La juez Carmen Rodríguez-Medel decidió ayer archivar la causa abierta el 23 de marzo contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no haber impedido la celebración de la manifestación del Día de la Mujer.

La titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid estima que no hay «indicios suficientes» para establecer la existencia de un delito de prevaricación. En su escrito, Rodríguez-Medel asegura que Franco «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones». La prevaricación administrativa exige un «dolo reforzado», que en este caso no se da. Una cosa, viene a decir la juez, es la prevaricación y otra muy distinta la «negligencia y la imprudencia».

Se acabó. Ojalá esta resolución sirva de escarmiento para todos aquellos que pretenden dirimir las responsabilidades políticas en los juzgados.

¿Fue un imprudencia la manifestación del 8-M? Rotundamente sí. ¿Hubiera sido mejor suspenderla para evitar posibles contagios de un virus que ya había provocado cientos de contagios y algunas muertes en España? Desde luego que sí. Pero de ahí a estimar que el delegado del Gobierno no impidiera la manifestación a sabiendas de que se iban a producir contagios hay un largo trecho.

Durante la crisis del coronavirus, el Gobierno ha cometido muchos errores fruto de la imprevisión, primero, y de la improvisación, después, ante una pandemia cuyos efectos nadie podía prever a finales del mes de febrero. Probablemente, algún cargo público, como por ejemplo Fernando Simón, debería haber dimitido (aunque su paisano Pablo Echenique quiera darle una medalla) por haber subestimado de forma irresponsable los daños que iba a producir. Pero ni siquiera el responsable de Alertas del Gobierno podría ser acusado con sustento jurídico de haber provocado con su imprudencia la muerte de personas por el Covid-19.

Así que, ni decir ¡Viva el 8-M! no es equiparable a decir ¡Viva la muerte!, como reprochó Santiago Abascal a Pedro Sánchez en el Congreso, ni las muertes en las residencias de Madrid son culpa de la presidenta Díaz Ayuso, como insinúa el vicepresidente Pablo Iglesias.

La juez ha puesto fin a un debate absurdo. Hubo imprudencia, pero no delito

Una de las terribles consecuencias de la epidemia ha sido la subida de la temperatura política, que ha llevado al absurdo de querer meter en la cárcel a todo aquel que podía haber cometido un error, un fallo o haber llevado a cabo una gestión inadecuada.

Hemos visto sesiones en el Congreso de los Diputados lamentables, indignas, que han supuesto un verdadero insulto para la inteligencia de los ciudadanos.

El Gobierno, que, por supuesto, no ha sido el único en echar leña al fuego, sí ha colaborado de forma activa a que la crispación invadiera todas las áreas de decisión en la vida pública durante semanas.

Sin ese ambiente contaminado y pestilente sería imposible de explicar la decisión del ministro del Interior de cesar en su cargo como jefe de la Comandancia de Madrid al coronel Diego Pérez de los Cobos, que, a estas alturas, puede considerarse como única víctima de la causa abierta por la manifestación del 8-M.

Imbuido de espíritu guerrero y presto a demostrarle al presidente del Gobierno que no se había equivocado al nombrarle ministro, Grande-Marlaska decidió darle una patada al principio de la separación de poderes al exigirle al coronel que le diese información sobre la investigación que, sobre ese caso, estaban llevando a cabo agentes de la Benemérita como policía judicial a las órdenes de la juez Rodríguez-Medel.

La injusticia cometida por el ministro del Interior al destituir al coronel de la Guardia Civil ha sido tan evidente que el delegado del Gobierno le ha mostrado su «solidaridad»

Que el archivo de la causa contra José Manuel Franco no nos haga mirar hacia otro lado en un episodio que ha puesto de relieve hasta qué punto algunos políticos justifican todos los medios para conseguir un fin.

El recurso que prepara Pérez de los Cobos es independiente de lo que haya sucedido en la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid. Aunque, evidentemente, será otro juzgado el que tendrá que determinar las posibles irregularidades que cometieron la directora general de la Guardia Civil, el secretario de Estado de Interior o el ministro, por mucho que él quiera quitarse de en medio.

De hecho, la destitución de Pérez de los Cobos tiene mucha mayor enjundia desde el punto de vista legal y es, sobre todo, más relevante para la salud de nuestras instituciones que la causa que acaba de archivar la titular del juzgado 51 de Madrid.

La decisión de Grande-Marlaska de apartar, sin ni siquiera escucharle, al coronel de la Guardia Civil fue tan desproporcionada e injusta que provocó una honda división en el Gobierno. Incluso el propio José Manuel Franco le hizo llegar al coronel su «solidaridad» ante un cese que no entendía y que, en principio, sólo podía perjudicarle a él como investigado en el caso.

Las insinuaciones que se han vertido contra Pérez de los Cobos (como que tuvo algo que ver con la llamada «policía patriótica») sólo demuestran el nerviosismo y la falta de argumentos sólidos para haber apartado de su puesto a un funcionario que sólo ha cumplido con su deber.

Acabado el caso del 8-M, esperamos la apertura del caso Grande-Marlaska.