La publicación de unos mensajes del chat de los abogados de Podemos ha puesto el foco estos días sobre si existió una filtración de la Fiscalía a dicho partido, acusación popular en el caso Villarejo, que incidiera en el curso de la investigación de la Audiencia Nacional. En dicho chat, la abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor Núñez, informaba a sus compañeros de sus conversaciones con 'Ironman', el sobrenombre con el que se dirigía al fiscal Ignacio Stampa del caso con el que tenía un trato directo que ahora también está bajo la lupa mediática.
El pasado marzo, la Fiscalía Anticorrupción abrió un expediente interno para estudiar una denuncia sobre una supuesta relación íntima entre Stampa y Flor Núñez y la repercusión que pudiera tener esa vinculación en la causa Tándem.
Según trasladan fuentes del Ministerio Público a El Independiente, las comprobaciones de los hechos no permitieron concluir que esa relación -denunciada ante Podemos por el abogado expulsado del partido, José Manuel Calvente- existiera en los términos exigidos para pedir al fiscal que se apartara del caso, por lo que no tuvo consecuencias.
El Confidencial desveló esta semana que Anticorrupción pudo filtrar datos de la investigación sobre la aparición de un volcado del teléfono robado a Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, en casa del comisario José Manuel Villarejo antes incluso de que se abriera la pieza Dina del caso Tándem en la que se abordan estos hechos con el antiguo agente encubierto como principal investigado.
Según dicha información, la abogada escribió en febrero en un chat del equipo jurídico de Podemos -del que formó parte hasta su expulsión en agosto de 2019-: "TÁNDEM. Nos ha avisado 'Ironman' que aparte de nuestra reunión mañana a las 10:00 horas hay declaraciones martes, miércoles y jueves de Iron y Land". Con dicho sobrenombre, la representante legal de Iglesias se refería al fiscal Ignacio Stampa, con el que el equipo legal de Podemos se habría reunido antes de que el juez acordara investigar el robo de la tarjeta de Bousselham, según dicho mensaje.
Asuntos Internos lo investigaba
En ese momento, la investigación estaba en manos de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, a quienes Bousselham había contado que denunció el robo del móvil, ocurrido a finales de 2015, y que en julio de 2016 el digital Okdiario publicó mensajes contenidos en su interior (conversaciones entre miembros de Podemos que dejaban en mal lugar a Pablo Iglesias). De ahí que tanto Podemos como los fiscales, cuando se supo que un volcado del móvil apareció en casa de Villarejo, apuntaron a que éste pudo estar detrás del robo para perjudicar a Iglesias con la filtración de dichos mensajes a la prensa en el momento en que las encuestas les situaban como segunda fuerza política. El juez abrió la investigación ofreciendo la condición de perjudicado tanto a Bousselham como a Iglesias, que encuadró dicho robo en una trama de las 'cloacas del Estado' dirigidas por el Gobierno de Rajoy para perjudicarle.
Ahora, después de saber por un informe policial que la propia Bousselham compartió pantallazos de su móvil con terceras personas y que Iglesias tenía una copia del teléfono antes incluso de que la tuviera Villarejo y no se la devolvió a su colaboradora durante meses, la investigación ha dado un giro y el juez reúne indicios contra Iglesias por si pudo cometer dos delitos de daños informáticos y revelación de secretos.
En la Fiscalía no ven riesgo de revelación
La defensa de Villarejo ve en este intercambio de información entre el fiscal y la letrada de Iglesias motivos para que Stampa sea expulsado de la causa por presunta revelación de secretos. Sin embargo, desde la Fiscalía no ven riesgo de que se haya cometido ninguna revelación, según trasladan a este diario, por lo que el asunto no está sobre la mesa ni se espera tomar ninguna decisión de momento respecto a los fiscales del caso.
En cuanto a la presunta relación entre Stampa (en comisión de servicios en Anticorrupción desde 2016, cuando se trasladó a Madrid desde la Fiscalía de Lanzarote) y Flor Núñez, explican que no se dan las circunstancias de abstención exigidas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que ni son cónyuges ni están ligados de forma estable. El fiscal, de 47 años de edad, obtuvo la comisión de servicios en Anticorrupción por méritos propios en su labor como fiscal en Canarias, donde se ocupó de investigar delitos relacionados con el Medio Ambiente y la corrupción.
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