La negativa de Pablo Casado a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se basa en un argumento: la despolitización de la Justicia. Por eso, ha argumentado hasta la saciedad, el órgano de gobierno de los jueces tiene que ser elegido por los jueces. Coincide con el planteamiento de Bruselas para garantizar una correcta separación de poderes, lo que, en principio, daba autoridad moral al líder del PP para mantener su postura pese a que el bloqueo está haciendo un daño evidente a la administración de justicia: a finales de año habrá 57 vacantes de magistrados sin cubrir. Sólo en el Supremo, la imposibilidad de nombrar nuevos jueces supondrá, según estimaciones del propio Tribunal, que se dictarán 1.000 sentencias menos en el conjunto de sus Salas. Es decir, que el bloqueo no sólo supone un incumplimiento de un mandato constitucional, sino que afecta directamente y en temas muy relevantes a los ciudadanos.

En fin, si esto se hacía por una buena causa, la despolitización, podía valer la pena. Era discutible.

Sin embargo, la renovación de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) acordada por el Gobierno y el PP contradice de forma clamorosa la teoría de la despolitización.

Casado, personalmente, ha avalado la candidatura de Enrique Arnaldo al TC, a sabiendas de sus conexiones con el partido y de determinados hechos que ocurrieron en el pasado y que le hacen muy vulnerable. La otra candidata que saldrá hoy elegida por el Congreso, Concepción Espejel, también tiene el lastre de sus vínculos con el PP, pero en su currículum no hay manchas que afecten a la honorabilidad de su conducta.

Es verdad que los dos candidatos a propuesta del Gobierno tiene también ese vicio de origen. Ramón Sáez es ideológicamente afín a los comunistas (lo que no quiere decir que sea un mal juez) e Inmaculada Montalbán, al margen de filosocialista, es, sobre todo, una fan confesa de Cándido Conde Pumpido, que es el candidato progresista a ocupar la presidencia del TC.

Pero que el Gobierno de coalición haya propuesto a dos de los suyos para el TC no diluye la responsabilidad de Casado de haber cometido ese mismo pecado. Sobre todo, cuando su bandera en el terreno de la Justicia es justamente la contraria.

Esgrimir, como ha hecho el líder del PP, que el TC «es un órgano jurisdiccional, no poder judicial» es una fruslería jurídica que no se la creen ni en su partido y que, desde luego, no camela a los ciudadanos. Porque lo que se ha visto ahora es lo de siempre: los dos grandes partidos se han repartido los puestos decisivos en la Justicia.

Dirigentes del partido y jueces conservadores advirtieron al líder del PP de que el candidato al Constitucional tenía el techo de cristal

Si ya esa distribución, que incluso en algunos casos adolece de falta de rigor profesional, cuestiona la sinceridad de los postulados de Casado, lo que no se entiende es el empecinamiento en la propuesta de Arnaldo.

Si hay algún sector en el que el PP no puede quejarse de falta de banquillo es en la Justicia. Hay muchos magistrados intachables de perfil conservador con un currículum mucho más brillante, que podrían haber figurado en la lista de candidatos.

Arnaldo, por la forma en que ha sido elegido, accederá al cargo con una evidente falta de auctoritas. No sólo eso, sino que en algunos de los casos sobre los que tendrá que pronunciarse su recusación es segura.

Pero es más, aunque haya salvado el listón del Congreso, todo lo que afecte a Arnaldo en el futuro terminará afectando al propio Casado, con lo que se ha buscado un problema que antes no tenía.

En el mundo judicial conservador nadie entiende por qué Casado «se ha metido en este charco innecesario». Sabemos que hay una relación personal entre ambos y tal vez un compromiso moral por parte del presidente del PP hacia el catedrático y letrado en Cortes. Pero Casado sabía, porque ha habido miembros de su partido y algunos jueces que se lo advirtieron, que Arnaldo iba a generar un ruido insoportable. Mientras que el nombre de Nicolás González Cuéllar fue sustituido en el último momento por Concepción Espejel, porque sus escritos sobre el procés le convertían de facto en recusable, en el caso de Arnaldo las advertencias de su entorno no surtieron ningún efecto.

Si la explicación a esa comprometida decisión tiene que ver sólo con una deuda moral o de amistad, Casado habrá cometido un error con un elevado coste para él y su partido. Pero si hay otras razones que tienen que ver con las conexiones de Arnaldo con el fallecido catedrático de Constitucional Enrique Álvarez Conde (que fue responsable del Instituto de Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos), entonces el problema es mucho más grave.