Sanidad cuando ya se sabía que se avecinaba una pandemia de efectos devastadores para la salud de la población pero el Gobierno autorizaba grandes concentraciones como la manifestación del 8-M. Y como no deben de tenerlas todas consigo sobre lo que pueda resultar de ese proceso judicial -de entrada el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha sido ya imputado- se ha lanzado a husmear en el interior de los trabajos realizados y entregados a la juez por la unidad de la Guardia Civil en su función de policía judicial.
Y el nerviosismo les ha empujado a pedirle al ministro de Interior que aceptara hacer lo inaceptable. Por eso, porque no puede encontrar justificación alguna a lo perpetrado, resulta del todo increíble la versión dada ayer en su inesperada aparición en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que intentó colar la historia de que el cese del coronel Pérez de los Cobos era "una sustitución natural de equipos".
En resumen, un desastre sin paliativos que deja al Gobierno en su conjunto, y al señor Marlaska en particular, tocados de muerte en lo que afecta a su prestigio institucional
Hombre, señor ministro, por lo menos háganos usted el favor de vestir mejor sus mentiras. Una "sustitución natural" no se hace por teléfono pasadas las 10 de la noche de un domingo y, sobre todo, no se hace explicándole al "sustituido" que, por cierto, a estas alturas sigue sin tener "sustituto natural", que se le cesa porque "esta es una investigación delicada para el Gobierno y tenemos que conocer lo que ocurre" y él no ha querido colaborar aceptando enterarse -delictivamente- del contenido de las diligencias.
Tan cogida con alfileres ha demostrado ser su participación en la rueda de prensa que ni siquiera se ha referido a lo que ha supuesto un tremendo puñetazo en la mesa por parte del Director Adjunto Operativo, el número dos de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña que ha presentado su dimisión en protesta por el "injusto" cese del coronel Pérez de los Cobos. Ha sido a preguntas de los periodistas cuando el ministro ha intentado quitar importancia a esa dimisión argumentando que el teniente general ya tenía que haberse jubilado y la enmarcó dentro de "un proceso normal". Lo dicho, señor ministro: prepárese mejor sus mentiras porque un gesto así por parte de un alto mando de la Guardia Civil no se había visto nunca en la historia reciente de España.
Y para remate, no se le ocurre al Gobierno mejor idea que salir anunciando hoy la aprobación del tercer tramo de la equiparación salarial para guardias civiles. Esto es, un aumento de sueldo al que el ministro se había estado resistiendo desde hace cinco meses, es decir, desde que juró el cargo. Pero este es otro error de bulto, un aderezo con sal gorda que ha sido recibido por la cúpula del Cuerpo como lo que es: un insultante intento de soborno institucional.
En resumen, un desastre sin paliativos que deja al Gobierno en su conjunto, y al señor Marlaska en particular, tocados de muerte en lo que afecta a su prestigio político y también moral.
Tenía el Gobierno pocos problemas y el ministro Fernando Grande-Marlaska, en su vida anterior prestigioso magistrado de la Audiencia Nacional, ha venido a meterle en otro morrocotudo y que no hace más que agrandarse además de agravarse.