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Arnaldo comenzará su mandato con el recelo del mundo judicial

Su propuesta como magistrado del Tribunal Constitucional por parte del PP provocó críticas en el Tribunal Supremo y otros magistrados del Tribunal Constitucional temen que enturbie la credibilidad del órgano

Enrique Arnaldo comparece ante la Comisión del Congreso.

Enrique Arnaldo comparece ante la Comisión del Congreso. EFE

El catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo (Madrid, 1957), propuesto por el Partido Popular como nuevo miembro del Alto Tribunal junto a la hasta ahora presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Concepción Espejel está a punto de obtener el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados este jueves para arrancar su mandato, pero no cuenta con el respaldo del mundo judicial.

La propuesta del profesor universitario y letrado de las Cortes ha generado tal polémica que incluso el presidente del Gobierno Pedro Sánchez manifestó este miércoles que no es un candidato de su agrado pero emplazó a los diputados de PSOE y Unidas Podemos, los partidos del Gobierno, a votarle y permitir su nombramiento para garantizar la renovación de los órganos pactada con el PP.

Hasta el último momento, miembros de PSOE y Podemos han puesto en duda la idoneidad del catedrático, destacando sus vínculos profesionales con el expresidente de Baleares Jaume Matas y que estuvo imputado junto a éste -aunque la investigación se archivó para Arnaldo- en la causa de corrupción Palma Arena. El representante del partido del Gobierno en la Comisión de Nombramientos del Congreso, Odón Elorza, le puso entre las cuerdas cuando fue a la Cámara a defender que era adecuado para el cargo pidiéndole explicaciones sobre por qué compaginó el trabajo como abogado en su despacho privado Estudios Jurídicos y Procesales con el de letrado del Congreso de los Diputados, incurriendo en incompatibilidades. Igualmente destacó su proximidad con el Partido Popular, que ya le propuso en su momento como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siendo conferenciante de su fundación FAES en distintas ocasiones.

Magistrados sabían que su nombramiento daría problemas

El nombre de Arnaldo fue el primero en sonar en las quinielas como candidato del PP para el Tribunal Constitucional, pues es un hombre de confianza del líder del partido, Pablo Casado. El catedrático, profesor en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) donde Casado obtuvo un máster, según el Tribunal Supremo, «con indicios de tratos de favor», genera desconfianza en el mundo judicial.

Nada más escucharse su nombre para la renovación del tribunal de garantías, magistrados de la Audiencia Nacional apuntaron a El Independiente a dicha condición de investigado por el juez José Castro de Palma y a sus relaciones con Matas y otras personas del mundo de la abogacía con mala reputación.

En el Tribunal Supremo, donde habían sonado otros nombres que podrían ser propuestos para el Alto Tribunal, como ya es casi tradición, tampoco se recibió con buenos ojos su propuesta. Es verdad que tampoco la de los otros candidatos, magistrados de la Audiencia Nacional (Concepción Espejel y Ramón Sáez Valcárcel) y la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Inmaculada Montalbán. Algunos magistrados del Supremo recelan de su capacidad para abordar recursos de amparo sobre asuntos de tanta relevancia pública como los del procés. Precisamente uno de los primeros recursos que tendrán que resolver los nuevos miembros del Tribunal Constitucional será el del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras contra la sentencia de la Sala Segunda que le condenó por sedición y malversación. Pero si ponen el listón por encima de los candidatos jueces, más exigentes aún son con el perfil de Arnaldo, catedrático de Derecho.

Posición de las asociaciones judiciales

Las asociaciones judiciales tampoco han dado su apoyo al candidato Arnaldo. Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) denuncian la politización en la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos afeando que los principales partidos del Congreso se han «repartido el pastel» proponiendo cada uno a dos candidatos «de su cuerda» y en cambio no se pongan de acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva en funciones desde finales de 2018.

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) acusa al PP de tal bloqueo. «Otro lunes sin que se haya renovado el CGPJ. Van 1.070 días de secuestro. La cúpula judicial sigue degradándose a cada día que pasa, por el partidismo irresponsable del principal partido de la oposición. Por la renovación inmediata, ayuda al poder judicial, pasa la voz !», publicó la asociación este lunes.

El debate que se avecina en el TC

Después de la votación en el Congreso con la que Arnaldo y el resto de candidatos tienen el apoyo necesario para tomar posesión de su cargo, el resto de magistrados del Tribunal Constitucional deberán chequear que cumplen con los requisitos de mérito, capacidad e idoneidad para el cargo.

Un trámite, uno más después de la propuesta por los partidos en las Cortes que es el paso verdaderamente necesario, pero en el que compañeros del nuevo miembro del TC pueden manifestar su desconfianza y malestar por la polémica que ha suscitado su propuesta.

Mientras unas fuentes del Alto Tribunal han trasladado a este diario su apoyo sin condiciones a Arnaldo, considerando que se le está exponiendo a un «linchamiento» público, se espera que otros manifiesten la tarde de este jueves su descontento por si el ruido generado puede influir en la credibilidad del tribunal de garantías.

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