El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acertó ayer al señalar a los partidos políticos como responsables del estado de interinidad en que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces desde hace casi tres años.

El CGPJ se ha convertido en campo de batalla de la disputa política, lo que afecta a la credibilidad de la Justicia. Carlos Lesmes apeló ayer, en el acto de apertura del año judicial, al «patriotismo constitucional» de líderes de los partidos para poner fin a esta situación «insostenible». Pero su angustioso mensaje, por desgracia, no va a tener consecuencias a corto y medio plazo.

El Gobierno, en una operación mediática sin precedentes, lleva semanas culpando al PP de la no renovación, e incluso el presidente ha acusado al principal partido de la oposición -por ejemplo en su última entrevista en El País– de incumplir la Constitución por negarse a renovar el CGPJ. La tensión que se ha creado ha trascendido el escenario político y se ha traslado al ámbito judicial. Ayer, tras el discurso de Lesmes, algún magistrado progresista, miembro del Tribunal Supremo, se acercó a Pablo Casado, presente en el acto, para recriminarle su actitud obstruccionista aprovechando los corrillos que se formaron en el Salón de los Pasos Perdidos.

El ambiente ayer en el Salón de los Pasos Perdido del Supremo era gélido. Magistrados progresistas afearon ante Casado su negativa a renovar del CGPJ y a su presidente por criticar al Gobierno en su discurso. El líder del PP ni siquiera saludó a la ministra Pilar Llop

Molesto estaba el sector progresista de la judicatura, sobre todo el más militante, no sólo con el líder del PP, sino también con Lesmes. Alguno llegó a definir el discurso del presidente del CGPJ como «impresentable» por haber cuestionado algunas decisiones adoptadas por el Gobierno en los últimos meses. Por ejemplo, la reforma que impide al CGPJ el nombramiento de jueces para determinados puestos cuando el órgano está en funciones. Otro tanto sucedió con la mención explícita a la concesión de indultos por Pedro Sánchez a los presos del procés, que el presidente del Gobierno justificó en su día como un paso para lograr la «concordia», alejándose del «resentimiento» que atribuía a la sentencia. Naturalmente, Lesmes -que como presidente del CGPJ es presidente del Supremo- situó la sentencia de la Sala Segunda en su justo lugar: la aplicación estricta de la ley. Es la ley la que conduce a la concordia, porque su incumplimiento sólo lleva al deterioro y desaparición del Estado de Derecho.

El ambiente pues ayer en la sede del Tribunal Supremo era más que frío, gélido. El líder del PP ni siquiera saludó a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que tampoco desaprovechó la presencia de las cámaras de TV para atizarle al PP por su negativa a renovar ya el CGPJ.

En estas circunstancias: ¿qué posibilidades reales hay de renovar el CGPJ a corto plazo? Según las fuentes consultadas, ninguna. Ni el Gobierno quiere aceptar negociar el sistema de elección del CGPJ, ni el PP está dispuesto a sentarse a dialogar sin esa garantía previa.

Nos esperan, por tanto, días y tal vez meses de agria contienda. Tampoco se prevé que Lesmes dimita o que lo hagan algunos miembros del CGPJ.

La única posibilidad que se vislumbra para desbloquear la situación es que el Gobierno aceptara negociar el cambio en el sistema de elección de los miembros del CGPJ después de que se produjera su renovación. Pero la desconfianza es tal, que un miembro del sector conservador del CGPJ condiciona esa opción a que el propio Sánchez firmara su compromiso por escrito. «Nadie se fía de su palabra», añade. Así están las cosas.