El Gobierno se ha enrocado en su propósito de endilgarles a los demás las decisiones que competen plenamente al Ejecutivo central y al legislativo. Y ha adoptado una actitud infantil que no se corresponde con sus altas responsabilidades y mucho menos tratándose como se trata de enfrentarse a lo que todos esperamos, deseamos, que sean los últimos coletazos de esta pandemia.

No tiene el menor sentido la actitud del presidente Pedro Sánchez cuando nos dice que faltan 99 días para que nuestro país alcance la inmunidad de grupo y que por eso lo que hay que hacer ahora es mirar el futuro, siempre al futuro, sólo al futuro y no al pasado. Pero es que eso que él llama el pasado es un lacerante presente con miles de contagiados y decenas de muertos cada día. Es un presente que, una vez levantado el estado de alarma, nos deja sin protección alguna ante un posible repunte de los contagios.

El levantamiento de las restricciones que conlleva el estado de alarma supone, es verdad, la devolución a los ciudadanos del libre ejercicio de sus derechos fundamentales, pero en estas circunstancias ese libre ejercicio que es propio de situaciones de normalidad puede hacer que volvamos a niveles de contagio inasumibles. Y si eso fuera así, el Gobierno tendría que verse obligado a decretar una vez más ese mismo estado de alarma del que ahora ya no quiere volver a saber nada.

Parecería que el presidente del Gobierno pretende devolverles a las comunidades autónomas la pelota de los desvelos padecidos por el Ejecutivo durante los meses pasados»

Parecería que el presidente del Gobierno pretende, en una reacción totalmente infantiloide, devolverles a las comunidades autónomas la pelota de los desvelos padecidos por el Ejecutivo durante los meses pasados. Y por lo que se refiere a la oposición, a la que niega incluso la discusión parlamentaria de su propuesta legislativa de modificación de la ley de Salud, parece que busca dejarla en tierra de nadie e impedirle que saque adelante su propuesta en el Congreso. Algo así como si Sánchez y sus ministros se dijeran satisfechos pensando en gobiernos autonómicos y en los partidos de la oposición: “Pues ahora os fastidiáis, porque yo no pienso mover un dedo”.

Y como esa actitud abstencionista, de ninguneo de la realidad, es demasiado evidente y del todo injustificable, a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se le ocurrió en un momento de excelsa lucidez que lo que tenían que hacer los gobiernos autonómicos para mantener las restricciones de los derechos fundamentales -que ahora mismo sólo se pueden restringir bajo un estado de alarma y de ninguna otra manera- era que plantearan las medidas que consideraran necesarias ante los respectivos Tribunales Superiores de Justicia para obtener su aprobación.

Y, en previsión de que muchos de esos tribunales denegaran a las autoridades autonómicas la posibilidad de privar a su población del ejercicio de esas libertades fundamentales porque no podían ampararse en ninguna ley en vigor, lo cual era previsible desde el primer momento, a la vicepresidenta del Gobierno se le ocurrió decretar que en ese caso los gobiernos autonómicos quedaran autorizados para recurrir ante el Tribunal Supremo.

“El Tribunal Supremo debe ayudar” en la nueva fase que se abría tras el levantamiento del estado de alarma, dijo Carmen Calvo con toda la tranquilidad de quien no parece saber lo que está diciendo. Señora vicepresidenta, el Tribunal Supremo no está para ayudar al Gobierno en absolutamente nada porque absolutamente nada tiene que ver con él y con sus decisiones.  No está para eso sino exclusivamente para juzgar si lo que el Gobierno hace es o no conforme a Derecho. La afirmación de la señora Calvo es una auténtica aberración en un Estado de Derecho.  

Pero no ha quedado ahí la cosa. También la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno dijo ayer en rueda de prensa que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS “resolverá de forma favorable a lo que pidan los territorios”. ¿Ah sí? ¿Y cómo lo sabe usted? Porque, que sepamos nosotros,  la Sala Tercera no es un departamento de su ministerio sino el más Alto Tribunal que estudiará, en el caso de que le lleguen los recursos de los gobiernos autonómicos, si bajo la legislación vigente esos mismos gobiernos tienen o no tienen potestad para implantar medidas que restrinjan algunos derechos fundamentales de sus ciudadanos. Pero está para fijar doctrina, no para pronunciarse caso a caso porque al Gobierno así le haya convenido. Es un tribunal de casación, por si no se habían dado cuenta.

Y no se puede decir con tanta alegría “confiamos en el Tribunal Supremo para que avale lo que tiene que avalar” como recoge hoy en su crónica Cristina de la Hoz citando fuentes próximas al Gobierno. ¿Le están intentando dictar la sentencia a la Sección cuarta de la Sala Tercera desde el Ejecutivo? Evidentemente no, pero se comportan con tal ligereza y desconocimiento del terreno en el que han entrado con tanta imprudencia que utilizan expresiones que introducen serias dudas sobre la idea real que tiene este Gobierno a propósito de la división de poderes.

Tiempo de sobra han tenido. Pero no han querido. Y ahora pretenden que los jueces le hagan el trabajo sucio al poder político»

Y hay otra cosa que debe quedar clara por si alguno piensa que a partir de ahora todo el monte va a ser orégano: no podemos permitir de ninguna de las maneras que los poderes públicos limiten derechos fundamentales sin tener el soporte legal para ello. No se puede bendecir esa manera de gobernar. Y el principio de legalidad que dice que un ciudadano puede hacer todo aquello que no esté prohibido, dice también que una administración pública sólo puede hacer aquello que la norma permita. Ese es un principio esencial en un estado democrático y por esa razón están pronunciándose en contra los Tribunales Superiores de Justicia ante las peticiones de los gobiernos autonómicos.

Lo que el Gobierno propone ahora a las comunidades es que soliciten el estado de alarma para su territorio si lo consideran necesario. Pero eso es aplicar un tratamiento de caballo para una situación que se podría haber abordado modificando la Ley de Salud Pública que estaba pensada para situaciones mucho más limitadas que ésta en la que nos encontramos y que afecta a todo el país, a 46 millones de personas. Esa modificación, si se hubiera abordado a tiempo, habría proporcionado mejores instrumentos para enfrentarse a los problemas concretos que ahora nos aquejan.

Tiempo de sobra han tenido para hacerlo. Pero no han querido. Y ahora pretenden que los jueces le hagan el trabajo sucio al poder político. No está nada claro que el Ejecutivo haya consultado previamente con los magistrados de la Sala Tercera porque si eso hubiera sido así, como dice la vicepresidenta Calvo, que parece sugerir que contó de antemano con una especie de nihil obstat a su pretensión, no se detectaría en el Tribunal Supremo el evidente malestar que se advierte ahora mismo.

Lo más probable, si es que el Alto Tribunal se ve en la necesidad de pronunciarse sobre este asunto porque hasta ahora, salvo el gobierno canario, y sólo parcialmente, los demás responsables autonómicos que se han pronunciado dicen que no van a recurrir ante el Tribunal Supremo las resoluciones de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia, lo más probable, digo, utilizando solo el sentido común, es que la Sala Tercera establezca que sin un soporte legal no es posible restringir el ejercicio de derechos fundamentales. Y, en ese caso, la pelota estará de vuelta en el tejado del Gobierno y del Congreso de los Diputados. Y tendrán que legislar, como reconoció en un artículo el ministro de Justicia que fue obligado luego a desdecirse y retirar lo anunciado.

Todas las miradas y todos los reproches se le hacen ahora, y se le seguirán haciendo, a Pedro Sánchez y a su equipo y no a los gobiernos de las comunidades autónomas, que es lo que están pretendiendo desde el Ejecutivo. Pero no. La factura de lo malo que pueda suceder hasta que las vacunas nos libren de las amenazas que conlleva el virus le va a ser pasada en su totalidad al presidente y a sus ministros y asesores, que no les quepa ninguna duda. En ese sentido, el tiro les va a salir, una vez más por la culata. Últimamente no dan una en La Moncloa.