Volvemos por donde solíamos: no va a ser fácil llegar a acuerdos sobre los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. A ninguno de los negociadores le gustan los nombres que de momento propone su interlocutor. Pero el caso de Juan Carlos Campo es paradigmático.

Este buen jurista, es merecedor de toda consideración, aunque lleva muchos años, tantos como 20, imbricado de una u otra manera en el Partido Socialista. Pero eso, con ser un problema para la pretensión más o menos acordada de que los nombres propuestos deberían haber estado alejados de implicaciones partidarias, sería lo de menos.

Lo fundamental es que es para todos los españoles Juan Carlos Campo es el ministro de los indultos y que de esa etiqueta no se va a poder despegar mientras viva. Él fue quien primero anunció en la Cámara que los indultos a los presos independentistas procesados y condenados por el Tribunal Supremo estaba siendo ya estudiado en el Consejo de Ministros.

Y él, juez de profesión, fue quien asumió públicamente la desautorización al Tribunal Supremo que se había pronunciado en términos extraordinariamente contundentes contra la concesión de la medida de gracia a los presos independentistas.

Él fue también el que puso la cara y la firma a la ley que ha limitado al Consejo General del Poder Judicial el ejercicio de una de sus funciones más relevantes, que es la de hacer los nombramientos para cubrir las plazas de los presidentes de los tribunales de segunda y tercera instancia en nuestro país, es decir, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Y esa condición, que al final ha caracterizado su trayectoria en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez, es la que hace prácticamente imposible que el Partido Popular lo acepte como jurista de consenso para ocupar plaza en el Tribunal Constitucional.

Hay que recordar con qué intensidad se opuso el PP a los indultos y cómo se ha opuesto a la ley que impide hacer nombramientos a un CGPJ que haya cumplido su mandato y esté en funciones.

Dos asuntos capitales que tienen caras: la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la de su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Esto es así y la aceptación de su nombre por parte del PP se entendería necesariamente como el consentimiento de los de Pablo Casado de dos decisiones que están en la primera línea de sus reproches al Ejecutivo de Sánchez.

Es más, al estupor general que produjo su cese se le añadió la explicación de que, por ser precisamente el ministro de los indultos, el presidente Sánchez no quería que siguiera en el Consejo de ministros porque eso suponía el recordatorio cotidiano de una medida que había contado con la repulsa de una parte muy importante de la población. Por eso se lo quitó en medio ante la sorpresa general y el disgusto e incluso la amargura del propio interesado.

Es evidente que él no debe de estar nada cómodo en su puesto de magistrado en la Audiencia Nacional donde solicitó su reingreso nada más ser cesado. Eso manda la ley, que da 10 días para que un juez que haya ocupado un cargo en situación de servicios especiales pida el reingreso en la carrera. Él es el rostro, aunque no sea el responsable último, de las dos decisiones que más en contra han tenido a la mayoría de los  jueces españoles.

Eso sin contar la multitud de causas que actualmente se instruyen en la Audiencia Nacional en la que figuran como afectados o como acusaciones populares distintos partidos políticos y en las que el juez Juan Carlos Campo está obligado a abstenerse.

Después de la puñalada por la espalda que Pedro Sánchez asestó a su leal ministro de Justicia, ahora quiere buscarle un acomodo

Probablemente, después de la puñalada por la espalda que Pedro Sánchez asestó en el mes de julio a su leal ministro de Justicia, ahora quiera buscarle un acomodo más acorde con el agradecimiento que le debe por los servicios prestados, servicios por los que Campo va a pagar durante toda su vida activa. Pretender ofrecerle un premio de consolación es lo adecuado y lo procedente. Pero no como hombre de pacto para el Constitucional.

Eso, que sería lo justo en otras situaciones, en ésta resulta un grave error. Además es imposible que el PP acepte que el ministro de los indultos y de la ley de limitación del CGPJ sea un nombre de consenso y vote a favor de su inclusión. Y eso a pesar de que la opinión sobre su valía nadie la discute, ni en el PP ni en ninguna parte.

La otra posibilidad que se podría considerar es la de que el PSOE tenga un La otra posibilidad que se podría considerar es la de que el PSOE tenga un especial interés en impedir el acuerdo para tener la opción de volver a acusar a los de Pablo Casado de sabotear los acuerdos de renovación de los órganos constitucionales, habida cuenta de que en junio toca renovar otro tercio de los magistrados del TC, dos nombrados por el Gobierno y otros dos por un CGPJ que no podrá ejercer esa responsabilidad porque la ley promovida por PSOE y Podemos se lo impide.

Es una interpretación muy retorcida pero, visto el panorama, no sería descartable.

En los próximos días veremos como se decanta este desencuentro: si el PSOE se empeña en mantener a Juan Carlos Campo como candidato a ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional, estará demostrando que lo que quiere es que no haya acuerdo. Si retira su candidatura evidenciará su voluntad de pacto.

Lo que es obligado es que el presidente del Gobierno le proporcione un puesto a la altura de la dignidad y del servicio que su ministro de Justicia le prestó poniendo en riesgo su prestigio en su carrera profesional y al que ha dejado tirado de mala manera y sin la menor explicación.Volvemos por donde solíamos: no va a ser fácil llegar a acuerdos sobre los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. A ninguno de los negociadores le gustan los nombres que de momento propone su interlocutor. Pero el caso de Juan Carlos Campo es paradigmático.