No hay duda: la gran triunfadora de la crisis de Gobierno ha sido la vicepresidenta primera. Nadia Calviño es la garantía, al menos a priori, de que España va a recibir 140.000 millones del Plan de Recuperación europeo, y el presidente tiene depositada en la mejora de la economía sus esperanzas para mantenerse en Moncloa tras las elecciones de 2023.

En el Gobierno, como saben, conviven dos almas: la de los socialdemócratas tecnocráticos y la de los idealistas igualitarios. Pedro Sánchez ha logrado, hasta ahora, mantener el equilibrio de la coalición a pesar de que el jefe de la facción de Podemos salió por la puerta de atrás harto de que el presidente no le hiciera caso.

Sin Pablo Iglesias la facción de UP ha perdido fuerza y perfil público, pero Sánchez no puede permitirse prescindir de ella, ya que le garantiza la mayoría parlamentaria.

En los dos años que quedan para las próximas elecciones, la gestión del presidente va a consistir en apoyar a Calviño en las grandes batallas políticas, mientras que a Yolanda Diaz (ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda y ahora líder de la facción de UP) le concede algunos éxitos menores, caramelos que le ayuden a endulzarán sus derrotas más amargas.

Ayer, Calviño anunció en la rueda de prensa en la que se desveló el techo de gasto para 2022 que en septiembre el Gobierno valorará la posible subida del SMI en función de la marcha del empleo. Probablemente, la ministra de Economía tenga ya decidido ceder en su empeño de aplazar esa medida «hasta que la recuperación esté plenamente garantizada», argumento que ha utilizado en otras ocasiones, para, a cambio, lograr que se apruebe la reforma de las pensiones, que no se derogue la reforma laboral o que se aplace hasta 2023 -ya veremos- la reforma fiscal que acarrearía notables subidas de impuestos.

Ya la oferta de empleo público para este año de 30.455 plazas («la mayor de la historia», en palabras de la ministra de Hacienda) es un gesto hacia esa parte del Gobierno que pide más y más gasto público. Gestos como el proyecto de Ley de Memoria Democrática o la ley trans, que se llevó por delante a Carmen Calvo.

Pero eso es una cosa, y otra son la reforma laboral, la de pensiones, la ley de alquileres o la subida de impuestos. Eso son palabras mayores y Bruselas va a mirar con lupa todo lo que España haga en esos frentes. Hasta el punto de condicionar las ayudas a que se sigan sus líneas maestras, que nada tienen que ver con las desquiciadas pretensiones de Podemos.

Es probable que el Gobierno suba el SMI, pero no derogará del todo la reforma laboral de Rajoy ni frenará el ajuste en las pensiones. Calviño ganará las grandes batallas; Yolanda Díaz recibirá a cambio caramelos como las subidas de empleo público o del salario mínimo

Lo anunciado ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros apunta en esa dirección. El dato más revelador es que el Gobierno tiene asumido que tiene que volver a la senda de la ortodoxia de recortar el déficit público tras el periodo de gracia que vence el año que viene. Incluso para 2022 el Gobierno prevé reducir el déficit del 8,4% al 5% del PIB: ¡casi 3,5 puntos en sólo un año!

Cuando María Jesús Montero presente el borrador de Presupuestos para 2022 veremos de donde van a salir esos 3,5 puntos, teniendo en cuenta que el techo de gasto se mantendrá cercano a los 200.000 millones de euros (también el más alto de la historia).

Hasta ahora, el Gobierno ha pecado de optimismo, y tal vez ese siga siendo el principal problema para valorar la credibilidad de sus cifras. Por ejemplo: para este año la previsión de crecimiento económico se sitúa en el 6,5%. El FMI, que también hizo públicas ayer sus previsiones, rebaja esa cifra al 6,2%. Para el año próximo la diferencia es aún mayor. Montero prevé un crecimiento del 7% y el FMI del 5,8% (¡y eso que lo ha revisado al alza!).

Tanto en crecimiento como en reducción del déficit las cifras son discutibles. Pero lo que está claro es que una una parte sustancial de la mejora económica dependerá de la percepción de los Fondos de Recuperación europeos.

Incluso eludiendo las medidas contraproducentes que pretende la facción de Podemos, el Gobierno deberá tener cuidado con algunas decisiones de gasto que ya están sobre la mesa. Por ejemplo: si el Gobierno, además de subir el SMI, prevé para el año próximo revalorizar las pensiones y subidas de salarios para funcionarios, la Comisión Europea puede llamarle la atención . Los frugales (países, como Holanda o Austria, tras los que se esconde Alemania) se preguntarán si es lógico ayudar a un país que, al mismo tiempo que reclama fondos para superar la crisis del Covid, aprovecha la ocasión para subir salarios y pensiones.

Sánchez deberá convivir con ese juego de presiones, internas y externas, para lograr su objetivo: ganar en 2023. Pero que nadie tenga dudas de que, si llega el momento y el presidente tiene que elegir, hará lo que le pide Bruselas. Esa es la fuerza de Calviño.