El Rey Juan Carlos, que podía haber pasado a la Historia como el mejor Rey de España, ha cometido el error mayúsculo de ensuciar su impecable labor institucional con un comportamiento privado que probablemente nunca pensó que se sometería a la acción de la Justicia porque él, en tanto que Rey, era inviolable como lo son, por cierto, los presidentes de las repúblicas democráticas mientras ocupan el cargo.

Porque Juan Carlos de Borbón nunca en su vida pensó en abdicar. Es decir, creyó que sería inviolable hasta el día de su muerte. Pero el accidente de Botswana se cruzó en su camino y a partir de ahí empezaron a salir a la luz sus líos amorosos -cosa que a los españoles nunca les importó nada- y volvieron a aparecer informaciones sueltas sobre sus andanzas financieras poco claras o directamente oscuras y presuntamente delictivas -cosa que a los españoles, sin embargo les indignó y les soliviantó definitivamente-. La situación de Juan Carlos I ha ido haciéndose por eso progresivamente insostenible.

Pero una cosa es ésa y otra muy distinta anunciar, como se hizo ayer con la aprobación inaudita del Gobierno, que se marcha a vivir al extranjero. Eso no es de recibo. El Rey Juan Carlos I no debería en ningún caso haber tomado la decisión de salir de España, por más que su abogado asegura que se compromete a quedar a disposición de la Fiscalía española, faltaría más.

Y no debería haber decidido salir del país porque, por mucha literatura que se le eche al asunto, la imagen que va a quedar en la mayor parte de la población es la de que escapa, que huye. Y eso resulta insoportable y letal para la dignidad de la institución monárquica, para la dignidad de su propia y espléndida trayectoria institucional y para la estabilidad y fortaleza de la Constitución española.

No hay más que escuchar las interpretaciones que se están haciendo desde la extrema izquierda y los nacionalismos independentistas para confirmar que ésa va a ser la versión que se va a hacer fuerte entre un importante sector de la población.

Pero es que Don Juan Carlos de Borbón no está siendo procesado en estos momentos por el Tribunal Supremo, el único que podría enjuiciar su caso, de existir como tal. No hay tampoco hasta el momento ningún movimiento de la Fiscalía en el sentido de elevar al Alto Tribunal el caso por afectar siquiera sea tangencialmente al anterior Jefe del Estado.

La imagen que va a quedar en la mayor parte de la población es la de que escapa. Y eso resulta letal para la dignidad de la institución monárquica y para la estabilidad de la Constitución

Por todo eso y porque hubiera sido lo más digno, el viejo Rey debería haber permanecido en España hasta que quedara dilucidada su posible responsabilidad penal o administrativa, la cual sigue siendo dudosa a día de hoy porque puede ser que -aun aceptando la tesis de que los efectos posteriores a acciones realizadas bajo la inviolabilidad puedan ser examinados o juzgados prescindiendo del blindaje que otorga ésta- incluso el delito de fraude a la Hacienda Pública haya quedado ya prescrito. Tenía que haber permanecido en España hasta que el caso quedara cerrado de una u otra forma.

Todo lo cual no borra, por supuesto, el inmenso descrédito a que se ha hecho acreedora su antaño tan admirada y tan querida figura tras las informaciones publicadas a raíz de las declaraciones con ribetes de burdo chantaje de su antigua amante, Corinna Larsen. Porque hay que decir también que en el caso de Juan Carlos I el derecho a la presunción de inocencia es algo que nadie ha considerado jamás. De hecho, parece haberse dado salida a una auténtica cacería contra «el Borbón», cacería que se va a intensificar con dureza creciente a a partir del anuncio de que se marcha de España.

Seguro que todo este proceso está siendo muy duro y muy humillante para alguien que ha prestado servicios tan extraordinarios a su país pero ése es el precio que tiene que estar pagando ahora por la infinita irresponsabilidad con la que ha conducido su vida privada.

Pero ¿es que alguien en su sano juicio ha considerado que la radicación del viejo Rey fuera de España va a reducir en algo el daño inmenso que su comportamiento privado ha infligido a la Monarquía y consecuentemente a la Constitución? ¿O que va a acallar el acoso con pretensiones de derribo de los contrarios a la unidad de España?

No es la lejanía en kilómetros lo que va a proteger al Rey Felipe del asedio antimonárquico por parte de las distintas izquierdas republicanas y de todos los enemigos de esta democracia constitucional. Todo lo contrario: no hay más que asomarse hoy un poco a las redes sociales para calibrar el efecto corrosivo que el anuncio de que «el Rey Juan Carlos se exilia» ha producido en las regocijadas filas de la tricolor y de la estelada.

Con su marcha del país se va a dar entrada a la mayor campaña de desprestigio de la Monarquía que nunca hayamos conocido

Qué error, que inmenso error éste de salir de España. Nunca aquel titular de Ricardo de la Cierva con motivo del nombramiento de Adolfo Suárez tuvo mayor sentido que el que tiene hoy. Va a parecer -habrá muchos que procuren que lo parezca- que hace lo mismo que su abuelo, cuya salida por Cartagena camino del exilio fue el símbolo, y lo sigue siendo hoy día, del advenimiento de la República. Por Dios…

Con su marcha del país se va a dar entrada a la mayor campaña de desprestigio de la Monarquía que nunca hayamos conocido, campaña que se va a extender a la Constitución de 1978 que en su Artículo Primero consagra la Monarquía Parlamentaria como la forma del Estado español.

Resulta inconcebible que el Gobierno, que ha estado presionando insistentemente a la Casa del Rey para que se tomara una decisión drástica con respecto al anterior Jefe del Estado, haya amparado y dado su visto bueno a la peor solución de todas cuantas podían estar sobre la mesa, que tampoco eran muchas.

Se podían haber habilitado dos soluciones distintas aunque simultáneas, una más dolorosa que la otra para Juan Carlos de Borbón, que no tuvieran esa connotación dramática de fin de un régimen. Una de ellas, que el antiguo Rey hiciera lo que tenía que haber hecho hace seis años, que es dejar La Zarzuela e instalarse en cualquier otro lugar a la altura de su dignidad.

Es verdad que no tenía sentido -no lo tuvo nunca- que Don Juan Carlos y Doña Sofía continuaran viviendo tras su abdicación en el recinto de La Zarzuela porque ésa era -por decisión del propio matrimonio real y una vez que Don Juan Carlos no quiso ir a vivir al Palacio Real- la residencia de los Reyes de España.

Los que ahora le atacan y le insultan lo hacen usando las libertades públicas que Juan Carlos de Borbón contribuyó personalísimamente y de una manera decisiva a implantar en nuestro país

Deberían haberse marchado antes y no como resultado de los escándalos que ahora cercan a su figura. ¿Pero marcharse fuera del país? ¿A santo de qué? Esa es una declaración autoinculpatoria y si no lo es, la verdad es que lo parece y así quedará inevitablemente registrado en la Historia de nuestro país.

Pero hay que decirlo por si alguno se ha olvidado: estamos hablando del Rey de España, del hombre que hizo posible, con enormes riesgos para sus persona y para la institución monárquica que él encarnaba, que España pasara de una dictadura a un régimen plenamente democrático sancionado por la mejor Constitución de nuestra Historia.

Los que ahora le atacan y le insultan lo hacen usando las libertades públicas que Juan Carlos de Borbón contribuyó personalísimamente y de una manera decisiva a implantar en nuestro país. No vamos a repetir las inmensas aportaciones de índole política interna, de prestigio internacional y de orden económico y empresarial que Juan Carlos I ha hecho a España en las últimas décadas porque puede que no sea el momento. Pero es algo que sería moralmente delictivo olvidar y habrá que volver a recordarlo una y otra vez ante las más que seguras descalificaciones institucionales que vamos a escuchar insistentemente a partir de ahora.

Pero repito: una de las opciones era que el viejo rey saliera de La Zarzuela y se instalara en algún lugar acorde con su dignidad. Y la otra, mucho más dolorosa para padre e hijo, pero sobre todo para el padre, hubiera sido la de, al mismo tiempo que su salida, dar por derogado el decreto por el que el Gobierno, no el Rey Felipe, le otorga el título de Rey con carácter honorífico «con tratamiento de Majestad y honores análogos establecidos para el Heredero de la Corona».

La decisión de privarle de ese título sería mucho más eficaz en su papel de cortafuegos para proteger la Corona y la Constitución por más que admito que supondría una injusticia histórica hacia su impagable papel como «piloto de la transición», como en su día lo calificó con enorme acierto el historiador Charles Powell.

Pero sacarle de España es la peor de las opciones porque en ningún caso se va a cortocircuitar la estrategia de todos los enemigos de la Constitución de elevar el nivel de sus ataques sino, al contrario, la va a exacerbar.

Un epílogo tristísimo éste para quien se había ganado por méritos propios la admiración, el afecto y el apoyo sincero de la inmensa mayor parte de los españoles. Epílogo que se va a prologar en el tiempo y que va a hacer el efecto de una bomba en los mismísimos cimientos de nuestra convivencia nacional, ya desgarradoramente dañada.