Don Juan Carlos ya ha ganado una batalla, la de la opinión pública. No sólo por el recibimiento caluroso en Sanxenxo, sino porque PP, Vox y, con la boca pequeña, Ciudadanos, han saludado su regreso a España como algo natural y han puesto en valor los servicios que prestó el Monarca a su pueblo. La democracia que se instauró tras la muerte de Franco no hubiera sido posible sin su empeño.

La izquierda republicana, como es natural, tilda de «vergüenza» su regreso, en avión privado y para presenciar una regata, añaden, como si esas circunstancias fueran un insulto a la decencia. Por su parte, el Gobierno y el PSOE le han dado al emérito un pellizco de monja. «Debe una explicación y una disculpa», dijo lacónicamente el viernes el portavoz de la Ejecutiva, Felipe Sicilia.

Tras sus dos regularizaciones fiscales y el archivo de la investigación sobre su fortuna por la Fiscalía Anticorrupción, don Juan Carlos no tiene ningún caso pendiente con la Justicia. Otra cosa es lo que ocurra en el Tribunal de Justicia en Londres, donde se sustancia la demanda de Corinna Larsen, que le acusa de acoso y hostigamiento.

En realidad, don Juan Carlos no debería haberse ido de España. La decisión, forzada por Pedro Sánchez, fue un error. El emérito debería haberse quedado en Zarzuela y haber asumido, en su caso, las consecuencias de sus acciones ante el Tribunal Supremo. Su marcha se justificó desde el Gobierno como una manera de proteger a Felipe VI, pero no fue así.

El tercio podemita del Gobierno, al mando del cual estaba Pablo Iglesias como vicepresidente, pedía sangre. Las investigaciones de la Fiscalía suiza por el posible cobro de comisiones por el AVE a la Meca destaparon que don Juan Carlos cobró 100 millones de euros de Arabia Saudí, que luego entregó a Larsen. Aunque ni siquiera el fiscal Bertossa investigaba al emérito, sino que apuntaba a su amiga íntima, la jauría dictó sentencia de culpabilidad.

La presión fue enorme y los podemitas vieron el cielo abierto para reclamar la tercera república. Entonces Sánchez, en uno de sus movimientos tácticos, decidió optar por una solución salomónica: cargar contra don Juan Carlos, pero, al mismo tiempo, defender públicamente a Felipe VI.

Sin embargo, mientras que la abdicación de don Juan Carlos (con su crédito ya muy afectado por la cacería de Botsuana) fue una operación de Estado, en la que participaron, además de su hijo, entonces todavía príncipe, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, la decisión sobre la marcha del emérito se cocinó en Moncloa y se concibió no como una manera de consolidar la Corona, sino de ensalzar la figura del presidente.

El exceso en el escarnio, el empecinamiento en que don Juan Carlos se pudriera en Abu Dabi, ha producido el efecto contrario al deseado: muchos ciudadanos siguen viendo en él al protagonista de la Transición. Sánchez, torpemente, lo ha convertido en un icono de la derecha

Mientras la mayoría de los medios freían a don Juan Carlos con informaciones sobre sus correrías, Pedro Sánchez aparecía como la tabla de salvación para su hijo, haciendo frente, incluso, a las presiones de sus socios, que reclamaban un castigo ejemplar aun antes de que la Justicia hubiera dicho una palabra sobre los negocios opacos del padre del Rey.

Casi dos años después de su marcha (que Podemos calificó como «huida» en un intento de equiparar la salida de don Juan Carlos con la de su abuelo Alfonso XIII), no hay ninguna razón para que el emérito no pueda venir a España e incluso para que fije aquí su residencia. El pacto que se selló en junio de 2014 para la abdicación incluyó la aprobación del decreto 470/2014 que establece para don Juan Carlos el mantenimiento vitalicio, aunque con carácter honorífico, de su título de Rey. Don Juan Carlos y doña Sofía siguen siendo parte de la Familia Real. El decreto justifica este tratamiento especial como «una forma de plasmar la gratitud por décadas de servicio a España y los españoles». Sánchez no ha dado ninguna señal de querer suprimir este decreto.

Es decir, que al mismo tiempo que a don Juan Carlos se le reconoce el título de Rey, el Gobierno hace todo lo posible para que no vuelva a España. Absurdo. En los últimos días y de manera oficial Moncloa ha trasladado a Zarzuela la responsabilidad sobre la venida a España del emérito.

En dos años no sólo se ha archivado la causa por posible cobro de comisiones y blanqueo, sino que don Juan Carlos ha pactado con Hacienda el pago de sus impuestos por el dinero no declarado que tenía en cuentas en el extranjero. ¿Es esto ejemplar? No. Pero el emérito, como cualquier otro ciudadano que haya regularizado su situación ante el Fisco, tiene pleno derecho a venir y moverse por España cuando quiera.

El exceso en el escarnio, del que el Gobierno no ha sido ajeno, ha producido el efecto contrario al deseado. Muchos españoles consideran que lo que hizo el Rey don Juan Carlos por España tiene mucho más peso que sus pillerías mundanas.

Lo que ha hecho Sánchez, aunque la salida de don Juan Carlos se planificó exclusivamente como una forma de reducir la capacidad de maniobra de Zarzuela, ya muy limitada por la Constitución, es situar a don Juan Carlos como una figura corrupta que sólo es capaz de defender la derecha.

Algunos amigos de don Juan Carlos le insistieron en los últimos meses en que viniera a España no sólo porque tenía derecho a ello, sino porque «el pueblo está con él». A la luz de lo que hemos visto en las últimas 48 horas podemos afirmar que tenían razón.