Opinión

¿Por qué Bildu quiere cargarse al fiscal jefe de la Audiencia Nacional?

Manifestación en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Manifestación en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. EP

La izquierda abertzale está crecida. El Gobierno ha convertido en normal pactar con Bildu, que, finalmente, dio su apoyo a los presupuestos. Recordarán que fue el propio Arnaldo Otegi el que dijo el pasado mes de octubre, en una reunión con militantes: «Tenemos 200 presos y tienen que salir. Si para eso tenemos que votar los presupuestos, los votaremos».

Pedro Sánchez actúa con Bildu como si fuera un partido más, dando por sentado que ETA hace ya mucho tiempo que dejó de existir. Es verdad que la organización terrorista lleva diez años sin matar, pero eso no quiere decir que no exista una estructura y una estrategia, que se impone a sus miembros mediante una férrea disciplina, muy parecida a la que operaba durante los años de plomo.

Mientras que el PNV actúa con cierta cautela respecto a los presos, para Bildu es un asunto central. El partido liderado por Otegi quiere apuntarse ese tanto como un éxito propio, lo cual le permite no renegar del todo de un pasado manchado de sangre.

El pasado sábado El Correo -un diario muy bien informado sobre todo en estos temas- daba la noticia de que la izquierda abertzale ha pedido al Gobierno que «cambie la Fiscalía de la Audiencia Nacional». Bildu y los abogados del colectivo de presos etarras se quejan de que la Fiscalía no está facilitando la política de normalización, dificultando los cambios de grados, los permisos o las redenciones de penas.

El proceso que se sigue para conseguir esos beneficios comienza con un informe de la Junta de Tratamiento, al que le sigue un informe de la Fiscalía. Posteriormente, es el juez de Vigilancia Penitenciaria el que toma la decisión, que puede ser recurrida por las partes (entre ellas no figuran las asociaciones de víctimas) ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

Por ahora, la Fiscalía de la Audiencia gana por goleada: la Sala Penal ha resuelto a su favor una veintena de recursos.

El mandato de Jesús Alonso vence en febrero. Bildu quiere que la Fiscalía no ponga dificultades a la concesión de beneficios penitenciarios a los presos de ETA, comandados por el abogado Matanzas

Al frente la Fiscalía de la Audiencia se encuentra Jesús Alonso, que ¡oh causalidad!, termina su mandato el próximo mes de febrero. La petición de la izquierda abertzale seguro que ha tenido en cuenta ese dato para reclamar que su sustituto sea más dúctil a los beneficios penitenciarios que reclaman los presos de ETA. Alonso podría repetir en su cargo -los mandatos son de 5 años-, como en su día sucedió con Javier Zaragoza. Sin embargo, en la sede de la Audiencia Nacional se da por hecho que Alonso no renovará. Si el presentimiento se hace realidad y el nuevo fiscal jefe cambia de criterio, la izquierda abertzale lograría un triunfo sin precedentes. Para vergüenza de la Justicia y humillación de las víctimas de ETA.

La supuesta dureza de la Fiscalía respecto a los beneficios penitenciarios solicitados se sustenta en el rechazo de los escritos presentados por los presos de ETA (un total de 180, de los que 80 cumplen ya condena en cárceles del País Vasco). La cuestión es que el llamado «colectivo de presos» impone su ley de la mano de los dos abogados que llevan la defensa de la mayoría de ellos: Íñigo Irúin y Txema Matanzas, que pasó diez años en prisión por colaboración con la banda.

Los presos no son libres para hacer sus propios escritos, que deberían reflejar en ellos el arrepentimiento por los crímenes que cometieron.

Irúin y Matanzas han impuesto a los presos una especie de escrito tipo en el que deben incluir tres epígrafes:

1º Reconocimiento del dolor causado por el conflicto.

2º Empatía con las víctimas.

3º Apuesta por las vías políticas.

La Fiscalía reclama que los presos pidan perdón no en general, sino por el delito o delitos que cometió. Es decir, que el arrepentimiento sea sincero y no un mero formalismo para dar un paso hacia la libertad. En definitiva, lo que reclama la Fiscalía es lo que establece el artículo 72 de la ley General Penitenciaria, que exige que los presos «muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además que hayan colaborado activamente con las autoridades para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada».

Si un preso trata de salirse del carril, es sometido a presión por parte de sus compañeros y por los abogados que ejercen como responsables del mantenimiento de la cohesión del colectivo.

La cuestión es relevante por varios motivos. Primero, porque demuestra que la banda sigue manteniendo una estructura, una disciplina y unos métodos incompatibles con lo que supone que debería ser el fin definitivo de la violencia. En segundo lugar, porque la izquierda abertzale no ha reconocido todavía la derrota de ETA y ha presentado el final de la violencia como una decisión autónoma de la banda, una especie de paso voluntario hacia la paz.

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, no debería ceder ante la presión de Bildu. Por mucho que el presidente del Gobierno haya aceptado incluir la política penitenciaria en el mercadeo con el brazo político de ETA.

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