Por lo que hemos sabido hasta ahora el fiscal Ignacio Stampa informó a Marta Flor, abogada defensora de Pablo Iglesias y Dina Bousselham, sobre diligencias de la causa del supuesto robo del móvil de la ex asistente del líder de Podemos. Además, presuntamente, se prestó a colaborar con Flor para llevar a cabo una estrategia jurídica encaminada a paralizar una causa que en ese momento instruía el Tribunal Supremo.

Los mensajes de Flor ponen de manifiesto que entre ella y el fiscal, al que llama Ironman, había una relación que sobrepasa el ámbito profesional.

El ahora vicepresidente del Gobierno se encargó de que una pieza de la causa que se sigue contra el ex comisario Villarejo se convirtiera en una operación de las cloacas del Estado para desprestigiarle y, de paso, dificultar un posible pacto entre Podemos y el PSOE.

Aunque el juez Manuel García Castellón se tragó el anzuelo, en la investigación que ha llevado posteriormente se ha podido evidenciar que Iglesias mintió al no informar de que la tarjeta del móvil presuntamente robado a su asistente estuvo en su poder durante meses y también que ocultó un hecho relevante: que cuando se la entregó finalmente a Bousselham estaba dañada.

García Castellón le retiró la consideración de perjudicado en la causa y ahora está a la espera de lo que aporte una comisión rogatoria remitida al Reino Unido sobre la destrucción parcial de la tarjeta para decidir si remite al Tribunal Supremo una exposición razonada pidiendo la imputación del vicepresidente al menos por un posible delito de destrucción de pruebas.

Pero la cosa no queda ahí. En este caso la manipulación, la ambición política sin límite, la imprudencia y la venganza se entremezclan hasta conformar una trama propia de una serie de Netflix.

La aparición de la tarjeta del móvil de Bousselham en el registro de uno de los inmuebles de Villarejo supuso un vuelco en la investigación. La Fiscalía Anticorrupción creyó que estaba ante la prueba definitiva de que una trama dirigida por el Ministerio del Interior en época de Mariano Rajoy había orquestado una operación para destruir al líder de Podemos.

Las conversaciones de la abogada de Podemos evidencian una clara falta de imparcialidad por parte del fiscal, que, por cierto, no cuenta con las simpatías de Dolores Delgado

En marzo de 2019 Iglesias declaró ante García Castellón y contó con todo detalle su versión sobre la policía patriótica y Villarejo como el ejecutor de un plan para acabar políticamente con él. El juez llegó a «agradecerle que le hubiera las explicado tan bien las cosas de manera que lo hubiera entendido».

Pero en octubre de 2019 los acontecimientos dan un vuelco, aunque en principio sin que nadie vea su conexión con este caso.

José Manuel Calvente, responsable de Protección de Datos de Podemos, es expulsado de la organización por presunto acoso de una de las abogadas del equipo jurídico: Marta Flor.

Calvente aseguró en conversación con el que suscribe que la denuncia de acoso era una venganza porque, previamente, él había denunciado internamente -entre otras cosas- que la abogada mantenía una relación con uno de los fiscales del caso Villarejo: Ignacio Stampa.

En febrero de este año, María Montero, directora del programa La Ventana Indiscreta de Las Palmas, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el fiscal Stampa por su presunta relación con la abogada de Podemos. El asunto quedó archivado por falta de pruebas.

Pero García Castellón no sólo ha ido descubriendo poco a poco el engaño de Iglesias, sino también que la Fiscalía no estaba jugando limpio. Entre otras cosas, por intentar cerrar el caso en base al perdón de Dina Bousselham a Pablo Iglesias.

Bousselham ha cambiado de versión a conveniencia. De afirmar, por ejemplo, que cuando Iglesias le devolvió la tarjeta -en la que aparecen fotorafías íntimas, conversaciones comprometedoras, etc.- ésta estaba dañada, a decir justo lo contrario. Por cierto, que Bousselham fue nombrada hace un par de meses directora de un periódico digital de Podemos: La Ultima Hora. Otra curiosa casualidad de este enrevesado caso.

Justo cuando el pulso entre el juez y los fiscales se encontraba en su punto álgido, El Confidencial ha publicado dos informaciones que ponen de manifiesto la relación y la colaboración existente entre el fiscal Stampa y la abogada Flor.

Calvente ya advirtió a la dirección de Podemos que esa relación podía perjudicar a la causa contra Villarejo. Y eso es lo que está a punto de pasar.

Stampa no sólo podría ser acusado de revelación de secretos, sino que su actitud en esta investigación pone de manifiesto una evidente falta de imparcialidad.

La Fiscalía General del Estado ha decidido abrir una investigación a Stampa tras las informaciones publicadas en los últimos días.

La decisión ha sido adoptada por el fiscal jefe inspector, Fausto José Cartagena. Pero, naturalmente, tomar esa iniciativa ha requerido del visto bueno de la Fiscal General del Estado.

La opinión de Dolores Delgado sobre los fiscales de Anticorrupción que investigan a Villarejo no es precisamente favorable. Fueron ellos los que incorporaron a una de las piezas del caso Villarejo la conversación del restaurante Rianxo en la que la entonces fiscal hace unos comentarios desafortunados sobre el juez de la Audiencia y hoy ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Uno de los investigados en la pieza Tandem, Enrique García Castaño (El Gordo), se quejó mediante un escrito que se hizo público la semana pasada del incumplimiento por parte del fiscal Stampa de un acuerdo para su colaboración en el esclarecimiento de los hechos.

En la Fiscalía el caso Ironman ha causado gran revuelo por cuanto pone en cuestión la profesionalidad de los funcionarios del Ministerio Público.

La investigación que comenzó destapando una conspiración de los aparatos del Estado contra el líder de Podemos podría acabar no sólo con la imputación de Iglesias ante el Supremo, sino con Ironman derretido por un expediente interno que podría acabar con su rutilante carrera.