Esto no puede seguir así. Es contraproducente para los intereses del país, demoledor para las auténticas preocupaciones de los ciudadanos y directamente dañino para la convivencia social. Lo sucedido anteayer y ayer en el Congreso de los Diputados, que no es más que la continuación de un clima largamente creado, resulta escandaloso por sí mismo e intolerable desde el punto de vista de las graves responsabilidades que se pueden imputar a los representantes legales de los españoles.

Anteayer, en un día en que la presidenta de la Comisión Europea anunciaba la propuesta de la creación de un fondo de ayuda de nada menos que de 750.000 millones de euros, una cantidad mareante que aún tiene que ser aprobada, y seguramente modificada en la próxima reunión del Consejo Europeo, pero de la que España va a ser en cualquier caso el segundo de los países beneficiados, en la sesión de control del Congreso de los Diputados tal asunto brilló por su ausencia porque sus señorías estaban entretenidas en una pelea impresentable.

Y no me refiero a la batería de preguntas a las que sometió la oposición al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska a propósito de su desastrosa actuación en el fulminante cese del coronel Pérez de los Cobos por negarse a cometer un acto ilícito como era el que se le exigía: que indujera a alguno de sus subordinados en la unidad de Policía Judicial a las órdenes de la juez que investiga las posibles responsabilidades penales de las autoridades sanitarias en los primeros comienzos de la pandemia del Covid-19 en España, a cometer el delito de revelación de secretos y le contara a él el contenido del informe elaborado por la Guardia Civil y entregado a la juez. Para, a continuación, soplárselo él al Gobierno

Esos bloques irreconciliables derecha-izquierda en la política española son lo peor y lo más dañino que pueden hacer los dirigentes políticos por su país

Ese cese escandaloso y que ha abierto una seria crisis en el seno del Instituto Armado en relación con el ministro del Interior y, por extensión de todo el Gobierno, bien merecía toda la atención parlamentaria porque lo sucedido ha tenido una extrema gravedad y va a seguir teniendo consecuencias institucionales muy negativas.

Pero en el cara a cara entre el vicepresidente Pablo Iglesias y la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, se llego al nivel más ínfimo de la controversia. Para empezar porque es del todo inoportuno y demagógico el recurso tantas veces utilizado por el líder de Podemos y sus acólitos de llamar «marquesa» a la portavoz popular con el afán de ridiculizarla a ella misma y, por extensión, a su discurso. Es una táctica muy conocida: se desacredita personalmente al emisor de un mensaje para poder destruir desdeñando el propio mensaje sin ni siquiera someterlo a consideración.

Es un recurso demasiado ramplón que, en la versión de Iglesias el miércoles pasado, pretendía sugerir que un aristócrata -ella lo es- es un imbécil, un corrupto, un inútil o alguien que desconoce por definición los problemas del país. Y, al contrario, que alguien de procedencia más humilde -como la suya- es más capaz, más inteligente y por supuesto más honrado que quien tiene una posición social o económica más acomodada. Es un dibujo de brocha gorda más propio de las caricaturas de los humoristas que de todo un miembro del Gobierno.

Pero este miembro del Gobierno no se movía anteayer a ras del suelo porque no le dé para más el magín. Lo hizo porque es consciente de que llevar a la crispación un debate lo desvirtúa hasta conseguir que sólo quede de él lo más llamativo, lo más grosero. La ocasión era perfecta para intentar tapar de alguna manera la somanta de palos que le acababa de caer al ministro del Interior y a los que éste no había sido capaz de responder de un modo mínimamente consistente.

Y recurrió al trazo grueso, intentando ofender a la portavoz del PP. Y lo asombroso es que lo consiguió y que ella, cegada por la irritación y sin apreciar que la estaba citando para el castigo, cayó en el cepo que con evidente intención de provocarla él había abierto a sus pies y entró al trapo. En mi opinión lo hizo de la peor manera posible «mentándole al padre», como se decía antiguamente, y acusándole de ser «hijo de un terrorista».

En los años 70 Iglesias padre había militado en el FRAP que, efectivamente, fue un grupo contrario a las tesis políticas de reconciliación nacional del Partido Comunista de España y con actividad terrorista y varios asesinatos de policías nacionales y un guardia civil a sus espaldas, pero que en el año 73, en que fue fundado, contaba con un número de simpatizantes en España y fuera de ella que creo que en ningún caso podrían ser hoy tachados de terroristas individual y personalmente. Es el caso, por ejemplo, de personas tan dignas y tan demócratas como Mario Onaindía, Jon Juaristi o Teo Uriarte, que fueron en su día miembros de ETA y a los que nadie osaría a estas alturas tildar de terroristas. Hay que tener mucho cuidado con las palabras usadas como balas de cañón porque siempre son una desmesura.

En cualquier caso, éste no es un lenguaje admisible en un debate parlamentario y mucho menos en las circunstancias que ahora mismo padece el país porque ese enfrentamiento a cara de perro sobre los orígenes de cada uno de los diputados y esas enganchadas, que más podrían calificarse de reyertas callejeras, no aportan nada al esclarecimiento de los problemas de los españoles. Al contrario, los agravan porque los enconan.

Podemos no quiere acuerdos con las fuerzas conservadoras y va a hacer todo lo posible por sacar de quicio a sus diputados de modo que se les pueda acusar de no mirar por el interés general

Ese enconamiento, esa violencia verbal creciente entre las diferentes formaciones políticas -y no me refiero a los debates intensos sobre cuestiones de interés para el país- acaban teniendo su traducción agravada y casi inmediata en el seno de la sociedad. Esos bloques irreconciliables derecha-izquierda en la política española, que son una pura construcción deliberada para levantar bandos idénticos e irreconciliables entre los ciudadanos, son lo peor y lo más dañino que pueden hacer los dirigentes políticos por su país.

Porque cuando se siembra el enfrentamiento y el odio entre la sociedad, y acaban prendiendo en ella, eso ya no hay quien lo reconduzca después. Son los dirigentes y sus políticas de envenenamiento político entre la opinión pública los responsables y los culpables siempre, siempre, de tantas tragedias padecidas a lo largo de la Historia. Y no hay que echar la vista demasiado atrás en nuestro país para saber de lo que estoy hablando.

Ayer en el Congreso se representó el segundo capítulo del esperpento que había tenido lugar el día anterior. El vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias acudió a la llamada Comisión para la Reconstrucción con la evidente intención de impedir cualquier atisbo de acercamiento, no digamos ya de acuerdo, entre las distintas fuerzas políticas.

El señor Iglesias defendió su idea, o la idea de su partido, de cómo se ha de salir de la terrible situación que ya empieza a asomar la cara. Cuando él hablaba por la mañana ya se sabía que Nissan cerraba su fábrica automovilística de Barcelona y desterraba al paro a decenas de miles de trabajadores directos e indirectos de esa empresa. Poco después, la planta de aluminio de Lugo Alcoa anunciaba el despido de más de medio millar de trabajadores.

Era de esos asuntos de los que los diputados estaban obligados a hablar y no de un discurso como el de Iglesias en el que aprovechó para acusar al Partido Popular de ser responsable «por sus recortes» de los problemas sufridos por España a causa de la crisis del coronavirus y para pedir que «se arrepientan de los desmanes cometidos». Y no sólo eso, también se permitió acusar a Vox de querer dar un golpe de Estado «que no dan porque no se atreven».

¿A qué acudió realmente ayer Pablo Iglesias a la Comisión del Congreso? Evidentemente a provocar, a montar bronca, a sabotear cualquier reflexión serena que pudiera salir de los trabajos apenas iniciados, a que los interpelados y ofendidos o directamente insultados saltaran como un resorte y se vuelva a montar la tangana que permita al vicepresidente y al Gobierno acusar a los partidos de la oposición de centro derecha y derecha de no hacer la menor aportación para intentar solucionar los problemas del país.

Dos pruebas de lo que digo: cuando el diputado Espinosa de los Monteros apelaba al presidente de la Comisión Patxi López para que pidiera una rectificación al señor Iglesias, este sonreía con una mueca maligna que daba prueba de lo mucho que le satisfacía la indignación del representante de Vox. Tan es así, que no sólo no rectificó sino que insistió y volvió a repetir la insidia.

Cuando el enfrentamiento radical entre bandos políticos llega a la sociedad, el rencor, el odio y la violencia no tardan en aparecer y, una vez que esos sentimientos han aparecido, es tarea casi imposible el erradicarlos

Evidentemente, el vicepresidente buscaba que el ofendido se levantara del escaño y abandonara la sala, cosa que éste hizo. Y la prueba más clara de lo mucho que lo sucedido le llenaba de satisfacción, fue la última frase chulesca y propia de una discusión de garito pero en ningún caso de un debate parlamentario, con que pretendió despedir al diputado de Vox: «Cierre al salir, señoría».

La segunda prueba se produjo por la tarde cuando, en un ambiente muy crispado, una diputada de Vox se refería a lo sucedido por la mañana y tildaba a los miembros del Gobierno de «pirómanos y comunistas». El secretario general del Partido Comunista de España y vicepresidente de la Comisión, Enrique Santiago se sintió extraordinariamente insultado, suponemos por lo de «Gobierno de pirómanos» a pesar de que él no pertenece al Ejecutivo, porque que le llamen comunista es imposible que le ofenda.

Así que saltándose el reglamento y de muy malos modos empezó a gritar desde su sitio en la Mesa para expresar su indignación. Pero es que se trataba, y se trata, exactamente de eso, de montar bronca, de agitar las aguas, de impedir que el sosiego se pose y aliente los trabajos de una Comisión que se supone que había sido creada para abordar serenamente y encontrar algunas salidas al terrible futuro al que se enfrenta el país.

Podemos no quiere acuerdos con las fuerzas conservadoras y va a hacer todo lo posible por sacar de quicio a sus diputados de modo que se les pueda acusar de no mirar por el interés general de los españoles, a los que el partido morado llama «la gente».

Eso, y la idea que empieza a transmitir el Gobierno de que es víctima de un permanente acoso por parte de los jueces, de la Guardia Civil, de la Polícía, de los medios de comunicación críticos con su gestión y por supuesto de los partidos de la oposición del centro y la derecha, acaba calando en la opinión pública y creando un clima en la sociedad sumamente peligroso y de muy difícil sino imposible retorno.

Un amigo me contaba ayer que su hija veinteañera llegó a casa sobrecogida por lo que acababa de ver: en un barrio de clase media de Madrid, unas decenas de personas pasaban por la calle golpeando cacerolas y gritando «Gobierno dimisión». En una una terraza otros ciudadanos les gritaban: «¡Fascistas, hijos de puta!».

A eso precisamente me refiero. Cuando el enfrentamiento radical entre bandos políticos llega a la sociedad, el rencor, el odio y la violencia no tardan en aparecer en muy alto grado, superior al que da entre los políticos y, una vez que esos sentimientos han aparecido, es tarea casi imposible el erradicarlos, no hay compostura posible. Pero que a nadie le quepa ninguna duda: los culpables de haberlos ido inoculando con irresponsable e insensata tenacidad han sido, siempre y en todos los casos, sus dirigentes políticos. Unos dirigentes que casi nunca acaban pagando por su criminal comportamiento.

Por eso llamo a la mesura.